Lula defiende la soberanía nacional de Brasil
Si existe una ‘América para los americanos’, también hay un ‘Brasil para los brasileños’. Esta expresión une y separa al mismo tiempo a ambos países como quedó demostrado esta semana, porque el concepto evoca un sentido de nacionalismo y protección de los distintos intereses.
La posición del presidente Donald Trump quedó claro desde el momento de la asunción presidencial en el Capitolio de Washington, aquel lunes 20 de enero de 2025. “Durante todos y cada uno de los días de la Administración Trump, pondré, sencillamente, a Estados Unidos en primer lugar”, fueron algunas de sus primeras palabras, para luego ampliar aquel concepto de ‘América para los americanos’: “Comenzaré inmediatamente la revisión de nuestro sistema comercial para proteger a los trabajadores y las familias estadounidenses. En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, habrá aranceles y gravámenes para los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos”. Era el anuncio de lo que vendría en materia de arancelamiento, conocido también como guerra comercial, que Trump comenzó el 2 de abril contra China y a nivel mundial y, ahora, a Brasil, que además de ser el segundo país más importante de Latinoamérica, es el primer socio comercial de Argentina.
Trump envió el 9 de julio una carta a Lula desde su propia red social Truth anunciando que impondría una tarifa del 50% a los productos brasileños que ingresen a los Estados Unidos. Pero la guerra comercial o esta sanción económica a Brasil esconde además la defensa que se está haciendo, desde el país del Tío Sam, a Jair Bolsonaro, que por el plan fallido de asesinar a Lula e intento de golpe de Estado, está siendo juzgado por el Supremo Tribunal Federal de ese país.
La respuesta no se hizo esperar, Lula advirtió de reciprocidad, es decir, que Brasil aplicaría aranceles equivalentes a los productos estadounidenses. Además, el presidente de Brasil lanzó duras críticas contra su par estadounidense y defendió la soberanía económica y política de su país. “No es un gringo quien le va a dar órdenes a este presidente de la República”, afirmó para luego criticar con dureza la alineación ideológica de su antecesor: “Bolsonaro se abraza a la bandera estadounidense. Que transfiera su título para allá y vuelva para allá, porque aquí, quien manda somos nosotros, los brasileños”, dejando en claro la postura económica-política, pero sobre todo que está dispuesto a priorizar las necesidades y el bienestar de los ciudadanos brasileños.
La clara defensa de la soberanía nacional, el desarrollo de la industria local y la búsqueda de un modelo económico que priorice los intereses del país y su población es conocido en el país como Lulismo o Consenso Brasileño, una vez más un modelo propio y en clara diferenciación de aquel recordado Consenso de Washington que tuviera preponderancia en décadas anteriores.
El Lulismo levanta la bandera de inclusión social y reducción de la desigualdad, para seguir sacando a millones de brasileños de la pobreza, como efectivamente lo hizo en su primer mandato.
Entre sus objetivos, apunta a un desarrollo industrial y soberanía tecnológica, sostiene una defensa de la industria nacional y busca la innovación y la sostenibilidad, definiendo áreas estratégicas para la inversión que impacten el desarrollo social y económico, mediante una clara política industrial.
En lo que va de la segunda gestión de Lula ya se anunciaron importantes inversiones, públicas como privadas, para impulsar cadenas agroindustriales sostenibles, la construcción, el sector automotriz, pulpa y papel, tecnología de la información y comunicación, acero, y salud. Por eso, la pelea de aranceles con Estados Unidos, dejó más que en evidencia que Lula está dispuesto a seguir defendiendo un modelo económico propio y a la industria nacional bajo el concepto de ‘Brasil para los brasileños’.
Las diferencias
Es decir, el Lulismo defiende un papel destacado y activo del Estado en la economía, ya sea a través de inversiones en infraestructura, apoyo a sectores estratégicos o la participación de empresas estatales.
