Sin retorno

Hace casi un año hubo una reunión para intentar salvar el rumbo del judo en Misiones, pero los actores estuvieron lejos de acercar posiciones y la situación pasó a un punto sin retorno. Las denuncias que en ese momento eran rumores se materializaron contra la Federación Misionera de Judo y su presidente, Víctor Galeano, al punto que la Confederación Argentina de Judo (CAJ) se metió, pero desde la propia Federación respondieron.

El 15 de agosto de 2019, El Territorio dio a conocer el fuego cruzado que existía entre la Federación Misionera y varios profesores y judocas que denunciaron irregularidades en los Juegos Misioneros de 2019 y también en la gestión actual. Esa mañana en el polideportivo Finito Gehrmann de Posadas, el ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, ofició de mediador, pero todo quedó en intenciones.

En octubre esos profesores crearon la Asociación de Judo, Defensa Personal y Disciplinas Afines de Misiones, para tener entidad y poder trabajar por fuera de la Federación. El 13 de diciembre del año pasado, 12 asociaciones presentaron su renuncia irrevocable a la Federación Misionera de Judo con sus respectivas cartas documento y se pasaron a la Asociación. Antes de esa fecha y durante los primeros días de 2020, otros dojos también abandonaron la Federación y por eso gran parte de los judocas de la Tierra Colorada quedaron fuera de la Federación.

Esto motivó a que el Ministerio de Deportes le consultara a la CAJ a qué entidad debía reconocer. En enero de 2020 la respuesta llegó de parte de Oscar Cassinerio, presidente de la CAJ, que dejó entrever la problemática trama dentro del judo misionero. El Ministerio podía reconocer a ambas “hasta que se tome una decisión sobre el tema”.

Esa frase también dejó claro que la CAJ iba a intervenir y que el futuro del judo en la Tierra Colorada está lejos de ser armonioso. La pandemia del coronavirus afectó el normal actuar en las cuestiones legales y por eso se retrasaron algunos encuentros, aunque a principios de junio hubo reunión del Consejo Federal de la CAJ y se conformó un Tribunal de Disciplina para analizar la situación en la Tierra Colorada.

Las denuncias

En la reunión vía Zoom que tuvo el Consejo Federal de la CAJ, que está conformado por los presidentes de todas las federaciones del país, Oscar Cassinerio presentó las denuncias contra la Federación Misionera de Judo y contra el presidente Víctor Galeano. La reunión duró casi tres horas y se determinó la conformación del Tribunal de Disciplina, que tendría seis meses para analizar la situación en la provincia y para dar un veredicto. Antes de tomar una decisión, el tribunal escucharía la defensa de Galeano y luego daría a conocer la decisión definitiva.

El jueves pasado se reunió el Tribunal de Disciplina y Eduardo Mariño Rey, uno de los integrantes de ese tribunal, y confirmó que “se tomaron seis denuncias, que son las más graves contra la ética, contra el deporte”. 

“Todo esto empezó el año pasado, en el torneo Clausura en Corrientes, y los profesores trajeron todas las pruebas. Se escuchó a todos los maestros de Misiones y hay varias que tienen que ver con la ética, que no podemos creer cómo pasaron esas cosas”, se lamentó Mariño Rey.

“Hay pruebas y nosotros, como tribunal, tenemos que resolver el tema. Galeano tendrá el derecho a defenderse y luego tomaremos la decisión. Veremos si será suspender o expulsar a quien corresponda”, adelantó Mariño Rey, dejando claro que la salida tendrá consecuencias directas para el deporte en Misiones.

Las denuncias más graves contra la Federación Misionera son dos. La primera es porque el judoca Brian Acuña fue, según un video que se presentó en el Consejo Federal, “obligado” a participar en una categoría inferior en el torneo Nacional Apertura, realizado en Bariloche en abril de 2019.

