Falencias y desafíos desde la óptica del Colegio de Abogados

El pasaje de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, la oralidad de los procesos, la digitalización, la instauración de oficinas judiciales que administren tareas y quiten burocracia de los juzgados, son algunas soluciones a instaurar para dinamizar el sistema judicial y evitar la justicia lenta, que por lenta muchas veces deja de ser justa.
“Si pretendemos una Justicia del siglo XXI no podemos tener instituciones como el proceso inquisitivo o mixto que son del siglo XVIII, ni tampoco tenemos por qué llamar nuestra excelencia o vuestra señoría a personas que son como nosotros pero que encima no pagan impuestos”, la postura crítica corresponde a Hugo Zapana, vicepresidente del Colegio de Abogados de la provincia.
“Hasta que no tengamos un sistema acusatorio - que también lo exige la Constitución-, y un juicio por jurados que es un mecanismo constitucional rápido y es una garantía para los justiciables de ser juzgados por sus pares, vamos a depender de las fechas que fijan los jueces”, consideró en entrevista con El Territorio.
En ese contexto, el letrado expuso que si bien no hay datos oficiales de estadísticas y “hay que recurrir a informantes que no quieren dar la identidad, los tribunales hacen 200 juicios por año, pero 199 son abreviados, es decir una vez en el año se juntan para dirimir una sentencia”.
“Tenemos un código de procedimiento de 1888, que sufrió un par de reformas, luego se hizo el Código Levene para el juicio oral, pero sigue todo igual, hasta que no cambiemos los engranajes para llegar a una sentencia absolutoria o condenatoria, vamos a seguir con este problema de la mora judicial”, profundizó.
Y añadió: “Nos echan la culpa a los abogados por los recursos que interponemos, pero verdaderamente nosotros, en la mayoría de los casos, tenemos que agotar la vía recursiva porque vemos que no se resuelve conforme a uno pretende”.
En relación al proceso de oralidad, señaló que se estaría por dar en el ámbito civil y laboral. “El Colegio de Abogados todavía no se expidió, vamos a hacer en los próximos días una reunión ampliada con todos los abogados interesados para luego emitir un documento dirigido al STJ con las críticas al sistema”.
“Hay mucha preocupación en los colegas sobre esta instrumentación respecto si es o no constitucional, un protocolo muchas veces no puede alterar una ley que es el código de procedimiento, habría que consensuar con los colegas”, dijo.

Necesidad de recambios
“Vemos con beneplácito el recambio, es un cambio de mentalidad, paradigmas y doctrinas, es gente joven que se viene preparando y que osan de nuestro respeto en tanto y en cuanto se manejen dentro de los límites de la ley, estamos expectantes que demuestren en los hechos que el gobierno no se equivocó al elegirlos”, opinó Zapana en relación a los tres jueces nuevos del Tribunal Penal Dos de Posadas.
Sin embargo, en relación al Tribunal Penal Uno calificó como una situación “lamentable”. Y expuso: “Hay tres jueces que están en condición de jubilarse, no sé cuál es el inconveniente pero no realizan juicios orales, suspenden juicios pactados, no fijan nuevas fechas de debate, es por eso que esperamos con ansias que se produzca el recambio”.
Por otra parte, advierte que en los juzgados de Instrucción hay un exceso en las prisiones preventivas. “No se respeta el estado de inocencia y se encarcelan preventivamente a personas que tendrían que estar en libertad. Entendemos que hay mucha virulencia en la sociedad, con muchas causas por violencia de género, pero no se puede abusar de la prisión preventiva, siempre hay alternativas a la prisión”.

Figura del querellante
“Hay voces disonantes, posiciones antagónicas con respecto a la figura del querellante, pero sostengo que hay desde hace más de 30 años una nueva ciencia que roza el derecho penal que es la victimología”, opinó Zapana.
“En el procedimiento penal, asignarle participación a la víctima o a sus derechohabientes, muchas veces se ha notado que las fiscalías por esta suerte de apropiación de parte de juez de instrucción de los procesos penales, los fiscales se sienten injustamente desplazados”, sostuvo.
En ese contexto, señaló que “acá al fiscal se le pasa cada tanto el expediente para que firme y cuando piden algo muchas veces se le rechaza, con los defensores oficiales sucede lo mismo, el problema radica que en la cabeza de la Procuración, tanto de la defensa como de la acusación está una sola persona y verdaderamente que un procurador de instrucciones a un fiscal y a un defensor oficial en una misma causa roza con el delito de prevaricar”.
“Venimos pidiendo que se modifique, en muchas provincias se ha instaurado el sistema acusatorio, el juicio por jurado, ahora le toca a la provincia”, enfatizó.

Más juzgados y capacitación
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de la provincia, Juan Manuel Fouce, reconoció en diálogo con este medio que la cantidad de juzgados repercute en forma directa el tiempo en los procesos judiciales.
“Tenemos una Justicia que funciona rápidamente respecto de la Justicia laboral, pero en lo civil la demora es producto de la necesidad de más juzgados”, dijo.
Para Fouce, en la provincia hacen falta más juzgados de familia, civiles, laborales, además de una Cámara en la cuarta circunscripción judicial.
Asimismo, mencionó que el Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (Siged) debiera ser aplicable en toda la provincia, es decir que la información la carguen todos los juzgados de la provincia y no sólo los de la ciudad de Posadas.
“Hay muchas cosas por mejorar, se requiere mayor celeridad en los procesos, y mayor capacitación de los funcionarios judiciales”, apuntó.
Por otra parte, sostuvo que es importante que haya mayor celeridad en los juzgados de primera instancia, “haciendo hincapié en los juzgados del interior de la provincia, también facilidad en la etapa probatoria, es decir mejorar la cantidad de peritos disponibles para el avance del proceso, y mayor capacitación del personal”, remarcó.
Por último, consideró que “habría que enmendar la Constitución y crear juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo para que esto no sea competencia original y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia, es decir que pueda pasar por una primera instancia porque colapsa los trámites dentro del STJ por la gran cantidad de causas”.