Nueva fecha para juicio por el homicidio de Hugo Wasyluk

Tras la inhibición de la fiscal Estela Salguero y la suspensión del debate cuyo inicio estaba previsto para hoy, el Tribunal Penal Uno de Oberá reprogramó para el 24 de noviembre el inicio del debate oral por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril de 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá.

Según fuentes judiciales, en la víspera las partes fueron notificadas de la postergación y de la nueva fecha de juicio que, en principio, se extendería durante siete jornadas. 

Tal como anticipó El Territorio en exclusiva, la suspensión por algunas semanas obedeció a un artilugio diseñado por el abogado posadeño Eduardo Paredes para excluir a Salguero, fiscal natural del Tribunal Penal Uno de Oberá.

Para ello, sobre el límite de la fecha permitida la abogada Cristina Salguero, sobrina de la fiscal, asumió como codefensora del ex sargento Pedro De Mattos, uno de los principales acusados por el brutal asesinato de Wasyluk.

En consecuencia, los fiscales de instrucción Myriam Silke y Elías Bys actuarán por subrogación en el debate oral. 

Por el hecho fueron imputados trece policías, aunque transcurrida una década varios fueron dados de baja y otros se acogieron al retiro. Actualmente, sólo quedan en actividad cinco de los trece.

El expediente 61.428/2015 está caratulado como “tortura seguida de muerte, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La principal acusación recae sobre Pedro De Mattos, Carlos Antonio Gómez y Ricardo Javier Rodríguez. 

Antonio Heijo y Wilson Ricardo González están acusados del delito de “omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Oportunamente, González también fue dado de baja.

Asimismo, Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Ariel Lentini, Andrea Rosana Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y el médico policial José Orlando Morales fueron imputados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.