Abusó de su hija cuando era niña: la víctima lo denunció pero la Justicia lo consideró prescripto

Griselda tiene 36 años. El 12 de febrero decidió romper años de silencio y denunció en la Comisaría de la Mujer de Montecarlo a su padre, por haber abusado de ella sistemáticamente desde los 8 años hasta la mayoría de edad. 

En esa presentación recordó con detalles los padecimientos, que se sentía con miedo de denunciarlo. La delicadeza del caso escaló al punto de que, producto de esos abusos, la mujer tuvo un hijo.

Sin embargo, recientemente el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico en el que recayó la denuncia le notificó la prescripción del delito penal. Con sentido malestar, Griselda publicó una carta abierta en la que eligió visibilizar su historia e incentivar a que quienes conocen o padecieron hechos similares, se animen a denunciarlo. 

Trauma y complicidad familiar

En su escrito, la mujer remarcó que “el silencio no es elección, muchas veces es una consecuencia directa del trauma, del miedo y de las relaciones de poder que existen dentro de los entornos familiares donde los abusos ocurren”.

En esa línea recordó, en una entrevista radial, que su madre y sus hermanos estaban al tanto de los ataques. “Hasta el día de hoy no tengo contacto con ellos por ese tema... Ellos sí sabían, pero lo naturalizaron”, lamentó.

Lo crudo de digerir fue cuando quedó embarazada, producto de los abusos de su progenitor, y lo que le siguió después. En aquel momento, cuando tenía 17 años, Griselda contó que su familia “quería que yo aborte”, mientras que el agresor “me decía que diga el nombre de cualquier otra persona, y tuve que inventarme un novio o un amante”. 

Actualmente su hijo tiene 19 años y, aseguró Griselda, “hoy sabe” de la historia familiar. “Mi hijo quiere saber la verdad y quiere que salga a la luz todo”, afirmó, reconociendo que el joven se encuentra bajo tratamiento psicológico para procesar el impacto de saber que su padre biológico es, en realidad, su abuelo.

Sobre la prescripción de delitos contra la integridad sexual

En Argentina, cuando un delito prescribe significa que, una vez transcurrido el plazo fijado por la ley, el Estado ya no puede investigarlo ni aplicar una sanción penal. En los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, ese criterio fue modificado en dos oportunidades para contemplar las particularidades de este tipo de hechos y los tiempos de las víctimas en reconocer esos abusos y poder denunciarlos.

Hasta 2011, el plazo de prescripción comenzaba a correr desde el momento en que se cometía el delito. Ese año, la denominada Ley Piazza o ley 26.705 estableció que, si la víctima era menor de edad, el conteo recién se iniciaba a partir de la medianoche del día en que cumplía 18 años.

Cuatro años después, la Ley 27.206, conocida como Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas, reemplazó ese criterio y dispuso que la prescripción empieza a correr únicamente cuando la víctima, ya siendo mayor de edad, decide formular la denuncia o ratificar una realizada previamente por sus representantes legales. 

En este caso, y según la doctrina hegemónica en el derecho penal, casos como el de Griselda, que ocurrieron antes de las sanciones de estas leyes, no podrían investigarse porque tales normas no se aplican por retroactividad (es decir, para revisar o sancionar hechos que ocurrieron previo a su sanción).

Sin embargo, otras posturas jurídicas en favor de los derechos humanos y el acceso a la justicia para víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes, establece que el trámite de una investigación penal no puede cerrarse por obstáculos procedimentales y que, el hecho de que los actos hayan ocurrido cuando la víctima era menor de edad, exigen al Estado y al Poder Judicial garantías. 

Lo alarmante, según reclamó Griselda, fue la falta de voluntad para investigar. Siguiendo su relato, la Justicia no le ofreció realizar una prueba de ADN para constatar el vínculo filial y el abuso. “Hice la denuncia el 12 de febrero y nunca tuve una respuesta”, aseguró. Tuvo que enterarse de la inminente prescripción tras movilizarse con organizaciones sociales.

Amenazas y engaños

La mujer repasó que en el último tiempo, cuando ya había radicado la denuncia penal, su familia no la apoyó. Incluso, contó, la habrían intentado engañar sobre el estado de su padre y supuestos intentos de suicidio.

“Primeramente me llamaron diciendo que se había muerto, después mi hermana me mandó un mensaje diciendo que se ahorcó, que la hija lo vio”, todas historias, marcó Griselda, que son falsas y que tenían como único fin que ella desistiera de la acción penal. 

“Estoy haciendo todo esto porque también pienso en mi sobrina que en estos momentos está viviendo bajo el mismo techo que mi papá. No sé si es víctima, pero podría serlo en un futuro, porque estas clases de personas no cambian más”, lamentó.

Actualmente, es docente y empleada municipal y cuenta con una orden de restricción hacia su agresor. Con su historia, Griselda deseó incentivar a aquellas personas que sufrieron abusos o que conocen a otras que los hayan vivido, que denuncien y quiebren el pacto de silencio. “No quiero que esto se repita y quiero que las víctimas se animen a hablar, a denunciar y que la justicia revea la situación. En todo caso, vamos a ir por la verdad”, remarcó.