El FAL puede provocar un agujero financiero a a la educación privada en Misiones

Para las generaciones mayores, la sigla FAL remite de inmediato al fusil militar. Para la enseñanza privada misionera, la analogía no queda tan distante, ante la inminente puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que es percibida hoy como una amenaza económica directa que apunta al bolsillo de las escuelas y de miles de familias en la provincia.

Guillermo Hassel, vicepresidente de la Asociación de Institutos Privados de Misiones (Aipem), advierte que la aplicación del Decreto 408 -derivado de la Ley de Modernización Laboral 27.802- encierra un problema técnico devastador para la región.

La norma obliga a los empleadores a aportar un 2,5% de la masa salarial a un fondo especial a partir del 1 de noviembre, bajo la premisa de que dicho costo se compensará automáticamente con una rebaja equivalente en los aportes patronales nacionales (Sipa).

Sin embargo, Misiones representa un caso excepcional, a partir de que no transfirió su caja previsional a la Nación.

Al tributar al Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia, no existe una contribución nacional que se pueda recortar para lograr el neutralismo fiscal del esquema. Sin una corrección, la medida se transforma en una abierta doble imposición.

Algunos números

Las cifras que maneja el sector, por lo explicado por Hassel, dibujan un impacto severo. La masa salarial afectada asciende a unos $18.000 millones de pesos. El aporte mensual requerido, representa $450 millones de pesos y el drenaje anual del sistema, se estima en unos $5.000 millones de pesos.

En entrevista con este medio, Hassel detalló que este caudal de dinero saldría de la circulación económica misionera para quedar inmovilizado en cuentas administradas bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en Buenos Aires, sin posibilidad de ser utilizado de forma directa por los colegios para pagar indemnizaciones en el corto plazo.

Qué hacer

Frente a la encrucijada, la Aipem viene desarrollando gestiones conjuntas con el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spem), el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo locales. La exigencia a la Nación busca articular un fondo transitorio de compensación y un vehículo financiero propio que retenga la administración de esos recursos dentro del territorio provincial.

Ante el apuro de entidades bancarias que ya intentan captar estos fondos antes de la reglamentación definitiva de la CNV, Hassel lanzó un mensaje contundente de prudencia a los directivos de las instituciones “hay que ensillar hasta que aclare”. Por lo tanto, la consigna es no firmar ningún contrato financiero hasta tanto las autoridades provinciales logren desactivar una carga presupuestaria que amenazaría con trasladarse de manera directa a las cuotas escolares.

El contexto

El FAL fue pensado por el Gobierno nacional como un fondo de capitalización individual, similar a los que existen en otros países, para respaldar el pago de indemnizaciones por despido. La ley obliga a los empleadores a aportar el equivalente al 2,5% de la masa salarial, pero prevé que ese aporte se compense con una reducción idéntica de otras contribuciones patronales nacionales. En teoría, el mecanismo no debería generar un costo adicional, lo que se paga de más, por un lado, se descuenta por el otro.

El inconveniente, explican desde Aipem, es que ese esquema de compensación fue diseñado para el sistema nacional de seguridad social (SIPA). Pero en Misiones -como en otras provincias con caja previsional propia no transferida a la Nación- la mayoría de los docentes de los institutos privados aporta al Instituto de Previsión Social (IPS) y no al SIPA. Ante la ARCA (ex AFIP), estos trabajadores se declaran bajo la “Actividad 16”, como docentes no comprendidos en el sistema nacional.

Con consecuencias económicas

Desde Aipem explican que esta diferencia técnica tiene una consecuencia económica directa: si no hay contribuciones nacionales contra las cuales compensar el nuevo aporte, la reducción prevista por la ley no podría aplicarse, y el 2,5% se transformaría en un costo neto, adicional, que las instituciones deberían pagar sin ninguna contrapartida.

El otro problema que señala la entidad no es sólo cuánto habrá que pagar, sino qué pasa con esa plata una vez que ingresa al sistema.

La Ley 27.802 establece que cada cuenta del FAL constituye un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica, administrado por una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). En otras palabras, según detallan, una vez que el dinero entra al fondo, la institución deja de tener libre disponibilidad sobre él, y sólo puede usarlo para los fines previstos por la norma, vinculados al pago de indemnizaciones futuras.

Documento elevado a Hacienda

Preocupados los directivos de Aipem elevaron un documento dirigido al ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán, como una suerte de “corralito financiero”; es decir, recursos generados por los propios institutos -muchos de ellos, ligados al pago de aranceles de las familias- quedarían inmovilizados bajo administración de terceros, sin que la institución educativa pueda aplicarlos a sus necesidades cotidianas, desde salarios, mantenimiento edilicio, tecnología o inversión pedagógica.

A esto se agrega otro dato que preocupa al sector y es que la existencia del FAL no reemplaza el régimen de indemnizaciones vigente ni limita la responsabilidad del empleador. “Si el fondo acumulado no alcanza para cubrir una indemnización, la institución deberá igualmente completar la diferencia con recursos propios. Es decir, cada establecimiento podría verse obligado a inmovilizar dinero todos los meses y, al mismo tiempo, seguir siendo responsable por el pago total ante una eventual insuficiencia del fondo”.

El riesgo de que paguen las familias

Para Aipem, si el costo no puede ser absorbido ni compensado, la salida más probable es que termine trasladándose, total o parcialmente, a las cuotas que abonan las familias, o bien que se resienta el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

“En una provincia donde la educación de gestión privada cumple un rol social relevante -con aporte estatal para salarios docentes sujeto a rendición ante el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) y control del Tribunal de Cuentas-, la entidad sostiene que cualquier suba de aranceles puede afectar la continuidad de la matrícula y el derecho de las familias a elegir el proyecto educativo de sus hijos”, sostienen en un escrito.

Gestiones en marcha

Entre otras gestiones en marcha señalan que representantes de Aipem ya mantuvieron reuniones con el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán, y con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia, Silvana Giménez. En esos encuentros se acordó la constitución de una mesa de trabajo conjunta en los próximos días, para avanzar en un diagnóstico compartido sobre el impacto del FAL en el sector y explorar alternativas de solución.

Lo que se busca

Lo que buscan es que la Nación garantice una neutralidad económica real del FAL para los docentes que aportan al IPS; evitar que el nuevo régimen se convierta en una inmovilización obligatoria de recursos con impacto en la liquidez de las instituciones y en las cuotas de las familias; y, si la aplicación del sistema resulta inevitable, diseñar una arquitectura provincial que permita que la mayor parte posible de esos fondos permanezca invertida dentro de Misiones.

En ese sentido, la entidad también propone estudiar, a mediano plazo, la creación de un fondo común de inversión propio del sector y de una administradora de inversiones con participación estatal, para que los recursos generados por las escuelas y las familias misioneras no terminen gestionados por operadores financieros sin vinculación con la economía provincial. Para la Asociación, el debate de fondo excede lo estrictamente tributario: se trata, dicen, de un problema de autonomía financiera institucional, de federalismo previsional entre la Nación y las provincias con cajas propias, y de a dónde va a parar, en definitiva, el ahorro generado por las escuelas y las familias misioneras.