Pidieron un inventario antes de la devolución de autopartes

Un año después de la nulidad decretada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia en la causa abierta tras el allanamiento de un desarmadero de San Vicente, ayer se inició la restitución de los bienes a su propietario, Juan Carlos Losarcos, quien llegó a permanecer  catorce meses detenido con prisión preventiva.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, el procedimiento de entrega de bienes comenzó cerca de las 9 de la mañana, cuando una comisión policial fue hasta el depósito donde se guardaron las autopartes incautadas en compañía de testigos y del propietario -y damnificado- de los elementos.

Sin embargo, las fuentes indicaron que el procedimiento de ayer sólo consistió en la apertura del lugar y en la constatación de los elementos, dado que ante la sospecha de que faltaría una gran parte de lo incautado, ahora se solicitó que se realice una pericia.

En detalle, lo que se pidió realizar es un inventario de los elementos que se pretenden devolver para luego cotejar esos datos con el listado de objetos que en su momento fueron secuestrados en el marco de una investigación contra desarmaderos ilegales.

“El galpón original tenía 8.000 metros cuadrados de extensión, mientras que el depósito actual es de 1.800 metros cuadrados”, señaló una fuente como para graficar la magnitud de lo que se había incautado y lo que se encontró ahora.

Voceros consultados añadieron que a simple vista se habría constatado el faltante de vehículos, camiones, al menos una lancha, motores y cajas completas, pero todo se determinará con mayor exactitud una vez que se realice el inventario solicitado.

Mientras tanto, el depósito continuará cerrado, bajo candado y con custodia policial.

Megaoperativo

El allanamiento del desarmadero de Losarcos se realizó en 2017 en el marco de una serie de procedimientos ordenados por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, y el propietario del lugar junto a algunos empleados permanecieron catorce meses detenidos bajo una acusación de asociación ilícita.

Los operativos hasta fueron destacados y anunciados mediáticamente por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación en ese momento, pero tiempo después el STJ dio lugar a un recurso defensivo y decretó “nulo de nulidad absoluta” el proceso penal por irregularidades que constituyeron una violación de las garantías constitucionales.

“Encontramos cajas repletas de autopartes listas para el envío a diferentes puntos de Argentina, Brasil y Paraguay. Luchamos contra estas organizaciones de la cual se nutren cientos de locales comerciales que venden las piezas, sabemos que detrás de este negocio muchas veces hay hechos de sangre en el robo de vehículos”, había señalado en aquel entonces Bullrich. Tiempo después, la causa se cayó por completo.

En cifras
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Meses permaneció detenido con prisión preventiva el propietario del taller, hasta que el STJ anuló la causa iniciada tras los allanamientos de 2017.