La reacción de la Justicia

La sentencia que recibió Amado Boudou expone una actitud, de parte del Poder Judicial, con pocos antecedentes en la Argentina. La corrupción, enquistada en todos los ámbitos del Estado, hace años que se las arregla para esquivar castigos contundentes. Las denuncias van y vienen, pero su avance siempre estuvo ligado a los impulsos de la política.
Durante las gestiones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa hubo casos muy sensibles que llegaron a hacer tambalear sus gobiernos, como el Swiftgate (la lista en el menemismo podría ser más larga) y la investigación de sobornos en el Senado por la aprobación de la reforma laboral.
Pero los resultados nunca estuvieron a la altura de las circunstancias, ya que el círculo de protección que muchas veces formaron políticos y algunos jueces frustró las chances de tener condenas ejemplificadoras.
La Justicia ahora quiere mostrar otra impronta: es la primera vez que un vicepresidente resulta sancionado con prisión efectiva por un acto de cohecho cometido en su gestión. No termina ahí: también se castigó a un empresario, por buscar en el poder político una vía de escape a la quiebra de su empresa. Nada de esto era imaginable años atrás, aunque hay que señalar que en estas decisiones se percibe más el cambio de contexto histórico que un resurgir de la virtud judicial. Wikileaks y los Panama Papers hicieron que las sociedades revalorizaran la transparencia y permitieran contrastar en un marco ético los actos privados de sus gobernantes.
El Lava Jato fue mucho más contundente: demostró que con las reglas adecuadas (como la ley del arrepentido, que la Argentina adoptó) se pueden derribar los muros de silencio e impunidad. Es de esperar que este cambio de página se transforme en permanente.