La plaza 9 de Julio de Posadas fue el escenario ayer de una movilización entrecruzada por diversos protagonistas y actores sociales, pero todos ellos unidos por dos de los sentimientos más difíciles de afrontar: el dolor y la impotencia.

La convocatoria inicial fue en el marco de la sexta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, pero el triste contexto también hizo que a la manifestación se sume la consigna de reclamar justicia por el fallecimiento de Cristina Vázquez, la mujer misionera que a fines del año pasado fue absuelta después de permanecer once años presa por un crimen que no cometió.

Justamente, fue Ismael Décima, padre de Lucas -joven asesinado por la Policía bonaerense en 2017-  y uno de los oradores principales de la movilización, el que recordó a Cristina y por quien pidió un minuto de silencio, además de exigir un pronto esclarecimiento de su fallecimiento.

“Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más”, fue la consigna principal de la intervención que también se realizó en Jardín América y que busca, principalmente, exigir el cese de la violencia institucional y de los casos de gatillo fácil, problemática que en Misiones dejó tres víctimas seguidas a fines del año pasado: Víctor Márquez Dos Santos (17) en Santa Ana; Reinaldo Andrade (37) en El Soberbio y Luciano Villalba (18) en Apóstoles.

El contexto provincial y nacional, al que se le suma la desaparición de Facundo Castro Astudillo, hecho por el cual la Policía bonaerense aparece bajo sospecha, parece tornarse una peligrosa constante y requiere de medidas urgentes de parte del Estado. (Ver página 14...)

“Queremos justicia”
“Yo siento que después de todos los casos que hubo nada cambió. Esto es como la violencia de género, todos salimos a decir que no y cada vez se incrementa más. Acá pasa lo mismo. Nosotros estamos a favor de una reforma judicial por nuestros casos, en que la mayoría somos pobres, donde hay violencia de género de por medio, como en el caso de Cristina, en donde si no tenés un abogado de algún organismo u organización que te acompañe estás entregado a la desidia, porque quizás un abogado del Estado tiene otros 80 casos”, expresó Décima en diálogo con El Territorio.

Y continuó: “Nuestra idea es hacer que esto cambie. Para eso tratamos de que no se borre la memoria, de ayudarnos. Todo este grupo pertenece a la campaña contra la violencia institucional. Ahí la teníamos a Cristina entre nosotros, también está Cecilia Rojas -compañera de causa de Vázquez y también absuelta junto a ella-”.

En una sociedad crispada por diversos temas y en la cual muchas veces primero aparece la estigmatización antes que la empatía, Décima reflexionó que “ningún familiar de acá, y esto lo tomamos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también, quiere venganza por mano propia. Nosotros queremos justicia. Queremos que los jueces, fiscales y la Justicia en sí, cumpla su rol y que si hay un culpable, que pague. Nosotros vemos que siempre hay un favoritismo hacia las fuerzas de seguridad. Y tampoco queremos comprarnos el discurso del enfrentamiento, siempre fuimos eso, desde 1810, morenistas contra saavedristas, federales contra unitarios, siempre hubo y hay, pero nosotros queremos, desde nuestro lado, bajar las tensiones”.

Entre los familiares de víctimas de casos de gatillo fácil también estaba María Francisca Amarilla (56), la madre de Arnaldo “Nano” Amarilla (35), asesinado en un procedimiento de la Policía ejecutado en el barrio A3-2 de Posadas en julio de 2018.
“Uno se siente impotente porque cada vez hay más chicos muertos por policías, policías que en vez de cuidar, matan. Es injusto y más todavía si los chicos no están haciendo nada, como mi hijo que estaba sentado frente a mi casa. Duele mucho”, expresó la mujer.

Y, en sintonía a Décima, luego señaló que “yo quiero justicia. Si un pibe mata a un policía ese pibe va a la cárcel sin pensar mucho, pero un policía no”.

La mujer estaba acompañada por el letrado Horacio Komcke (47), que representa a la familia como querellante particular en la causa. Por el caso de Amarilla hay dos policías involucrados: Emanuel Esteban Soley, procesado con prisión preventiva como autor del hecho, y David Salomón Villalba, acusado como partícipe secundario.

Respecto de la situación del expediente, Komcke indicó que “la causa está en la cámara -de Apelaciones-. Otra vez pidieron la liberad de Soley porque ya cumplió dos años en prisión preventiva. El juez (Ricardo) Balor pidió una prórroga de un año de la preventiva”.

Cristina y el Estado responsable
En la continuidad de la intervención, también hablaron ante el público otros familiares de víctimas de casos de violencia institucional y allegados a personas actualmente privadas de su libertad en causas que consideran irregulares, además de actores de diversos organismos sociales que acompañan a los damnificados.

En esa instancia, volvieron a exigir el esclarecimiento de la muerte de Cristina Vázquez, situación en la cual los indicios recolectados apuntan a un suicidio.

Pero, al margen de ello, también aprovecharon para expresar duras críticas tanto hacia el aparato judicial misionero que la condenó, como al poder político y al Estado en general que, tras su absolución dictada después de once injustos años bajo encierro, la dejaron al desamparo.

“No había un solo elemento que hubiera hecho presumir siquiera que ella podía haber cometido el crimen. La forzaron todo este tiempo a tener que probar su inocencia. Salir de ahí con el estigma, la persecución que tuvo la afectó. El Estado directamente se retiró y esta es la consecuencia”, había expresado unas horas antes en diálogo con Radioactiva 100.7 la abogada Roxana Rivas, quien a la tarde también estuvo presente en la plaza 9 de Julio.