Tierra de nadie: el auge de la piratería en las ferias del libro del interior

A partir de un hecho, uno se pone a investigar y pareciera que, en lugar de tratarse de un episodio aislado, la piratería editorial se está volviendo una tendencia. Y eso es lo que vuelve especialmente preocupante lo ocurrido en la 13º Feria del Libro de Caá Catí, en Corrientes.

Ahí pude observar que la isla central, entre los escasos doce puestos de la feria, correspondía a una sola “librería” que ofrecía lo que, a simple vista, parecían ediciones piratas. Pero al menos otros dos puestos también ofrecían ejemplares con evidentes indicios de ser reproducciones no autorizadas. Eran, en su mayoría, best sellers de grandes editoriales, con diferencias notables respecto de las ediciones originales: papel blanco cuando suele ser ahuesado, tapas con laminado mate cuando son brillantes, logos mal cortados en los lomos, encuadernaciones pegadas cuando los originales son cosidos y solapas de menor tamaño. Algunos ejemplares eran impresos directamente a partir de archivos digitales que circulan ilegalmente en internet, identificables por la firma de Titivillus, habitual en numerosos ebooks pirateados.

 La irregularidad fue comunicada inmediatamente a la organización de la feria y al municipio. La primera respuesta fue pedir explicaciones sobre por qué debían intervenir. Ante esa consulta recurrí al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de la Argentina (Cadra), que puso a disposición asesoramiento jurídico y la normativa correspondiente. Después de eso, su respuesta cambió, dijeron que no retirarían los libros a menos que se presentara un juez y determinara que eran piratas.

Pero una cosa es determinar judicialmente la responsabilidad de quienes imprimen o comercializan copias ilegales y otra es qué hacen los organizadores cuando reciben una denuncia concreta sobre libros presuntamente ilegales vendidos dentro de un evento municipal.

La legislación argentina es clara: la Ley 11.723 considera una forma de defraudación editar, vender o reproducir una obra publicada sin autorización de su autor o derechohabientes. La Ley de Fomento del Libro y la Lectura también contempla la protección frente a reproducciones ilegítimas.

Desde Cadra advierten que la piratería editorial en el interior del país viene creciendo considerablemente en los últimos años. Lo ocurrido en Caá Catí plantea así una pregunta que excede ampliamente a esa feria: ¿qué lugar ocupa el control de la piratería en las ferias del libro de nuestras provincias del NEA? Porque la piratería no afecta solamente a una editorial o a un autor. Nos afecta a toda la cadena del libro: al autor, al editor, al traductor, al diseñador, a la imprenta, al distribuidor, a la librería y a los lectores.

Un amigo escritor de Misiones contrató a un impresor para editar su libro. Así fue que pagó por esos ejemplares y retiró la totalidad. El acuerdo era imprimir, no vender ni distribuir. Tiempo después, sin embargo, aparecieron ejemplares de ese mismo libro a la venta en varias ferias. La anécdota muestra hasta qué punto puede desdibujarse el asunto si tampoco se regula a los que tienen las máquinas para imprimir libros.

Una feria del libro debería ser, sobre todas las cosas, un lugar de encuentro de la palabra. Donde un escritor pueda conocer a un editor, donde una editorial pueda descubrir autores y donde los lectores puedan encontrarse con libros que de otro modo no llegarían hasta ellos.

En nuestra región abundan escritores y escritoras de calidad. Hay producción literaria, proyectos, manuscritos, lo que muchas veces falta es ese contacto con quienes pueden convertir una obra en un libro, incorporarla a un catálogo y hacerla circular más allá de la provincia. Pero ese circuito es frágil. Si una editorial llega a una feria y encuentra ejemplares pirateados, sin controles eficaces, en complicidad con los organizadores de la feria, es razonable preguntarse qué incentivo tendrá para volver. ¿Qué editor va a viajar para conocer autores y construir vínculos si el espacio destinado a promover el libro no garantiza condiciones mínimas para quienes viven de producirlo?

Cuando esos vínculos se rompen, los escritores quedan cada vez más solos. Y para muchos, la alternativa termina siendo la autopublicación: pagar una tirada, imprimir, intentar venderla y resolver por cuenta propia lo que debería formar parte de una cadena editorial.

Por eso sería necesario saber qué controles existen en las ferias del libro que reciben apoyo, auspicio o participación de organismos públicos. Quiénes pueden tener un puesto, qué requisitos deben cumplir, qué libros ofrecen y qué sucede cuando se denuncia una irregularidad.

Lo que apareció en Caá Catí es un síntoma de una cuestión más amplia. Las ferias del libro, además de promover la lectura y la cultura, deberían cuidar el circuito que hace posible que los libros existan y circulen. Porque si se convierten en espacios donde cualquiera puede vender cualquier cosa y nadie parece responsable de controlar qué se ofrece, corremos el riesgo de transformar un lugar pensado para la promoción de la cultura lectora y acercar autores, editores y lectores en tierra de nadie. O, peor todavía, en una tierra de piratas.

Por Luciano Páez Souza
Editor literario