Querella pidió prisión preventiva para docente acusado de abuso sexual

En los últimos días se solicitó formalmente que se dicte prisión preventiva para el docente posadeño de 46 años acusado de abusar sexualmente de su hijastro cuando éste era menor de edad. Una medida que aún debe resolver el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas.

El planteo fue hecho por la querella y se da en el marco de una causa por abuso sexual agravado en la que Jorge R. se encuentra imputado desde el 2024. Según explicó el abogado Rodrigo Fernández Capdevila, quien representa junto a Jordana Martinelli al joven de 19 años que denunció estos padecimientos hace dos años, el expediente atraviesa un momento “procesalmente ideal” para avanzar en esa definición.

“Lo que nosotros queremos es que se resuelva la situación procesal del imputado, que pase de estar simplemente detenido a tener una prisión preventiva dictada”, remarcó el letrado en diálogo con El Territorio. Enfatizó que “el código procesal establece que, después de la declaración indagatoria, si se cumplen los requisitos, el juez tiene que dictarla. Estamos justo en ese momento y están dadas todas las condiciones”.

El imputado se encuentra actualmente detenido en una dependencia de Posadas, pero aún sin una resolución de prisión preventiva. “Ya presentamos la solicitud formal para que el juez defina su situación procesal, mediante una resolución que establezca que va a quedar a disposición de la Justicia”, precisó el abogado.

Como viene informando este diario, la causa comenzó en abril del 2024, cuando la madre de la víctima identificó chats en redes sociales donde el joven le reclamaba a su agresor lo vivido y pedía que cesaran esas conductas.

Por entonces, el joven era menor de edad y según contó ante la Policía, la manipulación y los abusos habrían comenzado cuando tenía apenas 5 años.

En esa línea, Fernández Capdevila señaló que “se trata de un caso extremadamente sensible. Nuestro rol como querella siempre va a ser impulsar todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos y descubrir la verdad, con una prioridad clave que es proteger a la víctima y evitar su revictimización”, afirmó el abogado.

En ese camino, una de las medidas que analizan impulsar es la declaración testimonial del propio denunciante, quien hasta el momento no declaró en sede judicial. “A día de hoy no consta en la causa ninguna declaración del joven sobre los hechos de los que fue víctima. En su momento se pidió, pero el juez lo rechazó por considerar que se lo iba a revictimizar”, explicó.

Sin embargo, para la querella, ese escenario cambió. “Hoy él es mayor de edad y creemos que su declaración tiene que ser introducida en el proceso sí o sí. Lo vamos a pedir”, adelantó a este medio Capdevila, quien agregó que se evaluará si ese testimonio se realizará de manera presencial o virtual. Ello dado que el joven, meses después de radicada la denuncia en 2024, eligió mudarse a otra provincia por su seguridad.

Sucede que Jorge R., trece días después de ser detenido, recibió el beneficio de la excarcelación bajo caución juratoria y volvió a su puesto de trabajo como docente en una escuela de gestión privada (en el mismo establecimiento al que asistía la víctima). Una situación que, reconoció el joven, lo expuso y dañó emocionalmente.

Tras viralizarse el caso en redes sociales, el docente se presentó voluntariamente ante una comisaría posadeña el 9 de abril pasado y fue entonces que el Juzgado interviniente ordenó su detención. Algo que el joven pudo resumir: “Me generó miedo como libertad”.

Al respecto, Fernández Capdevila sumó que “el hecho de que el imputado esté detenido le da muchísima más seguridad” al denunciante. Algo que podría derivar en la posibilidad (de darse los tiempos, recursos y voluntades) de que el joven regrese a la provincia para brindar su relato ante el juez Fernando Verón.

El abogado también puso el foco en las consecuencias que tuvo para la víctima convivir con su presunto agresor incluso después de la denuncia. “Tuvo que soportar algo realmente muy difícil: convivir prácticamente con su abusador durante años. Cuando lo liberan y le otorgan la excarcelación, él vuelve a trabajar en el mismo colegio al que asistía la víctima y su hermanito. Lo veía todos los días, en los recreos, en el patio. Incluso había una prohibición de acercamiento que ni siquiera se respetó”, reclamó.

Responsabilidad penal clara

En paralelo, la querella avanza con nuevas testimoniales y no descarta ampliar el alcance de la investigación. “Nosotros vamos a buscar el esclarecimiento de los hechos y, una vez que se descubra la verdad, repartir responsabilidades”, sostuvo Capdevila.

“No sólo respecto del imputado, cuya responsabilidad penal es clarísima, sino también revisar qué instituciones fallaron y qué cosas se hicieron mal. No se trata solo de mirar hacia atrás, sino de evitar que esto vuelva a ocurrir”, argumentó.

Consultado sobre el origen de su intervención en la causa, el abogado recordó que tomó contacto a partir de un video difundido en redes sociales. “Hay una frase que él dice en el video que es ‘me dejaron solo’. Eso nos interpela y nos hace preguntarnos qué podemos hacer. Si alguien sufre lo que él sufrió y el presunto victimario puede estar libre sin consecuencias, uno siente que lo que hace no sirve para nada”, reflexionó.

Sobre la excarcelación

Jorge R. permanecía en libertad desde el 16 de abril del 2024, tras ser liberado bajo caución juratoria y con determinadas prohibiciones (entre ellas, el acercarse a la víctima o a su familia). Por entonces, la fiscal interviniente, Adriana Herbociani, apeló esa resolución judicial, lo que llevó a que el expediente fuera revisado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Posadas.

Fue este tribunal de segunda instancia el que, en diciembre del 2024, dictó la nulidad del fallo del juez Verón que excarcelaba al docente, por considerar que la medida carecía de fundamentos y que no había sido contemplada la perspectiva de género ni de protección de los derechos de víctimas de abuso sexual, así como tampoco los derechos reconocidos en la Convención del Niño.

Tomado conocimiento de ese antecedente en el expediente, el abogado Capdevila reconoció que “fue un error importante darle la excarcelación, porque estaban dados los presupuestos para dictar la prisión preventiva”.

Al ser consultado sobre la factibilidad de pedir la inhibición del juez, el letrado lo descartó. “Creemos que los magistrados son seres humanos, se pueden equivocar, y para eso están los tribunales de alzada, para hacerles saber cuando un fallo fue errado”, señaló.

Aunque reconoció demoras en la detención, evitó atribuirlas a mala fe.

“Los juzgados tienen miles de causas, el sistema está supersaturado y, para la Justicia, dos años no son tantos. Confiamos en la Justicia misionera”, defendió.

Apartado del aula después de años

Horas antes de su arresto el 9 de abril, el Instituto San Basilio Magno, colegio en el que trabajaba Jorge R. como docente de informática, lo había apartado de sus tareas frente al aula.

Algo que no había sucedido en estos dos años, ya que una vez que fue liberado en abril del 2024 bajo caución juratoria, el fallo del juez Fernando Verón no dictaba en ninguno de los puntos inhabilitación laboral ni impedía que el sospechoso trabajara en contacto con niños, niñas y adolescentes.

Por la viralización del caso pero especialmente por las propias exigencias de padres y madres del Instituto que, tras conocer el relato de Emiliano, pidieron explicaciones, fue que el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) pidió su “apartamiento físico urgente” de la escuela, así como otra medida de protección para las y los estudiantes.