De esta forma, Lula marca una clara diferencia con las posturas más liberales, como ocurre en la administración de Javier Milei.
El presidente argentino expresa abierta admiración al presidente Trump, pero al parecer no tiene similares aspiraciones u objetivos de defender desde la industria local como el enfoque dado en los Estados Unidos. Acá no está vigente el concepto ‘Argentina para los argentinos’. Otro país que dice admirar y tener presente Milei es Irlanda, que por ejemplo, utiliza las asociaciones público-privadas (APP) para desarrollar su infraestructura, especialmente en transporte (autopistas de peaje, ferrocarriles) y energía. Un modelo similar a las APP resultó en un gran fracaso durante la gestión de uno de los socios políticos de los libertarios, Mauricio Macri.
La particularidad es que entre los países que Milei dice admirar cita iniciativas privadas como motor de desarrollo y mantenimiento de infraestructuras clave, mientras libera recursos estatales para otras prioridades, cosa que no estaría ocurriendo en la Argentina si se tienen en cuenta los resultados adversos a partir de los datos actuales: cierre de más de 15.000 empresas, principalmente pymes, durante la gestión de Milei; cerraron 2.333 empresas, según la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que agrupa a sindicatos del sector. Datos que oscilan en más de 173.000 o incluso 380.000 trabajadores que perdieron su empleo en la gestión libertaria, con duro impacto en la industria manufacturera. Pasando por la apertura de importaciones, con ingresos por ejemplo de productos chinos que pone en jaque a la foresto industria en Corrientes y Misiones. En definitiva, provocando significativa caída de la actividad en el sector industrial, arrastrando a la economía a un proceso de recesión o depresión económica.
Consecuencias por la falta de inversión
La decisión del gobierno nacional de haber paralizado desde su asunción la continuidad o mantenimiento de las rutas nacionales, está llegando a su momento más extremo.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó al gobierno nacional por abandonar a su suerte a la ruta nacional 19, a la que calificó como “la ruta de la muerte”.
Santa Fe llegó al extremo de colocar carteles viales advirtiendo sobre el estado catastrófico de las rutas nacionales y recomendando a los conductores optar por vías provinciales. En Formosa recurrieron a la Justicia para reclamar por el mal estado de las rutas nacionales, como se anunció que accionará el gobierno de Río Negro y quejas de otras provincias como Salta, La Pampa, Buenos Aires, por las obras paralizadas. Además del problema de conectividad, preocupa la seguridad vial y el freno que representa un trazado en mal estado para el desarrollo económico.
Sobre el cierre de Vialidad
Esto ocurre además en un proceso de vaciamiento económico que fue realizando en todo este tiempo a Vialidad Nacional, sobre lo que la Nación había dispuesto la semana pasada su cierre definitivo, argumentando corrupción en la obra pública.
Este jueves se conoció que la Justicia suspendió por seis meses los efectos del decreto que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, dando lugar a una medida cautelar presentada por un gremio. Luego de conocerse ese fallo, Manuel Adorni, vocero presidencial, anticipó que el gobierno apelará la suspensión del decreto.
El Garrahan
Esta semana el Hospital Garrahan fue el epicentro de una fuerte protesta que se replicó en todo el país, en defensa de la salud pública, por los bajos salarios de profesionales de excelencia internacional y el vaciamiento del sistema de salud pública. La concentración principal se desarrolló en Buenos Aires desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo, pero con adhesión de trabajadores de salud y pacientes de diversas provincias, como sucedió también en varias ciudades de Misiones.
Preparativos para las elecciones
En materia electoral, continúan los preparativos e intentos de reacomodamientos de los distintos espacios políticos a tres meses de las elecciones legislativas nacionales, a celebrarse el domingo 26 de octubre. Están aquellos que ya definieron candidaturas a diputados nacionales, como el caso del Frente Renovador Neo, cuya lista es encabezada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Herrera Ahuad, pero también están aquellos sectores que tuvieron muy malos resultados en las urnas el pasado 8 de junio de 2025 en las elecciones provinciales en Misiones e intentan buscar refugio en otro espacio para evitar una similar derrota catastrófica.
