Ricardo “Kolyno” Jara comenzó una huelga de hambre en reclamo de libertad - El Territorio Misiones

Ricardo “Kolyno” Jara comenzó una huelga de hambre en reclamo de libertad

Lunes 14 de septiembre de 2020 | 13:26hs.
Jara fue condenado a perpetua en 2010 y en diciembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia anuló dicha sentencia. | Foto: Archivo/El Territorio.
Con una carta dirigida al presidente del Tribunal Penal Uno de Posadas, Eduardo D’Orsaneo, el condenado a prisión perpetua por la muerte de Ersélide Dávalos (79), Ricardo Omar “Kolyno” Jara (40), anunció que desde hoy, y por tiempo indeterminado, hará una huelga en la Unidad Penal 1 de Loreto donde está alojado desde hace más de una década.

Es la forma que encontró para alinearse al pedido de libertad que días atrás hizo su familia teniendo en cuenta la anulación del fallo condenatorio y consecuente absolución de sus consortes de causa, Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en diciembre último. 

En la misiva de dos carillas (ver aquí y aquí) Jara explicó al magistrado posadeño que lleva “preso 17 años” pero “la condena aplicada por el Tribunal fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por ello debería estar en libertad de la misma manera que liberaron a mis dos consortes de causa”.

“El 27 de agosto el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) liberó un oficio dirigido al Tribunal 1 ordenando mi libertad con la excarcelación extraordinaria y considero que no es justo que me liberen con una excarcelación porque quedaría supeditado a la causa y la máxima autoridad de la Nación anuló definitivamente la sentencia”, expuso en el escrito.

Jara añadió finalmente que “por toda esa arbitrariedad en mi contra, el día de la fecha (14 de septiembre de 2020) me declaro en huelga de hambre por tiempo indeterminado hasta obtener mi libertad definitiva”.

Perpetua, anulada
Al igual que Vázquez y Rojas, Jara fue condenado a la pena de prisión perpetua por el crimen de Dávalos, cometido el 27 de julio de 2001.
Fue en mayo de 2010 cuando los jueces subrogantes del Tribunal Penal Uno de Posadas, Marcela Leiva, Fernando Luis Verón y Selva Raquel Zuetta, fallaron consecuente con el pedido de la por entonces fiscal Liliana Mabel Picazo. 

La defensa de los condenados reclamó la absolución al advertir que no había pruebas físicas que conectaran a los acusados ni con la víctima ni con la escena del crimen. 

En el caso particular de Jara, uno de los elementos utilizados en su contra fue una declaración que lo ubica vendiendo joyas que habían sido reconocidos por la hija de Dávalos como algunos de los objetos sustraídos de la casa de su madre después del crimen.

Sus familiares aseguraron que “jamás tuvo esas joyas” y criticaron que “nunca volvieron a llamar al testigo que habló de las joyas para que declare. La defensora lo pidió, pero ese testigo desapareció, nunca le buscaron tampoco y en el juicio dijeron que ya no era momento. Esa fue la única parte de la que se prendieron. En la escena había cabello, colillas de cigarrillo y nada de eso pertenecía a ninguna de las tres personas. Es decir, no hay nada contra ninguno de ellos”.

En diciembre de 2016 el STJ confirmó la condena. Los jueces que se abocaron al análisis de la misma y emitieron su veredicto fueron los subrogantes Francisco Aguirre, Amalia Lilia Avendaño, José Pablo Rivero, María Luisa Avelli de Lojko, Luis Alberto Diblasi, Cecilia Wdoviak de Guirland, Martín Roque Pancallo D’ Agostino, Ernesto César Cabral y Silvia Molinolo de Panza.

Este año, posterior a la absolución de Vázquez y Rojas teniendo en cuenta la anulación de la sentencia pero que la Corte Suprema no refirió a la situación de Jara porque su ex abogado no acompañó el planteo hecho por las mujeres, la abogada Rosa Basila (quien lo había defendido en el juicio) asumió otra vez su defensa y presentó un pedido de excarcelación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que le fue otorgado pero teniéndolo supeditado a la causa. 

Jara rechaza tal condición basándose en la nulidad de la sentencia dictaminada por las máximas autoridades judiciales del país.

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