“Fue un intento de homicidio porque le pusieron una bolsa en la cabeza”

Imposible ponerle palabras a la desesperación que sintió un menor de 15 años a manos de cuatro efectivos del Comando Radioeléctrico Centro de la Unidad Regional II de Oberá, quienes -según denunció la víctima- lo esposaron, golpearon, le apuntaron con un arma de fuego y le colocaron dos bolsas plásticas en la cabeza.

Primero le pusieron una y, con sus propios dientes ya que estaba esposado, logró romperla y pudo volver a respirar cuando estaba casi a punto del desmayo.

Pero eso no hizo más que envalentonar a los uniformados, quienes decidieron colocarle una segunda bolsa en la cabeza.

“Vamos a ver si ahora podés romper esta”, contó que le dijeron entre risas, tras lo cual continuaron golpeándolo. Incluso, por la gravedad de las lesiones no se descarta que lo hayan castigado con la culata de las pistolas.

El caso salió a la luz el martes por las páginas de El Territorio y ayer dos integrantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) llegaron a Oberá para entrevistarse con la víctima y su familia. Luego, acompañaron a la madre a ratificar la denuncia penal ante la fiscal de Instrucción Dos, Myriam Estela Silke.

Entre las medidas solicitadas por la fiscalía se dispuso que en las próximas horas el menor sea evaluado por un profesional del cuerpo médico forense. Además, la UR II deberá girar el detalle de las actuaciones del caso.

“Fue un intento de homicidio porque le pusieron una bolsa en la cabeza, es decir lo asfixiaron. Cuando logró romper la bolsa con los dientes para poder respirar, le volvieron a poner otra bolsa y le decían vamos a ver si ahora podés romper esta. La verdad que es lamentable”, indicó Francisco Souza, comisionado de la CPPT.

Detalles del horror

Souza estuvo acompañado por Amelia Rosa Báez, también comisionada, con el objetivo de impulsar la denuncia por hechos de tortura cometidos por funcionarios públicos, carátula que podría ampliarse si se incorpora la asfixia.

En tanto, si bien la acción penal estará a cargo del ministerio público, los padres del menor también podrán constituirse como querellantes.

En diálogo con este matutino, el funcionario recordó que “en este caso la madre acudió a la Policía para pedir ayuda, confió en la fuerza de seguridad porque el chico tiene un cuadro psiquiátrico y se fue de la casa. Pero terminó a las 6 de la mañana del otro día, yendo a buscar a su hijo a una comisaría donde lo encontró con la cara destruida”.

El último sábado, alrededor de las 20.30, la familia llamó a la Policía para tratar de dar con el paradero del menor, sin imaginar el desenlace del caso.

“Pudimos hablar con él y vimos que es un niño de 15 años que está muy dolorido y afectado por lo que le hicieron. Nos contó que lo detuvieron y comenzaron a propinarle golpes de puño dentro del patrullero, le apuntaron con un arma de fuego y en un momento empezó a sentir golpes más fuertes que los primeros, por lo que podría haber sido con la culata del arma. Lo obligaban a mirar para abajo y, bajo tortura, le pedían que cante el himno”, detalló Souza.

Luego comenzó un raid por la ciudad y diferentes comisarías, todo sin dar aviso a la familia.

En este punto el referente de la CPPT mencionó la posible implicancia de otros funcionarios que intervinieron en el caso, porque el menor fue revisado por un médico policial.

“Ahora se debe determinar qué dice ese certificado y si consta las lesiones que tiene, porque después lo ingresaron a la comisaría y su mamá lo retiró de ahí todo golpeado. Ese médico y los otros policías que lo vieron, no advirtieron el estado en que se hallaba el joven”, se preguntó.

Complicidades

Por ello, Souza hizo hincapié en la responsabilidad de los policías que agredieron al menor, como también en aquellos funcionarios que encubrieron las torturas.

