La justicia en Misiones: el debate

El caso Nahir Galarza (21) se apoderó de la atención de todo el país desde el preciso momento en que decidió admitir que con el arma reglamentaria de su padre policía había asesinado de dos balazos a su novio Fernando Pastorizzo (20) en la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos, a fines de diciembre de 2017.
Pero, al margen de las particulares características que rodearon al hecho y que fueron condimento de horas y horas de debates en el prime time de la televisión argentina, en materia judicial el caso también dejó una marca.
El crimen fue descubierto durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando el cadáver de Pastorizzo fue hallado a un costado de la calle General Paz, entre Artigas y Pueyrredón, del barrio Tomás Rocamora.
Después de ello, en primera instancia Galarza declaró como testigo, pero poco después volvió a presentarse ante la Justicia y allí confesó que había cometido el asesinato de su novio, aunque su defensa trató de demostrar que los disparos había sido ejecutados de manera accidental.
Lo cierto es que desde el 2 de enero de 2018 la muchacha quedó privada de su libertad y para julio de ese mismo año ya tenía una sentencia en su contra. El Tribunal de Gualeguaychú encontró culpable a Galarza por el delito de “homicidio calificado por la relación de pareja” y resolvió condenarla a la pena de prisión perpetua, fallo que incluso en agosto último además fue confirmado por los magistrados de la Cámara de Casación Penal de Concordia.
La situación expone que en materia judicial el caso terminó por esclarecerse en debate oral y público apenas seis meses después de cometido el hecho, algo prácticamente impensado para los tiempos que se manejan en el ámbito de la Justicia Penal en Misiones, donde algunas causas llevan más de diez años esperando la instancia de juicio.
La gran diferencia que se observa en estos aspectos es lo que genera diversos cuestionamientos de parte de la sociedad misionera hacia el Poder Judicial. Encontrar y explicar el por qué de esta situación es lo que pretende poner en relieve este nuevo informe de domingo.

Puntos en debate
Para brindar un panorama amplio sobre el funcionamiento de la Justicia en Misiones, El Territorio se entrevistó con diversos especialistas en la materia y también con funcionarios de distintas dependencias judiciales, quienes reflexionaron con fuertes críticas pero también con elogios sobre determinados puntos de la actualidad del sistema en la provincia.
Muchos coinciden al indicar que lo que Misiones necesita para, fundamentalmente, agilizar los procesos es una reforma del Código Procesal Penal, algo en que Entre Ríos -por citarlo como ejemplo por el caso Nahir Galarza- ya ocurrió y lo hizo en forma gradual en sus distintas localidades.
El nuevo sistema de enjuiciamiento penal en Entre Ríos se instauró mediante la sanción de la ley 9754 y la primera jurisdicción en implementarla fue Concordia, que además incluyó a las jurisdicciones de Federal, Federación y Chajarí. Luego la siguieron Uruguay, Gualeguaychú y La Paz.
La última jurisdicción que implementó la reforma fue Paraná en septiembre de 2014 y a partir de ahí el nuevo código tomó vigencia en la totalidad del territorio entrerriano y los funcionarios que participaron del anuncio en ese momento destacaron que la medida daría mayor celeridad a las causas, disminuiría la burocracia en la tramitación de expedientes y prevalecerían dos características fundamentales: la eliminación de la potestad de investigar del juez de instrucción, otorgándosela al fiscal, y la oralidad del proceso en todas las instancias.
“Cuando hablamos de reformas hablamos de simplificar los trámites, los procesos, de hacerlos más de cara al pueblo y cuando hablo de eso hablo de la oralidad, no de expedientes herméticos, cerrados y por escritos, sino el juez, el fiscal y el defensor de cara a los interesados y al público en general pidiendo y resolviendo las cosas. Parte central de la reforma debe apuntar a que la ciudadanía pueda tomar conocimiento certero sobre los involucrados y cómo se definen sus causas”, reflexionó sobre ese punto el juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea (Buenos Aires) y además presidente de la Asociación Pensamiento Penal (APP), Mario Juliano, uno de los consultados para este informe.
Casi en el mismo sentido, a su vez, opinó Hugo Zapana, letrado con larga trayectoria penalista en Misiones y ahora además vice presidente del Colegio de Abogados de la provincia. “Si pretendemos una Justicia del siglo XXI, no podemos tener instituciones como el proceso inquisitivo o mixto, que son del siglo XVIII. Hasta que no tengamos un sistema acusatorio y un juicio por jurados, que es un mecanismo constitucional rápido y es una garantía para los justiciables de ser juzgados por sus pares, vamos a depender de las fechas que fijan los jueces”, señaló.
Las recientes detenciones del docente acusado de grooming en 25 de Mayo y del boxeador que baleó a un gomero en Posadas, ambos con accionares reincidentes, también puso en tapete y en debate social en la provincia la cuestión de las excarcelaciones.
Al respecto, las fuentes consultadas coincidieron al exponer que si bien cada caso es distinto, los magistrados actúan bajo un marco normativo del cual no pueden salirse. Ello significa que muchas veces los reclamos deberían apuntar a reformas integrales y que sean impulsadas desde lo más alto de la Justicia a nivel país.
“Es cierto que a la Justicia que por ahí más se le apunta o se le ataca es la Justicia penal, porque es la que está más a la luz. Y sale a luz cuando una persona cometió un delito y al otro día a lo mejor tuvo el beneficio de la excarcelación o la eximición de prisión y la comunidad se queja. Pero son normativas o directivas que están establecidas en los códigos de los cuales los jueces no pueden apartarse. Entendemos a la comunidad en sus reclamos y en ese sentido el Poder Judicial sigue instaurando políticas de trabajo para mejorar esto. Incluso, hay cuestiones que se deben resolver a nivel nacional y eso también las personas tienen que conocer”, fue una parte de lo expuesto por Carlos Fabián Oudin, secretario general de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar de Misiones, otro de los entrevistados.

