Los embargos fiscales agravan la crisis y empujan a trabajar en la informalidad

La caída de las ventas y las dificultades para cumplir con las obligaciones tributarias están llevando a numerosas pequeñas y medianas empresas (pymes) a una situación cada vez más delicada. En ese contexto, los embargos de cuentas bancarias por deudas fiscales agravan los problemas de liquidez y limitan la posibilidad de mantener la actividad comercial, según advirtió Vicente Lourenzo, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y coordinador de su Comisión de Asuntos Tributarios.

Vale recordar que semanas atrás se conoció que los embargos de Arca aumentaron un 52% entre enero y agosto del presente año con respecto a igual periodo del año anterior. En ese crecimiento se distinguió que el 80% de las firmas afectadas son consideradas microempresas.

El dirigente de Came, en diálogo telefónico con El Territorio, señaló que la preocupación se extiende a todo el país y que muchas empresas, ante la falta de recuperación de la actividad, comenzaron a incumplir los planes de pago que habían acordado con el organismo recaudador. Cuando esos planes caen, se activa el procedimiento de intimación administrativa y, según explicó, en un plazo de diez días puede iniciarse la ejecución fiscal.

“Las empresas son víctimas de embargos que lo único que hacen es empeorar la situación, porque con el embargo no se recauda más, sino que lo único que hace es trabar el poco funcionamiento comercial que puede tener la empresa”, sostuvo Lourenzo.

El problema es que, al quedar inmovilizados los fondos de las cuentas bancarias, los comerciantes pierden capacidad para pagar a proveedores, afrontar gastos corrientes y sostener las operaciones, lo que puede profundizar las dificultades que originaron el incumplimiento.

Menos liquidez y más informalidad

La presión financiera también está llevando a algunas pymes a buscar alternativas para continuar cobrando y pagando mientras intentan regularizar sus deudas. Lourenzo mencionó que ciertos comerciantes recurren a billeteras virtuales, como Mercado Pago, para operar sin que sus movimientos se vean afectados de la misma manera que las cuentas bancarias alcanzadas por los embargos.

“Muchos encontraron la salida de seguir utilizando Mercado Pago, porque pareciera que no llega como el embargo se hace vía sistema bancario, a través del Banco Central”, explicó.

Según el dirigente, esta alternativa permite a algunas empresas mantener parcialmente su operatoria hasta resolver su situación fiscal, aunque refleja las dificultades que enfrentan para seguir funcionando dentro de los canales habituales.

El escenario genera preocupación entre las entidades empresarias, que advierten que la interrupción de los movimientos comerciales puede terminar perjudicando tanto a las empresas como a la propia recaudación. En lugar de facilitar el pago de las obligaciones pendientes, sostienen, los embargos pueden reducir la capacidad de generar ingresos y dificultar aún más la cancelación de las deudas.

Came reclama una moratoria amplia

Frente a este panorama, Came había presentado entre mayo y junio un pedido al ministro de Economía, Luis Caputo, para que se suspendieran las ejecuciones fiscales durante 60 días y se estableciera una moratoria amplia de hasta 60 cuotas. La propuesta no contemplaba únicamente las deudas vencidas, sino también aquellas obligaciones que ya estaban incluidas en planes de pago vigentes.

El objetivo, explicó Lourenzo, era darles a las empresas un margen para reorganizar sus compromisos y distribuir las obligaciones en el tiempo, con la expectativa de poder afrontarlas cuando mejorara la actividad económica.

El dirigente recordó que la suspensión de ejecuciones fiscales ya había sido aplicada anteriormente por el Gobierno nacional y que el sector solicitó reiterar esa medida ante el deterioro de la situación empresarial.

Sin embargo, aseguró que la entidad no obtuvo respuesta al planteo. Por ese motivo, Came trasladó sus reclamos a los bloques legislativos, aprovechando el tratamiento del proyecto conocido como Inocencia Fiscal, con la intención de incorporar la suspensión de las ejecuciones, la moratoria y una reducción del valor de las multas.

De esas propuestas, según relató, la iniciativa que finalmente avanzó fue la vinculada con la disminución de las sanciones económicas. Lourenzo mencionó reducciones del 25% y, en determinados casos, del 50%, según la antigüedad de las multas.

No obstante, remarcó que los principales pedidos para aliviar el endeudamiento de las pymes continúan sin una respuesta satisfactoria.

“Le hemos pedido al Ejecutivo, le hemos pedido al Legislativo, ya no sabemos a quién pedirle”, expresó, al advertir que las dificultades financieras se agravan a medida que la actividad comercial continúa sin repuntar.

Fronteras e inundaciones agravan la crisis

El dirigente también reconoció que las empresas de algunas regiones enfrentan problemas adicionales que profundizan las dificultades generales del sector. En Misiones, a la caída de las ventas y la presión tributaria se suman la competencia de productos provenientes de Brasil y Paraguay, además de las consecuencias de la actividad comercial ilegal en las zonas de frontera.

En ese sentido, indicó que Came cuenta con una delegación dedicada a la economía de frontera que presentó un planteo ante el Ministerio de Economía, con especial énfasis en el contrabando y el ingreso de mercadería ilegal. Se trata de una preocupación que afecta a los comercios locales, que deben competir con productos que ingresan por fuera de los canales formales.

A ese escenario se agregan las consecuencias de las inundaciones en distintas zonas del Litoral argentino. Consultado sobre la posibilidad de impulsar medidas especiales para las empresas perjudicadas por estos fenómenos, Lourenzo reconoció que la región atraviesa una situación compleja, aunque aclaró que hasta el momento no se había presentado un pedido formal de emergencia para la Mesopotamia.

“Lo que estamos viendo que es más grave ahora es el tema climático, pero todavía no hemos presentado un pedido de emergencia dentro de la región. Todo lo que es la Mesopotamia está realmente muy complicada con las inundaciones”, señaló.

La situación plantea un desafío adicional para las pymes que, además de enfrentar menores ventas, deudas tributarias y dificultades para acceder a financiamiento, deben afrontar pérdidas o interrupciones de su actividad por causas climáticas.

Para las entidades empresarias, el reclamo de alivio fiscal se vincula así con la necesidad de evitar que las medidas de cobro terminen profundizando la crisis de empresas que ya tienen dificultades para sostener sus operaciones.