Gobernadores publican un documento sobre coparticipación dirigido a la Corte Suprema

Gobernadores de 17 provincias, entre ellos el misionero Oscar Herrera Ahuad, se reunieron anoche en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y allí acordaron presentar un documento dirigido a la Corte Suprema de Justicia, que en los próximos días deberá definir el conflicto por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, originado en 2020. Los mandatarios provinciales solicitaron ser aceptados como “amicus curiae” del máximo tribunal.

En el documento, entre otras cosas, se asegura que a la vista de los gobernadores "no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios".

Además se explica que estos 17 distritos perdieron cerca de 500.000 millones de pesos de ingresos y aseguran que "padece" la concentración "del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA".

Además del misionero, firmaron el documento Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Jorge Capitanich, gobernador de Chaco; Mariano Arcioni, gobernador de Chubut; Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos; Gildo Insfrán, gobernador de Formosa; Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa; Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja; Gustavo Sáenz, gobernador de Salta; Sergio Uñac, gobernador de San Juan; Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis; Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz; Omar Perotti, gobernador de Santa Fe; Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero; Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego; Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

A continuación el texto completo del documento que firmaron los gobernadores:

EL FEDERALISMO NO SE NEGOCIA

Los gobernadores y gobernadoras de las provincias argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden.

Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes.

No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes.

Cuando se sanciona la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional.

Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%.

Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan.

Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone.

¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo.

Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos.

Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos.