IOSFA despidió a 17 trabajadores en Misiones y ATE reclama que se les reconozca su estabilidad laboral

Sin previo aviso y sin argumentos, el viernes pasado los 17 trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) de Misiones recibieron la notificación de que pasarían de planta permanente a “contratados por tiempo determinado”. Esta semana, les confirmaron que quedarán formalmente desvinculados de la institución a partir del 30 de noviembre.

Si bien las sucursales de IOSFA en Posadas y Puerto Iguazú siguen atendiendo, el inminente aviso de despidos despertó indignación en el grupo de trabajadores. Es por ello que este jueves convocaron a una asamblea en la capital para definir los pasos a seguir y manifestar públicamente lo ocurrido. 

Néstor Acuña, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), confirmó a El Territorio que esta semana elevaron una medida cautelar y un pedido de amparo ante la justicia laboral para que se revierta la situación de despido y que IOSFA reconozca la antigüedad y la estabilidad laboral acordada con el personal en 2023, mediante disposición nacional. 

En Posadas, son 16 los afectados. En Iguazú, también fue desvinculado el único agente civil de IOSFA, quien contó que “hacía de todo y mucho más que solo tomar autorizaciones”. “Atendía, autorizaba los pedidos, los cargaba al sistema, limpiaba la sucursal, trataba con los proveedores, asistía a las personas que se acercaban con sus recetas electrónicas. Este trabajo requiere empatía y es entender que son personas que atraviesan problemas críticos de salud”, lamentó Maximiliano Tworowski, empleado de IOSFA.

Relató que en esa sucursal el personal asignado nunca superó las 3 personas. Actualmente en la ciudad atienden a 350 agentes activos de las fuerzas armadas a los que “hay que sumar a sus familias, es muchísimo para una sola sucursal y hace 13 años que resolvía todo esto solo”, cuestionó. 

A la preocupación por la pérdida del puesto de trabajo, Tworowski advirtió que “desde la administración no ven más allá de los despidos, no tienen idea de la realidad de las personas que se atienden en esta obra social. Y a esto sumada la deficiente prestación”.

Según informó a este medio, desde mayo que en Puerto Iguazú las farmacias y sanatorios que tenían convenio con IOSFA cesaron las atenciones a sus afiliados. Esta situación motivó a que, en muchos casos, los pacientes debieran pagar la totalidad de los medicamentos para sus tratamientos y, posteriormente, gestionar un trámite para el reintegro.

En otros, contó, las familias debieron consultar y comprar dichos remedios en farmacias conveniadas con IOSFA a más de 100 kilómetros de la ciudad. “Se tenían que ir a Oberá, a Leandro N. Alem o a Puerto Libertad para conseguir medicamentos, y gracias a que pude resolver y comunicarme personalmente con estas farmacias, varios afiliados consiguieron sus remedios sin pagar tan alto costo”.

El desguace de la obra social en puntos estratégicos de Misiones, reconocen desde ATE, no sólo atenta a la estabilidad laboral de sus prestadores, sino que restringe el acceso a la comunidad de tener un espacio donde atenderse, consultar y radicar los reclamos pertinentes. 

Desde ATE descartaron el cierre de la sucursal en Posadas, ya que -con la disolución de IOSFA y su reestructuración a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA)- el personal se reduciría a 5 agentes de planta permanente. Una cifra por debajo de lo autorizado legalmente para que las delegaciones provinciales funcionen, que es de 10 trabajadores por unidad. 

Cronología del conflicto

Néstor Acuña explicó que la decisión se sustenta en la disposición 709, que dejó sin efecto una disposición del 2023 mediante la cual se había reconocido la estabilidad laboral de un grupo de trabajadores.

“El viernes recibimos una disposición que da por nula la 412/2023, que les había otorgado estabilidad laboral a compañeros que vienen trabajando hace 10, 20 y hasta 30 años. Ahora no les reconocen esa estabilidad y los pasan a todos como contratados. De esa manera, los van a despedir sin pagarles la indemnización”, señaló Acuña.

Según relató, luego de recibir la notificación sobre el cambio de situación laboral, los empleados comenzaron a recibir comunicaciones sobre la finalización de sus vínculos contractuales al cierre de noviembre. El dirigente aclaró que actualmente continúan presentándose en sus puestos y cumpliendo sus tareas habituales, pese a la incertidumbre sobre su continuidad.

Ante este escenario, ATE presentó medidas cautelares y un recurso de amparo, mientras que los trabajadores rechazaron formalmente las notificaciones y enviaron telegramas para reclamar que se les reconozca la estabilidad laboral. El gremio espera una resolución judicial que permita frenar las desvinculaciones.

“Estamos peleando para que se reconozca la estabilidad de estos trabajadores. Ya se hicieron las presentaciones judiciales y ahora estamos esperando que puedan salir a favor nuestro, para darles tranquilidad a los compañeros que están en esta situación”, señaló.

Impacto sobre los afiliados

El sindicalista también advirtió que la reducción del personal tendrá consecuencias en la atención de los afiliados de IOSFA, particularmente para quienes tienen dificultades para realizar trámites mediante herramientas digitales. Buena parte de las gestiones se realizan mediante autogestión, con claves y procedimientos tecnológicos que no todos los beneficiarios conocen o pueden utilizar, observó.

“Hay afiliados que no están familiarizados con la tecnología y no van a saber cómo hacer sus trámites. Hoy se está haciendo todo por autogestión y tienen que tener una clave, pero nadie se puso a pensar cómo van a hacer los trabajadores y los afiliados que viven en el interior. Eso también los va a afectar porque no van a poder resolver sus trámites en tiempo y forma”, sostuvo.

Por otra parte, el dirigente vinculó el deterioro de la obra social con la situación financiera que atraviesa desde el cambio de gestión nacional. En ese sentido, cuestionó la administración anterior y apuntó contra el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, por el déficit y las dificultades para cumplir con los prestadores y los reintegros.

“Cuando recibió la obra social tenía un superávit de 25.000 millones de pesos. Después, en pocos meses, empezó a tener déficit, dejaron de pagar a los prestadores y los reintegros. Deshuesaron la obra social y ahora, en lugar de pedir explicaciones por lo que pasó con esos recursos, la decisión es echar a los trabajadores que están dando la cara y atendiendo a los afiliados”, afirmó.

Acuña reconoció que el panorama para los empleados es complejo y que las expectativas están puestas en la intervención de la Justicia laboral para evitar que las 17 desvinculaciones se concreten.

A nivel nacional, los despidos ascienden a 1.450, una medida que se suma a las 700 bajas dispuestas a fines de septiembre como parte del proceso de liquidación del organismo conducido por el liquidador Gonzalo Secchi.

Dentro de ese esquema, también cerraron 31 farmacias propias, delegaciones y centros de atención médica en distintos puntos del país, en el marco de la división del organismo en dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).