Condenaron a tres penitenciarios por una requisa con varios heridos

miércoles 02 de octubre de 2019 | 4:00hs.
Condenaron a tres penitenciarios por una requisa con varios heridos
Condenaron a tres penitenciarios por una requisa con varios heridos
Exactamente doce años después de la denuncia que dio inicio a la correspondiente investigación y posterior causa penal, los tres penitenciarios acusados de severidades y vejaciones en contra de al menos seis internos de la Unidad Penal 17 de Candelaria fueron finalmente declarados culpables y condenados ayer.
Tal como estaba previsto, ayer se llevó adelante la cuarta jornada del debate oral que había comenzado el 17 de septiembre y culminó con un fallo condenatorio para los imputados Víctor Javier Romero (40), José Luis Acosta (42) y Ricardo Antonio Figueredo (39).
La sentencia fue emitida minutos después de las 15 por el Tribunal Federal de Posadas, presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Norma Lampugnani y Víctor Alonso, en carácter de subrogante. 
Pero la audiencia había comenzado mucho antes, cerca de las 9.30, cuando se dio inicio a la ronda de alegatos.
La primera en exponer fue la fiscal Vivian Barbosa y ya al comienzo fue clara: “La fiscalía ha arribado a la certeza que se requiere y corresponde acusar a los enjuiciados por el delito en el que han participado”. 
A partir de ahí la fiscal sostuvo que hay varios hechos que “no se hallan controvertidos y que no entran en discusión”, como por ejemplo la requisa, la participación de los imputados en dicho procedimiento, la condición de detenidos de los denunciantes y la “lesiones comprobables” de los reos. 
Luego, expuso que el único hecho puesto bajo discusión era determinar si las lesiones fueron producidas durante la requisa y por los imputados.
Y en este punto, Barbosa consideró acreditado que las lesiones se dieron en el marco de la requisa en dos pabellones de la cárcel de Candelaria y que fueron consecuencia del accionar de los penitenciarios.
Para fundamentar su acusación la fiscal se basó en varios testimonios recolectados durante el debate, entre ellos el de Oscar Carballo, una de las víctimas y quien ayer estaba entre los presentes en la sala de debates. 
También recordó las declaraciones del ex delegado en Misiones de la Procuración Penitenciaria, Jorge Ávila, quien dio inicio a la causa y tomó fotografías de los reclusos después de la requisa, entre otros.
“En todos los años que tengo como fiscal no tengo causas de este tipo que intervengan penitenciarios. Esta es la primera y esperemos que la última. Pero esta fue violenta y fue apartada de la normativa que establece que debe cumplir el personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF)”, expresó Barbosa. 
Y continuó: “La consigna del SPF es mantener el equilibro entre la seguridad penitenciaria y el respeto a la dignidad humana, que es lo que se ha vulnerado en esta instancia. Todos fueron desnudados en los pabellones y en esas condiciones algunos fueron golpeados”. 
Tras exactamente una hora de alegato, la fiscal procedió a plantear sus pedidos. Así fue que pidió la pena de dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para Romero por ser el de mayor responsabilidad entre los tres y la pena de un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación para Acosta y Figueredo. 
Pero su pedido no culminó allí, ya que solicitó al tribunal que se extraigan las actuaciones que sean pertinentes para investigar la responsabilidad en los hechos de otros dos agentes penitenciarios, entre ellos Rafael Soria (50), quien al momento de la denuncia era jefe de la División de Seguridad Interna de la UP 17.
Y así tal cual los pedidos de la fiscalía fue la sentencia emitida luego por el Tribunal, que consideró a los tres imputados como autores de severidades y vejaciones, delito previstos en el artículo 144 bis, inciso tercero. 

Defensas
A su turno, la defensa de los tres imputados había solicitado la absolución de sus defendidos por el beneficio de la duda y, en forma subsidiaria pidieron que eventualmente las inhabilitaciones sean solamente para la custodia de detenidos.  
La primera en alegar en defensa de Acosta y Figueredo fue la letrada Sandra Cristóbal, quien consideró que no se “encuentra acreditado la materialidad del proceso ni tampoco la participación de mis defendidos”, a su vez que resaltó en contextualizar en que el caso se dio en medio de una “pésima relación con la Procuraduría Penitenciaria”. 
“El alegato acusatorio está construido sobre la base de prejuicios y es azarosa”, expresó Cristóbal y añadió que “no podemos condenar por rumores”. En relación a esto último atacó el testimonio de Jorge Ávila, sobre el cual expresó que “fue dado de baja del SPF y entiendo que no es un dato menor a la hora de valorar su testimonio”. 
Por último llegó el momento del letrado Pablo Condorí, quien alegó en defensa de Romero, y realizó un exhaustivo repaso de las lesiones de cada uno de los denunciantes para argumentar que no se trataban de heridas producto de golpes o maltrato de los penitenciarios. “Hay una ausencia total de pericia médica. Hemos llegado a debate con una arbitrariedad, que es tomar este tipo de pruebas y darla por acreditada”, expuso. 

Últimas palabras
Por último, el tribunal le brindó a los imputados de emitir sus últimas palabras antes de oír el fallo y los tres aceptaron. 
El primero en hablar fue Acosta, quien señaló: “Llevo 22 años de servicio, estoy en la etapa final. Fui capacitado por mis superiores y me sigo perfeccionando con total honestidad. Jamás permitiría como encargado que mis subordinados traten mal a alguna persona”. 
Y continuó: “Hoy se cumplen doce años de esta injusticia y de esta vergüenza que lleva para mi familia y mis compañeros. No guardo rencor para estas personas que orquestaron todo esto”. 
A su turno, Figueredo añadió que “somos totalmente inocentes de los que nos están acusando. Tengo mucha vergüenza, vengo de familia de penitenciarios. Me duele mucho salir y escuchar rumores, ver los diarios. No saben de lo que se trata nuestro trabajo”. 
Por último, Romero, entre lágrimas recordó el “dolor que todo esto causa en mi familia, a mi madre y a mi señora. Es un dolor inmenso de doce años y queremos que se haga justicia”.

“Haber llegado hasta acá ya fue un logro”

Oscar Carballo, uno de los denunciantes que dio inicio a la causa, declaró en una de las jornadas del debate y ayer volvió a presentarse en el tribunal, esta vez como oyente y siguió expectante el final del proceso. Tras la sentencia, dialogó brevemente con El Territorio y expresó: “Me pareció perfecto el fallo, sinceramente no esperaba que esto termine así. El llegar hasta esta instancia ya fue un logro para mí, el resto fue todo de la Justicia. Ahora veremos cómo seguimos”. Y continuó: “Yo siempre confié en la Justicia, nunca dudé en que el fallo iba a ser justo”. La denuncia fue radicada el 1 de octubre de 2007 cuando seis internos denunciaron haber sido maltratados, insultados, golpeados, desnudados, obligados a abrirse de cantos y despojados de varias de sus pertenencias.