Policías que tenían un “kiosco” de armas incautadas seguirán detenidos
lunes 20 de julio de 2020 | 0:00hs.
Policiales
Por Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar
Los efectivos policiales, identificados como Diosnel Sebastián Vega (41), Marcelino Segundo Sanabria (42) -sargento ayudante y sargento, respectivamente - fueron detenidos en marzo del año pasado, en medio de allanamientos a sus domicilios, a los Juzgados de Instrucción I y II y del Tribunal Oral Penal de la localidad de Eldorado.
Vega y Sanabria eran los encargados de custodiar los elementos secuestrados en procesos judiciales, pero lejos de cumplir con sus deberes buscaron sacar un rédito económico de esa posición y robaron al menos 38 armas. Llamaban a los depósitos “kioscos” e incluso Vega fue apodado como “kiosquero”.
Hay un tercer hombre implicado, identificado como Oscar Alberto Ríos (48), ex convicto condenado por homicidio y ligado siempre al mundo del hampa, además de la pareja de éste, quien sigue el proceso en libertad. “Beito”, como se conoce a Ríos, era el encargado de depositar el armamento en el mercado negro, sobre todo gracias a sus contactos en la frontera seca con Brasil, ya que es oriundo de Bernardo de Irigoyen.
En su casa se incautaron muchísimas armas, piezas y municiones, algunas ocultas en un vehículo que utilizaba. Había elementos para falsificar billetes, dólares y mil pesos truchos, además de motocicletas de alta gama que habían sido robadas en el vecino país y papeles afines a la comercialización de vehículos.
“Conseguimos algo para vos, pero apurate”
Según la investigación, Beito y los dos policías empezaron a realizar la maniobra delictiva desde diciembre del 2018, y lo hicieron de forma sistemática hasta el día en que fueron detenidos.
Uno de esos hechos ocurrió un miércoles de enero del 2019. Los investigadores captaron entonces una comunicación telefónica en la que Beito Ríos le dijo a Vega que iba ir “hasta el kiosco” de Sanabria y éste le respondió: “Algo conseguimos para vos, pero metele, vení porque esto hay que sacar hoy.”
Entonces el civil se subió a su camioneta y se dirigió hasta el edificio donde se encuentran los juzgados locales. Allí ingresó por la parte trasera -calle Malvinas- y permaneció un momento hasta que se retiró rápidamente. El seguimiento de esta secuencia figura en un informe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que
intervino en la investigación.
Entonces el civil se subió a su camioneta y se dirigió hasta el edificio donde se encuentran los juzgados locales. Allí ingresó por la parte trasera -calle Malvinas- y permaneció un momento hasta que se retiró rápidamente. El seguimiento de esta secuencia figura en un informe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que
intervino en la investigación.
Las conversaciones que figuran en las escuchas también registraron que los dos efectivos habían hablado la noche anterior. Entonces Sanabria le contó a Vega que iba a estar de guardia 24 horas y el último le pidió que le mande una foto de lo que, se cree, sería un arma.
La investigación sobre la organización la inició la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quien dio intervención a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien puso en su mira a Ríos como el integrante de una banda narco que movía por tierra drogas que ingresaban desde Paraguay. No se recabaron suficientes elementos para acusarlos de narcotráfico, pero luego de que el juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, tomó el caso y ordenó las escuchas salieron a la luz las negociaciones por armas que señalaron a los policías.
Recursos
Según la documentación a la que accedió El Territorio, la cámara alta resolvió “declarar desistido” el recurso de apelación de los efectivos debido a que su defensa no lo presentó a término. Sin embargo atendió los planteos del defensor oficial que representa a los civiles y, entre otras, consideró que la venta y acopio de armas es competencia de la Justicia ordinaria.
“Beito” Ríos está acusado como coautor penalmente responsable de los delitos de expendio y/o puesta en circulación de moneda –nacional y extranjera- falsa; posesión de elementos destinados a cometer falsificaciones; acopio y venta ilegal de armas de fuego sin la debida autorización legal agravada por realizarlo de un modo habitual, asociación ilícita; confabulación y encubrimiento de contrabando de importación agravado.
Su defensa consideró oportunamente que el procesamiento dispuesto por el juez Miguel Ángel Guerrero, magistrado que lleva adelante la investigación, está viciado y que se conjeturó sobre diálogos transcritos con conclusiones pre elaboradas. Además dijo que “no se avizora sustento probatorio suficiente y eficiente para acreditar con grado de probabilidad la responsabilidad de su asistido”.
En el mismo sentido se había expresado respecto a Yeni Cañiza, originaria de Paraguay, quien está acusada de expendio y/o puesta en circulación de moneda extranjera falsa y tenencia ilegal de armas de fuego.
Sobre la competencia -también planteada en el recurso estéril de los efectivos policiales-, el Tribunal corrió vista las actuaciones al fiscal general Rubén Ángel Gonzalez Glaria, quien citó jurisprudencia y señaló que los imputados son investigados por varios delitos y que debido a que todos tiene relación entre sí es conveniente que se siga investigando en fuero de excepción.
Es decir, se ratificó al juez Guerrero al frente de la causa.
De esta forma los tres implicados seguirán tras las rejas, como reafirmación de que la impunidad con la que creían que contaban, basados tal vez en sus relaciones y su cercanía con actores de la Justicia local, no era tal.
Misteriosa maniobra narco con policías de la Bonaerense
El hecho fue publicado por El Territorio a principios de este año, luego de una investigación de varios meses.
Ríos admitió esa operación en su audiencia indagatoria, detallando que Vega “le había preguntado si tenía alguna camioneta porque habían venido policías de Buenos Aires y tenían que llevar lo secuestrado a esa provincia ya que estaban ‘haciendo un trabajo con autorización del juez’ y ‘tenían que llevar la droga a un Juzgado a Buenos Aires’”, según se detalla en el dictamen de prisión preventiva.
Al final no consiguieron el coche que se necesitaba, pero toda la maniobra quedó confirmada cuando los efectivos de la Bonaerense fueron detenidos en Colonia Mado por Gendarmería Nacional el 30 de enero: de noche cargaban bultos de marihuana en tres camionetas.
Después de momentos de tensión los policías presentaron una orden de allanamiento del Juzgado de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, pero el punto señalado estaba a 18 kilómetros del lugar.
La situación levantó muchas suspicacias en todos los intervinientes, pero aún no hay claridad sobre el procedimiento.
Se decidió que se hagan dos actuaciones, por lo cual los bonaerenses incautaron sólo lo que habían cargado y los efectivos federales secuestraron lo que estaba en la vegetación. Incluso esto último fue promocionado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la ministra Patricia Bullrich en partes de prensa y redes sociales. Obviaron, claro, varios detalles, ya que se dijo que la marihuana estaba abandonada.
Los policías fueron demorados y, a pedido del juez González Charvay, su par Guerrero, le tomó declaración testimonial. “Quedaron muchas dudas sobre lo que dijeron”, describió una persona ligada al proceso.
La Cámara de Apelaciones de Posadas señaló al respecto “que sin perjuicio de que el procedimiento practicado en Mado arroja particulares aristas que fueron comunicadas al Juez Federal de Campana, lo concreto es que Vega y Ríos contaban con información anticipada sobre la presencia de los policías bonaerenses en nuestra provincia y, en función de ello, orientaron sus conductas a la búsqueda del medio de transporte que aquellos necesitaban”, calificando de suma gravedad los lazos de la organización con el narcotráfico.
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