Empieza el juicio por los abusos a una hija y una nieta de María Ovando

María Ramona Ovando (44) se va a sentar nuevamente en el banquillo de los acusados. Como en 2012, serán los magistrados del Tribunal Penal de Eldorado quienes decidan otra vez si es culpable o inocente; como en 2012 será el fiscal Federico Rodríguez quien otra vez la señale en representación del Ministerio Público Fiscal y, también como hace ocho años, Roxana Rivas y Eduardo Paredes, esta vez acompañados de José Luis Fuentes, serán los encargados de defenderla.

En esta oportunidad Ovando está acusada por consentir abusos sexuales a una hija y una nieta tras una denuncia hecha en 2015, aunque la investigación no pudo determinar cuándo fueron esos ultrajes. Quienes están acusados de los delitos sexuales son Marcos Iván Laurindo (23), señalado como la pareja de Ovando cuando fueron detenidos, y Lucas Sebastián Ferreira (23), quien era amigo de ambos.

A diferencia de su antecedente en los estrados judiciales, cuando se determinó su absolución por la muerte de su hija de tres años, María Ovando llega el juicio en libertad. No así los dos jóvenes implicados que -según la defensa de la mujer- en este tiempo rechazaron varias veces admitir los delitos para la celebración de un juicio abreviado. Es decir, llevan cinco años con prisión preventiva.

El juicio no será como entonces, cuando la prensa de todo el país y los organismos de Derechos Humanos se abarrotaron en la sala de debates para presenciar el caso testigo de la criminalización de la pobreza en Argentina. Dado el tenor de los delitos que se investigan, los hechos no serán ventilados al público. Tampoco, por los protocolos sanitarios vigentes, no podrán estar más que los acusados y las partes en los momentos del juicio que podrían abrirse.

Sin embargo, como en 2012, todo la atención nuevamente estará puesta en lo que duren las cuatro jornadas, hasta el jueves 24. Según detallaron diferentes fuentes del proceso a El Territorio, va a ver veedores e incluso la Defensoría General de la Nación solicitó que todo sea transmitido online, algo que fue desestimado por el Tribunal por lo ya expuesto. De todas formas, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones arbitró los elementos para que todo el proceso sea filmado.

Nuevamente los organismos como el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género -del que forman la defensa de Ovando-, Asociación Pensamiento Penal e incluso el Ministerio de las Mujeres se han involucrado en el caso.

En la primera audiencia se leerá el auto de elevación a juicio y escucharán las declaraciones en Cámara Gesell de las víctimas, una prueba considerada clave en este tipo de investigaciones. Según la elevación a juicio a la que tuvo acceso El Territorio, las víctimas tenían entre 6 y 9 y 5 y 6 años cuando ocurrieron los hechos y fueron contundentes al señalar a los responsables y donde ocurrieron.

La causa fue investigada por las autoridades del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de la jueza Nuria Allou. La fiscal Bibiana María Alderice consideró en el requerimiento que la pareja de Ovando habría abusado de la nieta de la mujer -la mayor de las víctimas- en reiteradas ocasiones, mientras que manoseaba sistemáticamente a su hija. También se describe un caso de violación por parte del tercer acusado, en perjuicio de la mayor de las menores.

Sin embargo, desde la defensa de María señalan que los testimonios de las víctimas fueron inducidos y expresaron que la mayor de las niñas es “utilizada por el Poder Judicial y por la abuela de la víctimas”, en referencia a Vualda Godoy, la denunciante que tenía la custodia de las menores, aunque -aseguran- no está comprobado el vínculo parental.

Insisten en el hecho de que no está determinado cuándo fueron vulneradas las pequeñas,impulsando la hipótesis de que podrían haber ocurrido en el momento que estuvo detenida o cuando le sacaron la tenencia. “No hay ningún seguimiento de las niñas. Están en riesgo ya que una vez que empezó este proceso las perdieron de vista nuevamente” reclamó Rivas el viernes, en una conferencia virtual por Zoom.

Acusan que este proceso es la “revancha del Poder Judicial de Misiones”, luego de la absolución. Y que, al igual que en ese entonces, María Ovando está siendo juzgada por mujer y pobre. Es que además de determinarse que pasó dos años detenida por un delito del que finalmente salió inocente, también avanza una causa civil contra el Estado y los funcionarios judiciales que la investigaron.

Marcaron que fue hostigada y que la instrucción del caso avanzó al pulso de ese reclamo, como una especie de castigo. Tras ser absuelta “María naturalizó que debiera comparecer cada mes o cada dos semanas junto a sus hijos ante la jueza Margarita Potschka, quien no la notificaba por cédula u oficio sino le enviaba la Policía temprano a la mañana para ser llevados sin muchas explicaciones ante ella. También y sin ningún derecho ni facultad que le permitiera la llevaban ante los médicos del hospital local para que los controlara. Nunca observó en este tiempo ningún signo de abuso en las niñas”, señalaron sus abogados en un escrito.

Luego de eso vino una denuncia por malos tratos y abandono de persona y finalmente la grave acusación por la vulneración de las menores.

Lo cierto es que nada cambió mucho en su historia en estos últimos años. Sigue siendo pobre y analfabeta, con las secuelas de una vida de golpes y abusos. Sigue siendo la mujer que parió a 12 hijos sin la contención necesaria y sin que los padres de esas criaturas sean responsables, ni responsabilizados. Es aún aquella que trabajaba picando piedras, a pesar de sus embarazos.

Para la Justicia, María Ovando “tenía la obligación -no sólo moral, sino también legal- de actuar en defensa de la integridad sexual de su hija y nieta, a quienes debía contener y resguardar”. Nuevamente el Estado aparece solamente para acusarla de mala madre. Como en 2012.