La Cámara Inmobiliaria insta a no prorrogar el DNU 320/20
La pandemia de coronavirus propuso un escenario inesperado y atípico en el mercado inmobiliario. Cómo fue el balance del 2020 y cuáles son las proyecciones del 2021 para la actividad, según los referentes de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM) que destacan que han cerrado un año atípico y abren otro con similares características. Y fueron consultados ante la posibilidad de prórroga del congelamiento de los alquileres.
La situación del mercado inmobiliario en los últimos 8 meses no ha sido diferente al de muchas otras actividades con la presencia mundial de COVID 19, por lo que la actividad se ha tenido que reinventar en muchos aspectos para poder continuar. El 20 de marzo 2020 con un necesario aislamiento total obligatorio decretado por el ejecutivo nacional dejaron cerradas sus oficinas, al principio hasta con dificultades para imaginar que los tiempos que requería la salud pública iban a ser tan extensos.
Reinventarse
En ese mismo contexto el día 29 de marzo, el gobierno estableció el DNU 320/20 que dispone la prohibición de desalojos por falta de pago, el congelamiento de los alquileres, la prórroga automática de los mismos, etc. Con vigencia hasta el 30 de septiembre. “Debimos adaptarnos al home office, aggiornándonos con las diferentes herramientas para trabajar y estar en contacto con nuestros clientes. Ese decreto tuvo un apoyo general del sector inmobiliario, al igual que de los propietarios que supieron comprender el principio del esfuerzo compartido, priorizando la salud pública”, comenzó explicando Julia Acosta Azoya, presidente de la CIM.
A partir del 27 de abril los profesionales liberales pudimos empezar a trabajar en nuestras oficinas con los debidos protocolos sanitarios, gracias a la perspectiva del gobierno provincial con respecto a la evolución de la pandemia en la provincia.
Los primeros meses de cobranza de alquileres durante el aislamiento tuvieron un alto cumplimiento de todos los inquilinos de viviendas, aproximadamente el 85%.
“Claramente los más castigados fueron quienes alquilaban un local comercial, pero gracias al acompañamiento de los propietarios y la tarea de los corredores inmobiliarios quienes fuimos una pieza fundamental al momento de las negociaciones, logramos que se llegue a un consenso donde hubo descuentos para algunos, financiación para otros, pero sobre todo hubo comprensión que de esta situación nadie sale solo”, agregó.
A medida que avanzaba la emergencia sanitaria el cumplimento en cuanto a porcentajes se mantuvo estable durante los meses subsiguientes.
Necesidad de actualización
A fines de septiembre fue prorrogado el DNU 320/20 por el ejecutivo nacional hasta el próximo 31 de enero, con lo que se empezó a quebrantar el principio de esfuerzo compartido, “siempre esperamos que los gobernantes tengan una visión integradora, que no se desaliente al inversor privado”. Hay que destacar, que, muchos de los locadores tienen hoy un inmueble en alquiler como un complemento a sus ingresos ya sean trabajadores activos o jubilados, estos también dependen de esos ingresos para cumplir con sus obligaciones. “Son a quienes la continuidad en el congelamiento de alquileres también los afecta, recordemos que muchos están cobrando un alquiler que no se actualiza desde octubre de 2019, cuando sabemos que hay una alta pérdida del poder adquisitivo de la moneda y a la par deben cumplir con el pago de sus obligaciones y compra de insumos”, reflexionó Azoya.
La Cámara Inmobiliaria entiende que la realidad de las distintas provincias es diferente a la de Buenos Aires, “por lo que estas medidas que intervienen en el mercado inmobiliario debieran tomarse a nivel provincial, teniendo en cuenta el contexto de cada jurisdicción, puesto que en Misiones las fases de la cuarentena se desarrollaron diferente que en la capital nacional y en otras provincias”.
Otro cambio importante en el 2020 fue la modificación de la ley de alquileres, a partir del 1 de julio entró en vigencia esta ley esperada por muchos inquilinos, y que “nosotros, como intermediarios, coincidimos en reglas generales, salvo en algunos puntos que consideramos debían dejarse a criterios de las partes”.
Desde el sector inmobiliario “pedimos a las autoridades que se creen políticas públicas que contemplen la posibilidad del acceso a la vivienda propia, de lo contrario se condena a muchos a quedar como eternos locatarios cuando en realidad sueñan con su casa propia”.
Los socios de la CIM en concordancia con las 24 instituciones miembros de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira) entienden que debe trabajarse “sobre el verdadero problema social, que es lograr que cada argentino acceda a una vivienda propia, facilitando el camino para ello con financiamientos accesibles y confiables, incentivos de construcción, facilidades para alentar la inversión, seguridad jurídica para no atemorizar al tenedor de capital, ampliación de la oferta de viviendas en alquiler que ayuden a bajar precio y ampliar el mercado”.
Es por ello que ante la cercanía de la finalización del DNU, solicitaron que se tengan en cuenta las realidades de todos los sectores involucrados y se atiendan todas las necesidades.
