La Justicia avanza sobre la pista narco en la masacre de Monte
miércoles 05 de febrero de 2020 | 1:00hs.
La Justicia avanza sobre la pista narco en la masacre de Monte
La masacre de San Miguel del Monte en la que falleció el misionero Aníbal Suárez (22) y los menores Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13) avanza rápidamente en la Justicia bonaerense. Tanto es así que se espera que pueda ser elevada a juicio a fines de este mes o principios de marzo.
Ayer se supo que, en un oficio del 2 de febrero, el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi ordenó iniciar una nueva ronda de indagatorias para el personal de la Comisaría de Monte que estaba en la guardia el 20 de mayo cuando persiguieron a los tiros al grupo que se movilizaba en el Fiat 147 de Aníbal.
Según detalló el medio Info Monte, se trata de los policías Maia Valiente, Florencia Stanquevicius, Mario Mistretta, Evelyn Monleghey, Camila Galarza, Marisol Risso, Ariel Servia y Marcelo Idarreta. Las audiencias iban a empezar el lunes, pero se pospusieron por la falta del expediente.
Sin embargo la novedad más importante tiene que ver con el posible trasfondo narco de esa injustificada cacería. Es que el magistrado también ordenó que el fiscal Lisandro Damonte inicie una investigación en el marco de las hipótesis que involucran a los funcionarios con el tráfico de drogas.
Esta nueva medida surge a partir de varios testimonios que obran en el expediente de 20 cuerpos y que hacen referencia a una posible maniobra ilegal de los policías. Se trata de una línea investigativa que emergió desde un principio, a la que incluso hicieron referencia funcionarios del por entonces gobierno nacional.
“Esa es la hipótesis que más nos cierra, que los chicos vieron algo que no debía o que los policías pensaron que ellos vieron”, dijo a El Territorio Dora Azucena Berdez, abogada de la familia de Aníbal. Considera que se trata de un hecho difícil de probar, pero celebra que será investigado paralelamente a los homicidios.
Según detalló la letrada, está más que probado que el 147 que conducía el oriundo de Concepción de la Sierra estaba paseando por la localidad durante esa noche. Varias cámaras de seguridad lo registraron por todo el pueblo circulando a muy baja velocidad.
Sin embargo, el único lugar donde no hay cámaras es el barrio Montemar, punto donde - según se supo mediante el análisis de los teléfonos celulares - inició la persecución. Varias testimoniales expresaron que en ese lugar funcionaba un almacén de venta de estupefacientes y la sospecha es que lo hacían con la connivencia de los uniformados.
Lo cierto es que en ese barrio estaba el patrullero y también el comisario Julio Franco Micucci, que esa noche estaba de civil. Al dueño del almacén, que también tenía un bar donde se hacían show musicales, no se lo vio más por la localidad. El comercio, claro, se cerró.
En mayo del año pasado, pocos días después del crimen, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich informó que envió a los investigadores del caso elementos de prueba que demostrarían que detrás del hecho “hay otras aristas de gravedad” y “algo más complejo” que se debe investigar. Estos elementos referían justamente a que el misionero y los adolescentes podrían haber visto una transacción relacionada al narcotráfico, que involucra a los efectivos.
Es que hasta ahora nadie puede entender tanta violencia ante una situación tan cotidiana como la evasión de un control vial. Entonces el diario Clarín hizo referencia a unos audios atribuidos a efectivos locales después del accidente en los que se señala que los efectivos ofrecieron 100.000 pesos al dueño del camión involucrado para que no hable y otro que relata que policías habrían estado bajando droga en un comercio local.
Al respecto se supo que el subcomisario Julio Franco Micucci, a cargo del luctuoso operativo mortal del lunes, era investigado desde antes por su relación con la venta de estupefacientes al menudeo. Se lo acusa de dar protección a los narcos y de connivencia con delincuentes de San Miguel del Monte y Cañuelas.
Persecución y tiros contra el auto de Aníbal
Aníbal Suárez (22), misionero que vivía en San Miguel del Monte, manejaba su Fiat 147 junto a Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Rocío Quagliarello, ésta última única sobreviviente. En la madrugada del 20 de mayo, el móvil policial comenzó a seguirlos, por lo que el misionero tomó la colectora 9 de Julio. En los videos de seguridad que trascendieron se puede apreciar que al principio no circulaban a alta velocidad, pero a la altura del cruce de esa vía con la calle Nolasco López, el vehículo impactó contra el acoplado de un camión estacionado. El coche terminó literalmente partido al medio y luego se detectaron que tanto la carrocería como uno de las víctimas habían recibido impactos de bala.
Preventivas por homicidio agravado
Con prisión preventiva por homicidio agravado están detenidos por esta investigación el capitán Rubén Alberto García; los oficiales Manuel Monreal, Leonardo Daniel Ecilape y Mariano Alejandro Ibáñez. De acuerdo a las averiguaciones hechas hasta el momento estos cuatro policías son los que iban en los patrulleros que persiguieron y dispararon contra el Fiat 147.
Micucci; el oficial subinspector José Alfredo Domínguez; el oficial inspector José Manuel Durán; el teniente primero Héctor Enrique Ángel; y el ex subsecretario de Seguridad municipal y ex policía Claudio Ismael Martínez están procesados y detenidos por «encubrimiento agravado» y «falsedad ideológica».
A estos últimos se los acusa de limpiar la escena del crimen, ocultar pruebas y adulterar las actas de procedimiento para ocultar lo que verdaderamente ocurrió aquella madrugada.
Por su parte las oficiales subayudantes Melina Noelia Bianco y Nadia Genaro también están acusadas de encubrimiento y falsificación de actas pero la Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó que sean excarceladas.
También, se encuentran imputados los 3 peritos de la policía científica que arribaron a Monte para hacer la primeras pericias al vehículo, quienes no detectaron los orificios en la carrocería del 147 compatibles con impactos de bala.
En tanto, la ex Intendenta de Monte, Sandra Mayol, también está siendo investigada penalmente por su accionar aquel 20 de mayo del 2019.
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