Paraguay: renunció el titular del Banco Central, detuvieron a directivos de Ueno Bank y la oposición va por el juicio político a Peña

La crisis por la caída de Ueno Bank se profundizó en Paraguay y dejó al presidente Santiago Peña en el centro de la tormenta. En pocas horas renunció el titular del Banco Central, hubo detenciones de directivos de la entidad, un juez ordenó embargos por decenas de millones de dólares y la oposición anunció que avanzará con un juicio político contra el mandatario y el vicepresidente Pedro Alliana.

Peña había pedido la renuncia de Carlos Carvallo a través de su cuenta de X. El Senado aceptó la dimisión y el directorio designó a Liana Caballero como presidenta interina del organismo. El mandatario también acordó con los presidentes de ambas cámaras del Congreso tratar una ley para usar el Fondo de Garantía y pagar de inmediato a los ahorristas, e intentó acotar el alcance del problema: “Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional”.

Cómo se llegó a la intervención

El Banco Central resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, la sexta entidad más grande del país, después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. Se designaron 120 interventores y el banco cerró sus puertas. Sus sucursales, la aplicación y las tarjetas quedaron fuera de servicio, con activos y pasivos congelados.

El desenlace fue abrupto. Cuatro días antes, la entidad había anunciado un plan de capitalización por 100 millones de dólares, y en marzo declaraba un ratio de capital total del 15,01%, por encima del mínimo regulatorio del 12%. Según contó Carvallo, el proceso técnico había comenzado en junio, cuando la Superintendencia de Bancos detectó indicios de créditos a empresas vinculadas al grupo controlador. El propio Carvallo había presidido la Financiera Ueno antes de asumir en el Banco Central en 2023, un antecedente que quedó bajo cuestionamiento político.

Detenidos, prófugos y embargos

Pocas horas después de la intervención, la Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos en la causa 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”. Entre ellos figuran el presidente del banco, Juan Manuel Gustale, y la vicepresidenta segunda, Diana Leticia Mongelós. Los dos primeros en quedar bajo custodia fueron Julio Daniel Rey Fernández y Mariana Torres Rubiani, que serán convocados a declarar este miércoles.

La pieza central llegó por la tarde. Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y CEO de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez, se presentó por su cuenta en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Hasta ese momento, la Policía custodiaba su casa en el barrio La Piedad, de Asunción. Según los últimos reportes, seis de los ocho directivos con orden de captura ya fueron detenidos y dos continúan prófugos, uno de ellos fuera del país.

En paralelo, el juez civil Walter Mendoza ordenó el embargo preventivo del patrimonio de las empresas accionistas y de los directores del banco, por montos de hasta 70 millones de dólares y 1,6 billones de guaraníes. El Banco Central había solicitado la medida sobre los bienes de U Holding, el Grupo Vázquez y los directivos, para que esos activos respalden la devolución de los depósitos.

Los ahorristas, los fondos públicos y la presión política

Ueno Bank tenía depósitos por 2.836 millones de dólares a septiembre y más de 2,94 millones de clientes. El Fondo de Garantía cubre hasta 228.300.000 guaraníes por depositante y por entidad, unos 38.000 dólares, y el Banco Central estima que entre el 97% y el 99% de los depositantes quedaría totalmente cubierto. El organismo activó el fondo y anunció que los primeros pagos se harán a más tardar el viernes, antes del plazo de 15 días que fija la normativa, con la intención de adelantar el pago de hasta 10 millones de guaraníes.

El impacto alcanza al Estado. El Instituto de Previsión Social (IPS) tiene unos 355 millones de dólares en el banco y los fondos de unos 32.000 jubilados que cobraban allí, además de depósitos de la ANDE, de Itaipú y del Ministerio de Economía. El IPS aseguró que los jubilados cobrarán sus haberes y el aguinaldo en las fechas previstas. En Asunción, un comerciante contó que fue a retirar dinero para pagar a su personal y que deberá endeudarse para cumplir el viernes: “tengo que cumplir con la gente”.

La oposición fue por más. El Bloque Democrático anunció que impulsará el juicio político contra Peña y Alliana, y el PLRA y el llamado tercer espacio presentarán el libelo acusatorio. El procedimiento, previsto en el artículo 225 de la Constitución, comienza en Diputados, donde se necesitan dos tercios de los votos, y luego el Senado actúa como tribunal. La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, adelantó una denuncia contra los directivos del banco y pedirá prisión preventiva. Además, un grupo ciudadano convocó a una movilización en el microcentro de Asunción para exigir la renuncia del presidente. Alliana, por su parte, consideró imprescindible que el Banco Central actúe con firmeza, celeridad y rigor.