El Gobierno interino de Bolivia busca negociar con los seguidores de Evo Morales

Lunes 18 de noviembre de 2019 | 07:30hs.
El Movimiento al Socialismo (MAS) exigió el "repliegue" de las Fuerzas Armadas como condición para conversar. Hubo 23 muertos durante la última semana.
El Gobierno interino de Bolivia llamó este domingo al diálogo a simpatizantes del expresidente Evo Morales. El objetivo es desactivar las protestas que dejaron al menos 23 muertos y más de 700 heridos, además de evitar el desabastecimiento de La Paz, luego de que los cocaleros de Cochabamba le dieran 48 horas a la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez para que renuncie.

El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, exigió el "repliegue" de las Fuerzas Armadas como condición para conversar. La convocatoria, anticipada por otros funcionarios, fue formalizada durante la tarde por la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga y alcanza a las autoridades del departamento de La Paz y de la ciudad de El Alto.

"Me es grato dirigirme a la valerosa ciudad de El Alto y en especial a sus personas representantes de los 14 distritos y las 20 provincias; el motivo de la presente es cordialmente participar en una mesa trabajo y diálogo conjunto para atender sus respectivas demandas en busca de poder llegar acuerdos que permitan pacificar", dijo al leer la carta de invitación, según la agencia de noticias estatal ABI.

"No queremos nosotros intervenir a la fuerza porque no vamos autorizar una intervención agresiva, vamos a esperar que se agoten los mecanismos de diálogo", agregó el ministro de Hidrocarburos, Víctor Zamora, en relación con el bloqueo a la planta de combustibles de Senkata, en El Alto, que ya comenzó a causar desabastecimiento en la capital.

Pero el MAS ya había advertido que no dialogará mientras el gobierno no saque a las Fuerzas Armadas de las calles. "Exigimos el repliegue; den condiciones para la paz, den condiciones para un diálogo sincero; no puede ser que mientras se está promoviendo el diálogo por un lado, por el otro se estén haciendo masacres con nuestra gente", afirmó la diputada Sonia Brito en conferencia de prensa, acompañada por otros legisladores.

El MAS convocó para el lunes "a todos los jefes de bancada (de las dos cámaras del parlamento) para trabajar, conversar, debatir sobre la coyuntura política", en "una clara muestra de que el MAS quiere pacificar este país", agregó la diputada Betty Yañíquez.

En tanto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sostuvo que este domingo había bajado a la mitad la "intensidad" del conflicto y advirtió que el Gobierno iniciará acciones legales contra legisladores del MAS que inciten a la violencia.

"Hay senadores y senadoras, y diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que están haciendo subversión; ya tengo listas, que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, diciendo que los obligan a esto o aquello; se los va a empezar a detener con órdenes del Ministerio Público; voy a armar un aparato especial de la Fiscalía, porque no podemos permitir que esto siga", precisó.

El conflicto con los cocaleros

El Gobierno interino evitó pronunciarse sobre el ultimátum que la región cochabambina de Chapare -donde surgió Morales como dirigente- dio el sábado por la noche para que Áñez renuncie a más tardar en 48 horas.

En Sacaba, durante el velatorio de cinco de las víctimas de las protestas, los cocaleros advirtieron que si Áñez no renuncia realizarán un bloqueo nacional de rutas por tiempo indefinido, según El Deber.

Paralelamente, otros grupos afines a Morales planean cercar completamente La Paz y El Alto mediante el bloqueo de sus accesos, e impedir su abastecimiento como forma de presión para lograr la renuncia de Áñez, según revelaron dirigentes no identificados al diario paceño Página Siete.

Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó que el polémico decreto que exime de responsabilidad penal a efectivos de las Fuerzas Armadas en relación con la represión de las protestas "de ninguna manera se transforma en una licencia para matar". "Es un elemento disuasivo, porque lo que pretende el Gobierno es sencillamente evitar la confrontación, lo que pretende es evitar que existan más muertes y, sobre todo, (pretende) que la paz social se restablezca en nuestro país", dijo Justiniano.

Ese decreto fue duramente cuestionado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reportó que las protestas iniciadas el 20 de octubre dejaron 23 muertos y 715 heridos.

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