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Una misionera víctima de trata recibió una histórica compensación económica

Es en el marco del primer caso de trata con fines de explotación sexual dentro de la provincia donde se obtuvo una sentencia condenatoria. Además, es la primera vez que se logra una indemnización pecuniaria en concepto de reparación integral del daño

jueves 11 de agosto de 2022 | 20:11hs.
Una misionera víctima de trata recibió una histórica compensación económica
Foto: Gentileza
Foto: Gentileza

Una misionera oriunda de Colonia Oasis se convirtió en la primera víctima de trata en recibir una reparación económica por parte de la Justicia, luego de estar cautiva en un prostíbulo en La Banda, provincia de Santiago del Estero. Según se informó en el sitio Fiscales.gob ayer, a Unidad Ejecutiva del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas realizó un pago de 1.280.394.

El pago se hizo el último 26 de julio luego de un largo e histórico proceso judicial. En agosto de 2014, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó a José Luis Luna, el principal imputado, a cinco años de prisión. También le impuso una pena de tres años a Samuel Emiliano Calderón y Carlos Horacio Cancino Franco.

Los tres fueron señalados como los responsables de captar, trasladar y explotar sexualmente a la joven misionera durante enero de 2012. La investigación se concretó a partir de la denuncia de la propia joven, quien declaró que fue engañada por una falsa oferta laboral.

Nada era lo que parecía, una vez que llegó a suelo santiagueño fue obligada a prostituirse en el local nocturno “Negro el 20”. La misionera relató que una vez que llegó a la whiskería, donde fue golpeada, “no la dejaban ver ni el sol” y la controlaban todo el tiempo.

Dijo que fue violada cuatro o cinco veces entre cuatro personas del lugar, quienes le decían que la habían sometido “para que aprendiera porque ella estaba ahí para obedecer”. Además, detalló que en el prostíbulo había otras mujeres oriundas de la provincia de Santa Fe, “pero que no podían hablar”.

Gracias al pedido de la Fiscalía, y por sugerencia Protex, el Tribunal hizo lugar a que la joven misionera declarara en Cámara Gesell durante el juicio, en lo que se trató de una medida inédita en la provincia de Santiago del Estero.

En esa oportunidad, describió cómo la golpearon, la violaron y amenazaron. “Esto no hubiera sido lo mismo si la víctima hubiese declarado en el ámbito del Tribunal con todas las partes, ya que hubiese resultado más intimidante. Fue algo inédito en la región”, resaltaron desde la secretaría del Tribunal.

La representante del Ministerio Público destacó la contundencia y crudeza del testimonio de la víctima, resguardando su integridad y evitando la revictimización a través del de Cámara Gesell, mecanismo que fue utilizado por primera vez por una persona mayor de edad en la provincia.

Sin embargo, no fue sencillo lograr que se animara a declarar debido al miedo que le generaba enfrentarse a los tratantes durante el proceso.

Por ese motivo, la Fiscalía logró contactar con ella dos días antes, comprometiéndo a evitar el cruce entre ambas partes y ofreciéndole declarar con la compañía de un equipo especialmente preparado. En esa línea, la víctima fue provista de custodia durante su estadía en Santiago del Estero.

Derrotero judicial
En la condena el Tribunal no hizo lugar al planteo que había realizado la fiscal general Indiana Garzón junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para que se decomise el inmueble con el objetivo de reparar a la víctima. En la causa intervino también la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación que encabeza María del Carmen Chena.

No obstante, en noviembre de 2015 la Cámara Federal de Casación Penal reenvío el expediente al Tribunal para que se dicte un nuevo pronunciamiento. En esos términos, el 31 de octubre de 2016 se realizó una audiencia en el juicio de reenvío donde el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero -con una nueva conformación- resolvió destinar el inmueble para la asistencia directa de la víctima.

En ese sentido, el tribunal señaló que “no queda duda alguna, que el local ‘Negro el 20’ de propiedad del acusado Cancino Franco fue, precisamente, el inmueble que ha servido para cometer el delito referenciado y cuyo decomiso –tal como manda el digesto punitivo- debe ser aplicado a un destino especial –en el presente caso, a la asistencia de la víctima”.

Asimismo, en diciembre de 2016 la fiscal Garzón solicitó que se inicie el trámite de ejecución del decomiso del prostíbulo y para ello propuso que se dé inicio a una subasta pública, con el fin de que se fije una determinada suma de dinero para ser destinada a la víctima del caso. El monto que propuso la fiscalía fue determinado junto a la Dirección de Recupero de Activos y PROTEX.

En abril del año pasado el predio donde funcionaba “Negro el 20”, ubicado durante más de tres décadas sobre la ruta provincial 51, pasó a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El lugar está valuado en más de 26 millones de pesos y se intentó subastar en dos oportunidades sin éxito.

Por esta razón, solicitó al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas que se arbitren los medios necesarios para hacer efectiva la reparación económica en favor de la joven misiones de acuerdo al monto actualizado, conforme lo establece el artículo 7 del de la reglamentación del régimen del Fondo Fiduciario Público.

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