Amplían controles a los formadores de precios

Diversas organizaciones sociales como ocurre en Misiones, resolvieron salir a controlar el cumplimiento de los precios cuidados y la calidad del producto exhibido en góndolas, como el acuerdo de la carne en supermercados e hipermercados de todo el país. Unos 20 mil voluntarios salieron a vigilar a los formadores de precios, al señalar que los grandes grupos económicos concentran tanto la producción como la distribución de los alimentos.

De hecho, en la víspera la Secretaría de Comercio Interior imputó a grandes empresas de consumo masivo por generar desabastecimiento.

Al mismo tiempo se conocieron los aumentos siderales en medicamentos, que -según informes- llegarían al 1.300%. Ayer, además, el Indec publicó las cifras que dan cuenta la valorización de la canasta básica alimentaria en el Gran Buenos Aires, lo que arrojó que durante enero de 2021, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a diciembre de 2020 fue de 4,6%, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 4,2%.

Sobre los controles

En cuanto a los controles de precios establecidos, desde Misiones Fabricio Tejerina, referente de Barrios de Pie recordó la posición adoptada. En cuanto a la convocatoria del gobierno a las organizaciones sociales a controlar los precios, añadieron tres puntos. En primer lugar, “nosotros, Barrios de Pie y Libres del Sur, no hemos sido convocados. Sólo se ha llamado a participar a las organizaciones oficialistas. Tal vez para que el control no sea demasiado estricto, que es lo que correspondería. Si no hay denuncias públicas donde los grandes supermercados no cumplen, no sirve”.

En ese sentido, las organizaciones sociales que no se sumaron a esta campaña de control de precios, entienden que los controles de sus pares pueden ser oportunos, pero indican que es el gobierno nacional el que debe ponerse firme en el cumplimiento de lo acordado.

Añade en segundo lugar, que es correcto que la ciudadanía colabore en el control de precios, pero que “eso no reemplaza el rol del Estado frente a los sectores de poder económico que lo violentan sistemáticamente. Ya sea trasladando precios internacionales (soja, maíz, trigo, carne) a los internos, como también con los formadores de precios (industriales y comerciales, particularmente las grandes cadenas de supermercados) aprovechándose de su control del mercado para garantizarse enormes ganancias”.

En tercer lugar sostienen que “con un Estado débil, producto de falta de voluntad del gobierno de ponerse firme frente al poder económico, no hay control popular que resuelva el problema y la inflación seguirá golpeando los bolsillos populares”.

Los que están verificando

Quienes sí consideraron oportuno salir a verificar desde las organizaciones sociales los precios, dieron a conocer la labor que desarrollan. Es el caso del diputado del Partido Agrario y Social Martín Sereno, quien a su vez es dirigente social del Movimiento Evita, que es una de las organizaciones que salió a relevar los precios.  “Lo que hacemos es mostrar a los consumidores las herramientas que tienen para controlar los precios”, sostuvo a El Territorio. “Verificamos los precios, como cualquier ciudadano, y de observar irregularidades, notificamos a las autoridades”, en referencia a la responsabilidad que le cabe a la Secretaría de Comercio Interior.

Detalló que al salir observan tanto la existencia de los productos - para evitar que las góndolas estén vacías-, como también la calidad de algunos de ellos, como la carne que en el plan nacional se había denunciado por exceso de grasas. Explicó que en el caso de Posadas habían arrancado con los controles en el Hiper Libertad y seguirán con aquellos comercios adheridos a los planes nacionales. Además -manifestó Sereno-, brindan algunos folletos sobre cómo actuar e incluso se les habla a los ciudadanos sobre otros planes lanzados por el Estado.

Sanciones a empresas

En tanto, la Secretaría de Comercio Interior imputó ayer a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

“Las imputaciones se realizaron luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”, informó Comercio Interior en un comunicado. La resolución referida es la que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos. Tiene como finalidad “proteger a los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”.

La semana pasada, inspectores de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de los Consumidores, realizaron 174 inspecciones que dieron como resultado 22 clausuras preventivas por incumplimiento de Precios Máximos. 

Canasta cada vez más cara
El Indec informó ayer los números de la Canasta Básica Alimentaria de enero 2021, medida en el Gran Buenos Aires. Se indica que aumentó un 4,6%, es decir, un grupo familiar de dos adultos y dos menores necesitó ingresos por $23.722 para no caer en indigencia. A nivel interanual, la canasta subió 44%. Asimismo, la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, aumentó 4,2% en enero,  por lo que el grupo familiar necesitó $56.459 para no caer bajo la línea de pobreza.

Nota relacinada

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Por Antonio Villalba y Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar