Productor volvió a denunciar amenazas dentro de su chacra

Días atrás, El Territorio dio a conocer el caso de Pablo Ll., un trabajador rural de Jardín América, que desde hace más de tres años está radicado en Hipólito Yrigoyen, en donde compró una chacra con apoyo económico de sus padres para poder encontrar paz y trabajar, y que en la actualidad vive con miedo y mucha preocupación por lo que le pueda pasar. 

En su propiedad, donde cuenta con sus propias plantas y animales, teme por su vida al ser amenazado constantemente por vecinos. “En reiteradas oportunidades me atacaron, tengo grabaciones que presenté, pero nunca me escucharon”, aseguró el entrevistado durante una segunda entrevista al este medio.

“Me siento en un estado de desamparo absoluto, viviendo solo en mi chacra, creo que existe un entramado de corrupción entre el Juzgado de Instrucción de Jardín América y la policía local. He pedido intervención institucional ante los hechos que configuran una grave violación a mi persona, indicó el productor, quien añadió que hasta el momento no obtuvo respuestas favorables de las autoridades ante sus denuncias.

En torno a su situación, el denunciante precisó que presentó causas por tentativas de homicidio con denuncias. “Sufrí cuatro tentativas de homicidio con armas blancas por parte de un delincuente de la zona. El Juzgado local caratuló los ataques como simples amenazas para, presumo yo, congelar la causa, ignorando un pronto despacho presentado hace dos meses por mi abogado Eber Benítez. Aunque ninguna requisitoria mía fue contestada”, aseguró.

A su vez, Pablo Ll, remarcó el contexto de desprotección que siente en todo momento, y que eso se ve reflejado en la muerte de sus animales, en el que se incluye un perro envenenado y golpeado. También, contó sobre el robo de herramientas estando él a 100 metros de su vivienda, junto con el asesinato de más de 22 animales de recría, que hoy día serían su sustento. La denuncia por robo fue ingresada en sede policial, pero hasta ahora, según el denunciante, las autoridades no realizaron ninguna actuación.

“Presumo complicidad judicial y policial explícita, ya que cuento con un mensaje de texto del contratista de mi agresor donde confiesa que el delincuente tenía permiso del juez y de la policía para violar la perimetral. Además, tengo entendido que el secretario del juez hizo desaparecer físicamente de la causa la orden de restricción original que me protegía”, denunció.

Miedo constante

En otro tramo de la entrevista, el productor se refirió al temor que existe en sus padres que viven preocupados por su situación. Al respecto, Pablo describió que cuenta con el audio de una oficial de la comisaría local amenazándole con hacer un sumario por negarse a firmar una orden con cláusulas trampa.

Ante sus reclamos, el entrevistado acusó que la fuerza policial armó una causa contravencional falsa a él y a su papá (un jubilado de casi 70 años), criminalizándolos solo por llamar por teléfono preocupado por los tiros y gritos que sufre en su propiedad.

“El agresor violó el perímetro portando un objeto oculto en una bolsa que aparentemente era un arma de fuego y realizó un ademán explícito de disparo. Al llamar a la comisaría, quien estaba de turno se negó a enviar auxilio y detener al delincuente en estado de flagrancia, todo esto desde siempre en conocimiento de las autoridades policiales”, acusó.

Por último, comentó que tiene los videos de los ataques, capturas de los mensajes de complicidad y audios de lo que, según él son amenazas policiales resguardados en su teléfono. “Los organismos locales y provinciales a los que recurrí vía internet (incluida la Defensoría del Pueblo de Posadas) se han negado a intervenir. Entiendo que se escudan en la burocracia. Pero además solicité la asistencia del CELS para visibilizar este caso de violencia institucional extrema y exigir medidas de seguridad externas que garanticen mi vida”, cerró.