“Hay que encontrar a los agresores porque él no los pudo identificar, pero sabemos que eran cuatro a bordo de un móvil perteneciente al Comando Radioeléctrico. Después hay otros funcionarios implicados, por acción u omisión, que son aquellos que lo vieron golpeado y no denunciaron el hecho; y si hay un médico implicado que certificó que el menor estaba en buenas condiciones, lo que sería muy grave”, remarcó el comisionado.

También generó suspicacias el accionar de efectivos de la UR II que el martes acudieron a la casa de la víctima, indicó Souza.

“Tenemos que ver para qué fueron y si fue para impedir que hagan la denuncia, porque en realidad no le recomendaron que hagan la denuncia en la fiscalía sino en la misma Policía. Entonces podría ser una técnica de amedrentamiento a la familia. Nosotros dimos cuenta de eso y la fiscal solicitará todas las actuaciones que se hicieron en la Unidad Regional”, explicó.

Y agregó: “Nuestra recomendación siempre es judicializar y no ir a la misma institución a la que se está denunciando, justamente para evitar la impunidad”.

En tanto, reconoció que este tipo de situaciones se dan en toda la provincia y muchas veces los damnificados tienen miedo de denunciar.

“Desde que se creó la comisión venimos viendo este tipo de hechos, y sobre todo con estas divisiones especiales como el Comando Radioeléctrico, Motorizada, el GIR (Grupo de Intervención Rápida), que son las que primero intervienen y muchas veces cometen apremios y torturas”, detalló.

El peor recuerdo

Por su parte, Báez opinó que el caso del menor obereño “es muy grave y debería haber una medida ejemplificadora”.

Asimismo, alertó sobre el accionar de médicos de la Policía que certifican que los detenidos se hallan en buenas condiciones de salud después de actos de tortura. “Eso también es impunidad”, remarcó.

“Las torturas que recibió este chico nos recuerdan a la dictadura y son hechos que se deben erradicar. Las fuerzas de seguridad son de la democracia y están para darnos protección. En este caso la mamá confió en la Policía y le entregaron a su hijo en pésimas condiciones. Incluso ahora se agravó su cuadro psiquiátrico”, lamentó la comisionada.

Por otra parte, ponderó la importancia de visibilizar estos hechos para alertar a la población.

“Es importante que estos hechos se hagan públicos y que los medios comprometidos se hagan eco de la cuestión, porque eso hace que otras víctimas y sus familiares pierdan el miedo y se contacten con nosotros. Por ejemplo, de esta forma nos enteramos de otros hechos que sucedieron en Oberá y los vamos a atender”, puntualizó.

Según los referentes de la CPPT, entre las prácticas ilegales desplegadas por la Policía en la provincia de Misiones persiste la asfixia con bolsa en la cabeza; el submarino -cuando introducen la cabeza del detenido en un tacho con agua- y la siniestra picana eléctrica, precisaron.

Pandemia y excesos
Así como el menor afectado recientemente padece un cuadro psiquiátrico, Francisco Souza indicó que muchas veces jóvenes con adicciones son objeto de maltratos y apremios.

“Hay miles de chicos en la provincia que están atravesando por situaciones complejas, como ser el consumo problemático, por lo que nos preguntamos si la única respuesta del Estado es la golpiza, la represión. Será que no hay otras instituciones para abordar el problema de las adicciones”, señaló.

También cuestionó la estrategia que muchas veces implementa la fuerza en función de atenuar sus responsabilidades.

“Después está la revictimización, es decir que aparecen causas como tentativa de hurto, una resistencia a la autoridad, un intento de fugo para justificar estos actos crueles, inhumanos y degradantes como el que vinimos a dar cuenta. Vemos muchas imputaciones añadidas para justificar el mal accionar de la Policía”, precisó.

En tanto, reconoció que las restricciones por la pandemia de Covid-19 derivaron en excesos de las fuerzas públicas.

“En Jardín América, por ejemplo, hicieron formar a varios detenidos frente a la comisaría y que canten el himno, exhibiendo a las personas, cosa que no corresponde. La verdad que es muy peligroso cuando se le otorga tanto poder a la Policía. Por eso cuando comenzó la pandemia tuvimos un gran incremento de denuncias, sobre todo por los primeros momentos de detención”, remarcó.