De expedientes y juicios
En contrapartida a la causa Pastorizzo en Entre Ríos, en Misiones hay un caso que en cierta forma puede considerarse un paradigma de la lentitud judicial en la provincia.
Se trata del caso Silvia Andrea González, una estudiante de 15 años que fue asesinada en octubre de 2001 y debieron pasar más de trece años para arribar a instancia de juicio en el Tribunal Penal Uno de Oberá, aunque en medio de ello hubo un primer debate oral que fue suspendido.
En Posadas, en tanto, aún resta por esclarecerse en juicio la causa conocida como la “megaestafa”, escándalo que estalló en 2003 cuando se detectó que una red extraía dinero de los fondos judiciales con oficios truchos.
El expediente, que cuenta con más de 30 cuerpos, y tiene cinco imputados, entre ellas una ex magistrada sindicada como cabeza de la banda, está en el Tribunal Penal Dos y hubo intentos de concretar el juicio a fines de 2016, a mediados de 2017 y también durante este año, pero distintos recursos defensivos o imponderables siempre obligaron a reprogramar las fechas tentativas.
Otro caso cuyo juicio fue postergado en varias instancias es por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado en una celda de la seccional Primera de Oberá el 26 de abril de 2011.
Justamente, este año, al cumplirse el octavo aniversario del hecho, el Tribunal Penal Uno de Oberá recepcionó nuevamente el expediente remitido de parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ), órgano que rechazó todos los recursos planteados por las defensas de los trece policías imputados, y de esta forma se estima que el debate pueda llegar a concretarse antes de culminar el 2019.
El expediente 61428/2015 está caratulado como “tortura seguida de muerte, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Si bien son trece los efectivos imputados, incluido un médico policial, desde un primer momento los más comprometidos fueron el sargento Pedro De Mattos, el cabo Carlos Antonio Gómez y el agente Ricardo Javier Rodríguez, sobre quienes pesa la carátula de tortura seguida de muerte.
El asesinato de la menor Miriam Celeste Valiente (13) es otro grave hecho aún aguarda por esclarecerse en debate y justamente esta semana El Territorio publicó en exclusiva que el juicio ya tiene fecha programada: será el próximo 16 de octubre en el Tribunal Penal Uno de Posadas y se extenderá durante un total de seis jornadas.
El caso llega a instancia de juicio siete años después del hecho y los imputados son un tío y un vecino de la víctima, quien fue abusada sexualmente y luego asesinada el 5 de agosto de 2012 en cercanías al puerto de la localidad de Santa Ana.
En este contexto, también hay causas importantes que lograron resolverse dentro de parámetros “normales”, al decir de los especialistas. Un ejemplo de ello es el femicidio de María Belén Rivas (16), el cual se registró en 2017 y para mayo de este año el imputado ya había sido condenado a prisión perpetua mediante un acuerdo de juicio abreviado.
Dicha causa fue llevada adelante en el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú y el abreviado luego fue homologado por el Tribunal Penal Uno de Eldorado.
En el mismo tribunal recientemente se resolvió también la causa Mirian Cubas (16), estudiante asesinada a puñaladas en abril de 2015 en Puerto Piray.
Después de algunos idas y vueltas, el expediente llegó a instancia de juicio cuatro años después del hecho y los magistrados del tribunal terminaron decretando la culpabilidad de dos de los tres imputados.