El mismo Acuña, quien prefirió no hablar con este medio, confesó mediante un video que “por pedido de su sensei” participó en una categoría inferior. Esa prueba la tiene el Tribunal de Disciplina y en el video el joven misionero pide perdón y también protección al presidente de la CAJ, por lo que pudiese pasarle ante posibles represalias.

Otra de las denuncias que tomó la CAJ fue la de un judoca, quien también pidió quedar en el anonimato hasta que se resuelva el caso, que fue inscripto en un curso para árbitros con una graduación que no tenía. El curso era para cinturones negros y superiores y el denunciante reconoció que fue “obligado” a participar, sabiendo de que era cinturón verde. La situación fue advertida por varios dirigentes en ese lugar y ese sería el motivo para otro accionar contra la ética dentro del deporte.

Por otro lado, el presidente de la CAJ le solicitó a Galeano los balances de los últimos años, para cruzar datos, ya que el propio Cassinerio explicó que “en la Confederación Argentina tenemos anotados todas las graduaciones que se pidieron y los exámenes que se realizaron”, en referencia a otra acusación sobre los exámenes tomados en la Tierra Colorada.

Además, hay otras tres acusaciones que el tribunal está analizando, pero de las cuales no dieron mayores detalles.

Puertas adentro

Esas denuncias que se presentaron ante la CAJ y que está analizando el Tribunal de Disciplina tendrán respuesta, seguramente, antes de fin de año. Pero sobre la Federación Misionera de Judo caen otras presentaciones, que nada tienen que ver con el deporte, sino con la administración de la gestión Galeano.

En esa reunión del 14 de agosto del año pasado, el grupo disidente, que luego formó la Asociación de Judo, dio a conocer su malestar por el manejo de Galeano y que había ciertas irregularidades, aunque no habían presentado las pruebas correspondientes en su momento.

“Si hay irregularidades, que vayan a la Justicia”, expresó en ese momento Galeano y los abogados que llevan adelante el caso tomaron esa frase de manera literal. Presentaron varias pruebas ante la Justicia misionera, ya que explican que son faltas graves y piden la anulación de las últimas asambleas, en una de las cuales Galeano fue reelecto como presidente por el período 2017-2022.

Además exponen que hay una falla muy grave porque “es de público conocimiento que la Revisora de Cuentas, Margarita Cristina Michel, es pareja del presidente, Víctor Galeano, y eso está prohibido por ley”. Esa frase aparece en uno de los expedientes que está en la Justicia de Misiones.

Lo cierto es que en las actas a las que pudo acceder El Territorio, tanto Galeano como Michel presentan direcciones diferentes y según las actas de la asamblea, luego presentadas en Personería Jurídica de Misiones, figuran como solteros en el ítem de estado civil.

De todas maneras, la revisora de cuentas es la madre de dos de los hijos del presidente de la Federación Misionera y, según los vecinos de Villa Blosset (dirección que figura en la presentación de datos en la asamblea), “ella vive en otro lado con su familia”. Es decir, la dirección legal está en el barrio costero de Posadas, pero los mismos vecinos afirmaron que no reside en ese lugar.

Por su parte, Personería Jurídica aprobó los balances de la Federación Misionera, los cuales hace varios años son firmados por Michel y que luego fueron ratificados por el Director de Personería Jurídica, Héctor Franco.

Las denuncias están en los juzgados y en el Tribunal de Disciplina de la CAJ, según corresponden, y ahora habrá que esperar tanto a los tiempos de la Justicia misionera como a los de la Confederación Argentina, pero hay una cosa que, lamentablemente, será inevitable: el judo misionero se verá seriamente perjudicado.

Si bien el presidente del la CAJ avisó que “todos los judocas misioneros quedarán bajo el amparo de la Confederación Argentina” tras la decisión del Tribunal de Penas, el golpe para el deporte ya fue dado. Las diferentes situaciones llevaron a la división y la imposibilidad de poder sentar a todos, al menos por ahora, en la misma mesa. La lupa está puesta sobre el tatami.