La seguridad también se explica por lo que pasa en la economía
Por Marcelo G. Pérez Ministro de Gobierno de Misiones
Cuando se habla de inseguridad, la discusión suele concentrarse en la cantidad de policías, las penas, las detenciones y los recursos destinados a la prevención. Son cuestiones fundamentales, pero hay otra dimensión que merece atención en el tema: las condiciones económicas y sociales en las que vive una comunidad.
¿Qué ocurre cuando aumenta la incertidumbre laboral, los ingresos pierden poder adquisitivo y cada vez más familias tienen dificultades para llegar a fin de mes? La investigación académica lleva años estudiando la relación entre estas condiciones y la criminalidad, aunque con una advertencia esencial: la pobreza no determina la conducta delictiva ni explica, por sí sola, la evolución de la inseguridad.
Según el Indec, durante el segundo semestre de 2025 la pobreza alcanzó al 28,2% de las personas y la indigencia al 6,3% en los 31 aglomerados urbanos relevados. Aunque los indicadores mejoraron respecto de períodos anteriores, millones de personas siguen enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Además, la vulnerabilidad no se mide únicamente por la desocupación: también importan la informalidad, la estabilidad laboral y la capacidad de los salarios para sostener una vida digna.
Esto no permite afirmar que el deterioro económico provoque automáticamente más delitos. De hecho, el Sistema Nacional de Información Criminal registró en 2025 una tasa de 3,6 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, un 7,3% inferior a la de 2024. Es una mejora que debe reconocerse, pero los homicidios son sólo una categoría delictiva: su evolución no demuestra que todos los delitos hayan disminuido en el país, ni que la percepción de inseguridad haya seguido el mismo camino.
La literatura especializada identifica distintos factores que intervienen en la decisión de delinquir: la probabilidad de ser detenido, la severidad de las penas y las condiciones económicas y sociales, incluidas las oportunidades de obtener ingresos legales, el acceso a la educación y las circunstancias generales -hasta habitacionales- de cada comunidad. A ellos se suman el funcionamiento de la Justicia, la investigación criminal, las organizaciones delictivas, la circulación ilegal de armas y los mercados de drogas. La inseguridad es un fenómeno multicausal y exige analizar cada realidad en su contexto.
La investigación académica ofrece antecedentes argentinos. Un estudio de María Laura Alzúa -publicado en 2011 en una edición de la revista Perspectivas, de la Corporación Andina de Fomento (CAF)- sobre el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados examinó la relación entre las transferencias de ingresos y los delitos contra la propiedad. Sus resultados varían según el método de estimación utilizado, pero aportan elementos para estudiar cómo determinadas políticas sociales pueden incidir en disminuir la criminalidad. Esto no significa que cualquier programa de asistencia reduzca automáticamente el delito, sino que sus posibles efectos también merecen ser considerados desde la perspectiva de la seguridad.
La seguridad no comienza cuando se comete un delito, sino mucho antes, cuando se trabaja para evitar que ocurra. Se construye con oportunidades de trabajo, acceso a la educación, instituciones que funcionan, comunidades organizadas y perspectivas de futuro. También con el cuidado de los espacios públicos, la iluminación de las calles y la recuperación de los lugares de encuentro. La teoría de las ventanas rotas plantea que el deterioro visible y el abandono pueden debilitar las normas de convivencia y transmitir una señal de desatención. Por eso, el alumbrado público, las plazas limpias, las calles mantenidas y la recuperación de los espacios comunes forman parte de una estrategia preventiva en la que los municipios tienen un papel fundamental.
Nada de esto significa justificar el delito ni asociar pobreza con delincuencia. La inmensa mayoría de las personas en situación de pobreza no delinque y los sectores vulnerables también son víctimas de la violencia. Pero ignorar cualquier posible relación entre las condiciones de vida y determinados riesgos sociales tampoco ayuda a comprender el problema.
A este escenario se suma el consumo de sustancias psicoactivas, una problemática social y sanitaria que requiere información confiable, prevención y atención especializada. La encuesta nacional realizada por el Indec y la Sedronar en 2022 registró consumo de marihuana durante el último año en el 13,8% de la población urbana de entre 16 y 75 años. Por otra parte, el 5,1% de las personas de entre 16 y 49 años declaró haber consumido cocaína alguna vez en su vida.
La relación entre consumo y delito también requiere precisión. El consumo de drogas constituye una problemática creciente a escala mundial, aunque sus tendencias varían según las sustancias y las regiones. Esto no significa que quienes consumen delincan ni que las drogas expliquen por sí solas la criminalidad. Sin embargo, en algunos casos, una dependencia severa puede agravar los conflictos familiares y las situaciones de vulnerabilidad, e incluso llevar a cometer delitos contra la propiedad para financiar el consumo. Prevenir estas situaciones requiere respuestas sanitarias, familiares y sociales, además de la intervención judicial cuando corresponda.
También es necesario distinguir al consumidor problemático de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. La atención sanitaria de una persona y la persecución de quienes comercializan drogas y obtienen ganancias de redes delictivas son responsabilidades diferentes, que demandan herramientas específicas para actuar tanto sobre la demanda como sobre la oferta ilegal.
La percepción de inseguridad agrega otra dimensión al problema. La incertidumbre económica y la preocupación por el futuro pueden intensificar el temor, mientras que los medios y las redes sociales multiplican la exposición a hechos delictivos ocurridos en distintos lugares. Esto no significa que el miedo sea infundado ni que deba minimizarse: las víctimas y las comunidades que reclaman seguridad merecen ser escuchadas. Pero la percepción social, la experiencia individual y los delitos registrados son dimensiones relacionadas, aunque distintas, que deben analizarse en conjunto.
Para comprender la seguridad hay que distinguir entre la decisión de delinquir y la oportunidad de hacerlo. La política de seguridad actúa principalmente sobre esta última: previene, disuade, dificulta la ejecución del delito y aumenta las probabilidades de detección. Pero la conducta humana responde a factores que exceden la capacidad de intervención policial.
En definitiva, la seguridad no depende exclusivamente de la economía, pero tampoco puede analizarse al margen de ella. En un contexto nacional marcado por las dificultades económicas y la incertidumbre que atraviesan numerosos hogares, comprender cómo esas condiciones pueden incidir en la dinámica del delito resulta fundamental, sin caer en simplificaciones ni establecer relaciones automáticas. La prevención, la investigación criminal y la Justicia son indispensables, al igual que las políticas económicas y sociales orientadas a generar empleo, sostener la educación, garantizar y fortalecer los espacios de integración social. Combatir el delito exige firmeza, profesionalismo y capacidad de respuesta; prevenirlo también requiere comprender el contexto en el que se desarrolla, con una articulación entre los distintos niveles del Estado, cada uno desde sus competencias y responsabilidades.
La Policía es indispensable para proteger a la sociedad -eso es obvio-, pero no puede resolver por sí sola todos sus problemas. La intervención frente al delito y la prevención de las condiciones que pueden favorecerlo son tareas complementarias, aunque diferentes. Confundirlas supone desconocer tanto los límites de la función policial como la complejidad del desafío.