Paz cercada por las dudas

Los acuerdos rubricados en Colombia en el 2016 entre los referentes máximos de los guerrilleros que componían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el por entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos buscaban terminar la lucha de más de cinco décadas que dejó por lo menos 220.000 muertos y casi seis millones de desplazados. Pero persistía un temor detrás del pacto de paz: que muchos de los miles de combatientes que obtuvieron la llamada amnistía no permanecieran dentro de la vida civil y retornaran tanto a las selvas como al uso de las armas para intentar imponer sus ideales a través de la fuerza.
El grupo de estudios académicos Dentro del Crimen, que analiza el accionar de los grupos delictivos organizados en Colombia, estima que hay más de 2.800 guerrilleros disidentes de las Farc, es decir aquellos que no aceptaron los últimos acuerdos de paz firmados; esa cifra representa casi el 30 por ciento de todos los milicianos que tenía el grupo antes de los pactos.
Junto con el rearme de los grupos díscolos, otro es el factor que levanta las sospechas de la población civil: las impensadas alianzas que se están concretando entre grupos que antaño eran más que antagónicos.
Según un artículo publicado por el New York Times en español, “algunos de los rebeldes ahora portan la insignia del Frente Virgilio Peralta Arenas, banda criminal a la que las autoridades acusan de masacrar a civiles y de narcotráfico. Ese grupo alguna vez peleó contra las Farc, pero los rebeldes dicen que ahora trabajan juntos para fines de protección mutua. Eso podría significar que en un futuro no tan lejano los ex guerrilleros se asemejen más a un grupo de delincuencia organizada que al ejército de marxismo revolucionario que establecieron en los años sesenta”.
De acuerdo a la ya referida publicación, “esto es parte de la historia trágica de Colombia: un modo de violencia que se transforma en otro ante la ausencia de un Estado legítimo. Los acuerdos de paz son una oportunidad que puede o no ser aprovechada, y aquí eso se va perdiendo día por día”, aseguró Cynthia Arnson, quien se desempeña como directora para América Latina del Centro Woodrow Wilson.
Otra cuestión cardinal se centra en el accionar ambivalente de los líderes de los grupos revolucionarios. Un ejemplo es el de Iván Márquez, el segundo de las Farc, uno de los ex guerrilleros de alto mando que posee un paradero desconocido en los últimos días: no fue visto en más de un mes y muchos temen que retornó a la lucha armada. “Si Iván Márquez deja el proceso de paz y se une a los disidentes, entonces todo el proceso podría fracasar”, aseveró de su parte Jeremy McDermott, codirector de la organización Dentro del Crimen. Aunque dentro de los propios díscolos impera una idea: están en conocimiento que no poseen ni el armamento, ni la cantidad de apoyos civiles ni la logística para pretender derrocar a las autoridades, ni siquiera de mantener la lucha constante contra los uniformados del Ejército ni contra las fuerzas policiales provinciales.
El presidente Iván Duque, durante su visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el municipio de Fonseca en La Guajira, les manifestó su compromiso a los ex miembros de la antigua guerrilla de las Farc. “Vamos a cumplir a los que genuinamente están realizando su proceso de reincorporación con verdad y no con armas”, dijo el presidente en la reunión con los ex miembros de las Farc. El mandatario llegó al ETCR el viernes pasado en las horas de la mañana acompañado del enviado especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore; el jefe misión de la ONU, Jean Arnault, y la embajadora de la Unión Europea, Patricia Lombart.
El sostenimiento económico de los ex combatientes de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz es para la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, uno de los puntos más graves de la implementación que necesita atención y solución urgentes. Así lo expresó Arnault ante el Consejo de Seguridad de ONU. “La mayoría de quienes están en el proceso de reincorporación no tienen más perspectiva económica que el estipendio mensual que reciben y que terminará en agosto del año próximo”, indicó Arnault.
Otra preocupación se centra en la escasa implementación de proyectos productivos que deberían ser la solución económica para la reintegración de por lo menos 14.000 ex combatientes.
Según explicó, “de las tres decenas de proyectos presentados, sólo 17 se han aprobado y sólo dos tienen la respectiva financiación”.