Diputados aprobaron la ley para habilitar la moratoria previsional a 800.000 trabajadores

La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva, con 134 votos a favor y 107 en contra a la ley que contempla una moratoria previsional que permitirá resolver la situación de unos 80.000 trabajadores y trabajadoras en edad de jubilarse, y que hoy no cuentan con el total de aportes realizados. La propuesta, presentada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y tenía media sanción desde el 30 de junio pasado.

La normativa establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008 inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. Asimismo, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Cada mes, los trabajadores en edad de jubilación que no cuentes con los aportes necesarios tendrán que pagar una cuota de la moratoria para poder comenzar a cobrar su prestación. La cuota se calculará como un porcentaje (basado en el componenteprevisional) sobre la remuneración mínima imponible y podrán comprar años hasta 2008. Los ingresos en concepto de cuota componen los recursosde aportes y contribuciones que se destinan a ANSES. 

La oposición, que rechazó el proyecto y emitió los votos en contra, argumento su postura en el alto costo fiscal y por cierta “inequidad” con quienes hicieron los 30 años de aportes, además cuestionó al Gobierno por no llevar adelante una reforma laboral que permita incorporar más trabajadores al sector formal para así robustecer el sistema.

Alejandro Cacace, referente del radicalismo de Evolución reconoció que con las moratorias se amplió la cobertura previsional, pero aclaró que esta herramienta generó dos problemas: el primero es de equidad, porque “no puede obtener lo mismo el que tiene todos los requisitos que quien no lo tiene”; y además se genera “un enorme problema de déficit fiscal”. “La realidad de fondo es un problema del mercado de trabajo que no se ha resuelto, que no fiscalizamos adecuadamente. Nuestro sistema jubilatorio pide 30 años de aportes cuando casi nadie puede cumplir esa condición”, explicó.