Debate por denuncias falsas: cuando la mentira ocupa el lugar de la prueba

Las falsas denuncias vuelven a ser foco de discusión y debate en nuestro país. En una sociedad en la que la palabra pesa, usarla para construir una acusación falsa tiene consecuencias concretas: en algunos casos se destruyen vidas, se saturan juzgados o se debilita la credibilidad de la justicia.

En torno a esto último, la temática volvió a ser puesta en debate recientemente a partir de la propuesta impulsada en el Senado de la Nación por la senadora Carolina Losada, quien busca endurecer las penas por denuncias falsas. La propuesta, que ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, plantea modificar el Código Penal para elevar las penas de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren violencia de género, abuso sexual o menores.

Según sostiene la legisladora, el foco está puesto en situaciones en las que exista dolo directo. Es decir, cuando una persona acusa sabiendo que es mentira y con el objetivo directo de descalificar, deshonrar y dañar a otra persona.

Incluso, argumentó Losada en su presentación que “cualquier persona tiene en su círculo social a alguien falsamente denunciado”. No obstante, en su relato admitió la ausencia de estadísticas oficiales, aunque arremetió que incluso un solo caso ya justificaría la sanción de la ley.

Una fuente importante para entender qué impacto tienen las falsas denuncias entre los delitos en la Argentina es el Observatorio de Falsas Denuncias, la plataforma online que confeccionó una estadística en agosto del año pasado, en la que se señala que hubo 1892 denuncias de esa índole.

En ese contexto, informaron que el 42% de las denuncias son de la provincia de Buenos Aires, mientras que el 15% son de la ciudad de Buenos Aires y comparten el tercer puesto Córdoba y Santa Fe con el 6%.

No obstante, algo a tener en cuenta es que las estadísticas no son números oficiales, ya que se trata de información que el o la supuesta damnificada cargó en la página web del Observatorio, aunque éstas son admitidas con pruebas concisas que acrediten lo denunciado.

Marisa Velázquez, referente en Misiones del Frente de Mujeres Argentinas, un espacio nacional que se creó en 2023 como una acción ciudadana en busca de igualdad y justicia sin perspectivas de género para quienes son afectados por falsas acusaciones, dio su visión de la temática.

Velázquez celebró el tratamiento en el Senado del proyecto que busca endurecer las penas por falsas denuncias en conflictos familiares, entre padres e hijos, en los que se rompen vínculos por medidas judiciales.

“Actualmente, las penas son consideradas leves porque no logran frenar una práctica que afecta notablemente la revinculación familiar y satura el sistema”, expuso la referente, quien además calificó a las falsas denuncias como “acusaciones a base de mentiras, con características aberrantes en violencia de género, y que atentan contra el buen nombre de las personas denunciadas. No tienen carga probatoria, basadas en relatos que buscan un beneficio en daño o hacer desaparecer a la otra persona”.

Por otro lado, para este informe se entrevistó a la abogada Valeria Ocampo, especializada en derecho penal, quien discutió la validez jurídica del proyecto que propone aumentar las penas por falsas denuncias.

“No tienen fundamentos y la pena que proponen va en contra del principio de proporcionalidad que rige el derecho”, explicó Ocampo, quien además remarcó que el proyecto podría silenciar las voces de víctimas de violencia o abuso.

Del otro lado de la vereda, el perito psicólogo Pablo Soares de Lima defendió que el proyecto “es necesario en este momento”, aunque a la vez reconoció que agravar las penas “no va a resolver el problema de fondo, pero va a demostrar que el problema son las investigaciones”.

Por último, también se cuenta la historia de Iván S. (45), quien pasó medio año tras las rejas por una mentira que lanzó su ex esposa, la madre de sus hijos. El trasfondo habría sido la intención de quedarse con la casa, objetivo que logró, al tiempo que el accionar de la mujer no tuvo ninguna sanción judicial.

“Son dos injusticias. Primero lo que ella me hizo a mí; y después, cuando le declararon inocente, ella no tuvo que rendir cuentas. Hizo lo que quiso, mintió, me dañó y no tuvo ninguna consecuencia. Es más, ella logró lo que quería y se quedó con la casa”, reflexionó Iván.