El gobierno deberá cumplir con el financiamiento universitario

La Justicia falló otra vez contra el gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario. Una decisión del juez Martín Cormick le impuso al Poder Ejecutivo cumplir con la norma en un plazo de cinco días.

El fallo del magistrado aseguro que si el Gobierno no cumple con la normativa, aplicará multas diarias. “En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora”, indicó el juez Cormick en su fallo.

Las universidades y gremios docentes y no docentes mantienen firme su reclamo al gobierno porque estiman que a los salarios se les adeuda una recomposición de 31,2%. El gobierno ofreció 3% en la ultima paritaria, días atrás, lo que derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria el 15 de octubre, y medidas de fuerza gremiales en demanda del cumplimiento de la ley.

Según números difundidos por una organización, el atraso salarial llega al 33,4% y la deuda acumulada equivale a unos cuatro salarios. El gremio también sostiene que el porcentaje ofrecido no cumple con lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario. Esta semana ya empezó con paros en distintas facultades de la UBA y de manera escalonada, y continuarán hasta la protesta de octubre, que tendrá epicentro en el Palacio de Tribunales.

El fallo del juez Cormick ordena al Ejecutivo el “cumplimiento total” a la medida cautelar que ordena cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, en los artículos 5 y 6. Esos ítems disponen sobre recomposición de salarios docentes y no docentes, y de becas estudiantiles.

El conflicto judicial se originó por la aplicación de la ley 27.795, que contempla recursos para el sistema universitario. En septiembre, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Cormick, también hizo lugar a una cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó ejecutar partidas destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación.

La decisión se produjo en el marco de las acciones judiciales iniciadas para exigir la implementación de la normativa. La UBA había cuestionado el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la ley pero condicionó su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento y la incorporación de las partidas correspondientes.

Cormick sostuvo entonces que, luego del rechazo legislativo al veto presidencial, el proceso previsto constitucionalmente para la sanción de la norma “no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley”.

En cifras

31,2%

Es lo que universidades y gremios docentes universitarios estiman que se debe en concepto de aumentos salariales atrasados.