Un episodio de esta semana evidenció un comportamiento en tal sentido. Fue durante la reunión de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior. Tras tomar contacto en Misiones con el senador Martin Goerling en un reciente encuentro en Iguazú, fueron invitados a exponer en dicha comisión el suboficial mayor retirado de la Policía de Misiones Ramón Oscar Amarilla -invitado a solicitud de la senadora Edith Terenzi-, y Germán Carlos Palavecino, a fin de informar sobre la situación procesal vinculada a un reclamo salarial, que luego derivó en el procesamiento y detención de Amarilla.
La novedad es que entre estos invitados y los senadores se encontraba allí sentado el actual diputado provincial Ariel “Pepe” Pianesi que en junio se presentó y no logró ser electo concejal, realizando una de sus peores elecciones. Desde ese espacio se presentó en junio como candidato a concejal de Posadas y obtuvo una catastrófica derrota por la lista del sublema Puede +, del Frente Unidos por el Futuro, conformado por la UCR, PRO, Coalición Cívica y sectores independientes. Ahora, al parecer, comenzó a coquetear con sectores cercanos al electo diputado provincial Amarilla, para intentar mejorar su performance electoral.
Es que el propio Palavecino reconoció que, a través del espacio de Amarilla, le llegaron ofertas de al menos siete espacios políticos de orden federal. Pero, así como intentan sumarse a ese espacio, también hay retiradas. Es el caso de Walter Ríos, diputado provincial electo y presidente del Partido por la Vida y los Valores, que rompió relaciones tras las elecciones con su principal candidato y electo diputado provincial Amarilla. Tras dar el portazo, Ríos reconoció que existió traición partidaria y otras maniobras poco transparentes, por lo que adelantó que está trabajando en la definición de candidatura para las elecciones de octubre.
En cuanto al candidato de la renovación, Herrera Ahuad, tiene la ventaja de haber recorrido una y otra vez la provincia, como lo está haciendo ahora y como hizo siendo gobernador que le valió amplio reconocimiento. Del mismo modo ahora salió a tomar contacto con los vecinos, con los emprendedores y asistiendo a diversos eventos desarrollados en Apóstoles y San José acompañando a los productores y asumiendo compromiso de gestión. También este fin de semana estuvo en Puerto Iguazú. En esos encuentros, con conocimiento técnico adquirido en la gestión, afirmó la necesidad de recuperar la plena vigencia del Inym. Al finalizar la semana recibió el pleno apoyo de militantes y dirigentes peronistas de toda la provincia.
Datos económicos de Misiones
Desde la Renovación destacan que Passalacqua y Herrera Ahuad, desde roles distintos, encarnan una gestión cercana a la gente, brindando protección social y cuidando el orden fiscal. Ello permitió conocer esta semana datos muy positivos que permitió a la provincia lograr en el primer semestre del año un superávit financiero del 9,7% sobre sus ingresos totales, que representa porcentaje superior a la Nación y la región.
Otro dato positivo: promedia el 13,9% de crecimiento real de ingresos surgidos de exportaciones en aumento que promedió un 40% por ventas regionales que le permite liderar en el NEA y una economía diversificada, ya que las manufacturas de origen agropecuario e industrial explican el 68% de las exportaciones de la provincia.
En materia de gestión, también esta semana Passalacqua siguió resolviendo cuestiones dominiales con 208 regularizaciones entregadas esta semana en San Javier, de las cuales 51 fueron títulos de propiedad otorgados a familias de once municipios. Se destacó que es una de las tantas políticas públicas que definen el modelo de un Estado presente, porque da tranquilidad y perspectiva de futuro a quienes cultivan la tierra en Misiones.