La muerte de un joven misionero por intoxicación con plomo destapó una presunta red de explotación laboral y hay cinco detenidos

La muerte de un trabajador misionero de apenas 20 años terminó dejando al descubierto un escenario de presunta explotación laboral en el conurbano bonaerense. Lo que inicialmente comenzó como una investigación por una intoxicación fatal con plomo derivó en el rescate de catorce personas, la clausura de dos establecimientos industriales y la detención de cinco sospechosos, entre ellos el propietario de las instalaciones donde se procesaban baterías de automóviles.

El avance más reciente de la causa se produjo este jueves 22 de octubre, cuando la Policía Federal Argentina confirmó la detención de tres mujeres y dos hombres, todos mayores de edad, señalados por su presunta participación en una organización dedicada a la explotación de trabajadores. Los cinco quedaron a disposición de la Justicia Federal, en una investigación que contempla los posibles delitos de trata de personas y homicidio culposo.

Detrás del caso también aparece una fuerte conexión con Misiones. Nueve de los trabajadores rescatados son oriundos de la provincia y compartían sus jornadas laborales con el joven fallecido en una planta de reciclaje de baterías ubicada en Tortuguitas, partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

El propietario de las fábricas quedó detenido

Los últimos procedimientos formaron parte de una investigación denominada Plomo Letal, desarrollada por el Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina.

A partir de los elementos reunidos durante los primeros allanamientos, los investigadores lograron identificar otros cuatro domicilios relacionados con el funcionamiento de los establecimientos clandestinos. Las nuevas intervenciones permitieron detener a cuatro personas que, de acuerdo con las sospechas judiciales, habrían colaborado con la actividad investigada.

Durante los operativos también se incautaron un automóvil, una computadora portátil, cuatro CPU, seis teléfonos celulares y documentación que será analizada para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Uno de los aspectos particulares de la investigación fue la situación del presunto responsable principal. Se trata de un hombre de 84 años, identificado como propietario de la empresa, quien se presentó voluntariamente ante el juzgado acompañado por su abogado. Sin embargo, una vez que compareció ante las autoridades, también quedó detenido.

La causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, con intervención de la Secretaría Nº8, encabezada por María Eugenia Negrello. 

Vivían y dormían en el mismo lugar donde manipulaban sustancias tóxicas

La investigación permitió reconstruir las condiciones en las que funcionaban dos instalaciones ubicadas sobre las calles Jorge Stephenson y Luis Sullivan, en Tortuguitas. En una se realizaba el desarme de baterías de vehículos, mientras que en la otra se desarrollaban tareas de fundición de plomo y procesamiento de metales.

Los trabajadores no solamente estaban expuestos a sustancias peligrosas durante sus jornadas laborales, sino que también permanecían dentro de los mismos predios una vez finalizadas sus tareas.

De acuerdo con las inspecciones, algunos empleados habitaban contenedores instalados en los establecimientos, mientras que otros compartían los espacios destinados al descanso y la alimentación con residuos industriales. En esas condiciones podían llegar a trabajar hasta doce horas diarias, sin contar con los elementos de seguridad indispensables para manipular materiales altamente contaminantes.

La exposición era permanente. A los vapores desprendidos durante la fundición de plomo se sumaba el contacto con ácidos, óxido de plomo y otros productos químicos utilizados en el reciclaje de baterías.

El procedimiento inicial, concretado el viernes 16 de octubre, permitió relevar a 23 trabajadores y trabajadoras. De ese total, catorce fueron identificados como posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral.

Los afectados debieron ser trasladados a centros asistenciales para someterse a estudios médicos destinados a establecer los niveles de intoxicación por metales pesados. Posteriormente quedaron bajo la asistencia de los organismos nacionales especializados en el acompañamiento de víctimas de trata. Ambos establecimientos fueron clausurados.

La muerte del misionero que permitió descubrir las fábricas clandestinas

El origen de la investigación se remonta al fallecimiento del joven trabajador oriundo de Misiones, cuya identidad no fue difundida oficialmente. Su cuadro médico encendió las alarmas debido a la elevada concentración de plomo detectada en su organismo.

Los análisis revelaron que tenía 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, una cantidad que cuadruplicaba el máximo legal admitido para trabajadores expuestos a ese metal.

La gravedad del caso motivó la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. A partir de informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, documentación de la aseguradora y el testimonio de un familiar del fallecido, los inspectores comenzaron a reconstruir las condiciones en las que desarrollaba sus tareas.

Durante esas averiguaciones surgió la existencia de un segundo predio industrial que no había sido declarado ante las autoridades.

Con esos antecedentes, el 13 de octubre la Subsecretaría de Inspección del Trabajo presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), por posibles delitos de trata y reducción a servidumbre.

La presentación dio lugar a la intervención de la Justicia Federal y a los procedimientos que terminaron revelando las condiciones de trabajo dentro de ambas instalaciones.

Los trabajadores misioneros también reclaman asistencia

La situación de los sobrevivientes abrió otro capítulo de preocupación. Tras la clausura de las fábricas, un grupo de nueve trabajadores misioneros que compartían tareas con el joven fallecido hizo público su reclamo de justicia y asistencia para afrontar las consecuencias de lo ocurrido.

Los operarios manifestaron que habían quedado en una situación de incertidumbre después de perder su fuente de ingresos y abandonar los establecimientos donde también residían. Además, expresaron preocupación por su estado de salud, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual estuvieron expuestos a sustancias peligrosas.

El grupo reclamó acompañamiento para poder resolver su situación y continuar con los controles médicos correspondientes.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa orientada a establecer cómo funcionaba la presunta organización, cuáles eran las responsabilidades de los detenidos y qué vinculación existió entre las condiciones laborales detectadas y la muerte del trabajador misionero.

La causa, que comenzó con el fallecimiento de un joven de 20 años lejos de su provincia, terminó exponiendo una situación mucho más amplia: trabajadores que no solo desarrollaban sus tareas en contacto permanente con materiales tóxicos, sino que también debían convivir con ellos fuera de su horario laboral.