Oberá: cobraba estacionamiento como fachada para vender droga en plazas

Domingo 20 de octubre de 2019 | 08:40hs.
El ardid expuesto se concretaba en la plaza Güemes, en plena zona céntrica de Oberá. | Foto: El Territorio/Archivo
Daniel Villamea

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

El 15 de julio pasado,el Juzgado Federal de Oberá dispuso el procesamiento con prisión preventivadeDiego Javier D. R. por considerarlo prima facie autor del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Hasta el momento de su detención, el sujeto se desempeñaba como cobrador del estacionamiento tarifado de la Municipalidad de Oberá, actividad que le habría servido de fachada para la venta de drogas, según lo determinaron las pesquisas.
Precisamente, tal como se cita en el expediente 1842/2019, la investigación fue ordenada por la propia Justicia Federal a partir de una publicación del diario El Territorio donde se expuso la problemática de la venta y consumo de sustancias prohibidas en la plazoleta Güemes de Oberá, ubicada en pleno centro de la ciudad, como también en el barrio Caballeriza.
Incluso, la situación fue alertada por familiares de personas que asisten a Narcóticos Anónimos (NA), quienes semanalmente se reúnen en sede de la diócesis de Oberá de avenida Sarmiento, justo frente a la plazoleta Güemes.
“Lasactuacionestuvieron sugénesisaraízdeuninforme periodístico obrante en el diario El Territorio”, se cita en una reciente resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas que rechazó el pedido de excarcelación presentada por la defensa del empleado municipal.
El mismo dictamen indica que a partir de dicho informe periodístico“seencomendó a la División ToxicomaníaURII de Oberá que efectúe las correspondientes tareas de investigación”, las cuales derivaron en la detención de Diego Javier D. R. y dos presuntos cómplices.

Las pruebas
Según se estableció, el imputado se desempañaba “como personal de cobro de estacionamiento delaMunicipalidaddelalocalidaddeOberá,cumpliendofunciones enlascallesaledañasalaPlazaSanMartínyrealizandoensuhorario de trabajo actividadeseninfracciónalaLeydeEstupefacientes,esta circunstancia fue advertida por vecinos de la zona, residiendo el mencionado en calle A. Gastaldo, entre calle Apóstoles Norte y Puerto Belgrano de Oberá”, consta en el expediente.
En base a las pruebas, entre ellas fílmicas, se ordenó una serie de allanamientos, al tiempo que el 7 de julio personalpolicial interceptó a un presunto comprador en Villa Gunther, quien manifestó que el empleado municipal le vendió droga.
“… la sustancia la adquirióeneldomiciliodeD. R.,porunmontode500 pesos”, precisa la causa.
Asimismo, tareasdevigilancia efectuadas en el domicilio del imputado dieron cuenta del fluido ingresoyegreso de personas en diferentes horarios. En tanto, larequisapersonaldel sujeto diocomoresultado el hallazgo de 535 pesos.
“Se continuó con la inspeccióndelamoradadel encartado, obteniéndose como resultado un envoltorio plástico queconteníaunasustanciade color blanca polvorienta de similares características a la cocaína; además, contiguo a este envoltorio, se incautó un billete de 500 pesos y un estuche tipomonederoencuyointeriorfueronhabidos cuatro envoltorios similares al anterior.Elpesajearrojóuntotalde seisgramosdeclorhidratodecocaína”, incida el expediente.
En el allanamiento también se incautaron cuatro teléfonos celulares y una billetera femenina con 29recortesdeenvoltoriosplásticos y dos envoltorios con cocaína, cuyo pesaje fuedeochogramos. Todos elementos que avalaron la prisión preventiva.

Continúa en prisión
Por su parte, en el escritodeapelaciónla defensa del empleado municipal atacó la calificación argumentando que “no se logró construir el necesario grado de certeza respectode lafinalidaddecomercializacióndelestupefacienteporpartedeD. R.”.
Enesesentido,se expresóque“noexistenelementosobjetivosen autos que logren dar fundamentoaloresueltoyquelosregistros fílmicos no resultan categóricos para demostrar lafiguraimputada, loqueimplicaunaafectación directa a las garantías constitucionales de defensa enjuicioydebido proceso”.
Enbaseaesosargumentosconcluyóquealnohaberindicios suficientes, es decir en caso de duda,deberáaplicarseelprincipio“in dubioproimputado”.
De todas formas, para la Cámara el allanamiento realizado y la sustancia hallada en el domicilio del imputado “se erigen como extremos de convicción por demás suficientes,paraqueenesta etapaprocesal se justifique la calificación legal atribuida al imputado D. R.”.
También se remarcó que parael caso se entiendeque“laprisiónpreventivaopera dentro de sus justos parámetros legalesquehabilitanamantenerla, pues ésta en modo alguno puede ser entendida comounfinensí misma, sino y como bien lo destaca este Tribunal de Alzada,comoun medio eminentemente asegurativo a los efectos de alcanzar los más altosvaloresdeverdadyjusticia”.
Además, la resolución indica queellapsoenqueoperaladetencióndel imputado no resulta irrazonable habida cuenta que fue detenidohace recién tres meses.
Por ello, los jueces MarioOsvaldoBoldú, Mirta Delia Tyden de Skanata y Ana Lía Cáceres de Mengoni resolvieron no hacer lugar al recurso de apelación y confirmaron la prisión preventiva contra el obereño.


Flagelo que crece

“La droga no da tregua, hace estragos y, ante cada esfuerzo por combatirla, los traficantes responden con nuevas estrategias de comercialización, al punto que tiempo atrás detectaron un puesto de venta en la plazoleta Güemes, justo frente a la sede local de Narcóticos Anónimos (NA), situación que disparó la investigación que derivó en la detención del empleado municipal”.
La descripción corresponde a una nota publicada por este matutino a principios de año, dando cuenta de una realidad que golpea a los diferentes estratos de la comunidad obereña.
La situación de la plazoleta Güemes fue alertada por un grupo de madres que habitualmente acompañan a sus hijos a las reuniones de autoayuda y los esperan en la plazoleta. Así, observaron operar a los traficantes a pocos metros de la Seccional Primera de Policía.
Posteriormente, desde la Pastoral de Adicciones reclamaron acciones concretas para combatir el flagelo, al tiempo que brindaron una serie de datos que estremecen y exigen medidas concretas.
En promedio, el consumo en Oberá se inicia a los 10 años. A esa edad los chicos fuman marihuana, aspiran tolueno y combinan clonazepan con alcohol. También se dieron casos de niños de 5 años que consumen, alertaron
Explicaron que el narcomenudeo que se nutre de menores que venden para consumir, futuros “soldaditos” de la organización, y en todos los barrios hay “kioscos” de drogas.
En tanto, alrededor del 70 por ciento de los menores judicializados son consumidores de sustancias adictivas, mientras que en los últimos cuatro años se incrementó un 15 por ciento el delito juvenil.

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