Paro de 48 horas en aeropuertos desde este jueves: aseguran que la medida no afecta a Posadas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de 48 horas para este jueves y mañana viernes, una medida de fuerza que alcanzará a más de 27 aeropuertos del país y que podría traducirse en demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos comerciales.
jueves 03 de septiembre de 2026 | 9:34hs.

El sistema aeroportuario argentino atraviesa una nueva jornada de tensión gremial. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de 48 horas para este jueves y mañana viernes, una medida de fuerza que alcanzará a más de 27 aeropuertos del país y que podría traducirse en demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos comerciales. La protesta, que involucra a personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se ejecutará en dos franjas horarias durante ambas jornadas: de 9 a 12 y de 18 a 21. En esos períodos, el gremio anticipó que solo se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos, mientras que el resto de las operaciones quedarán expuestas a afectaciones.

La medida tiene alcance federal y pone en el centro del conflicto a las principales terminales aéreas, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. Sin embargo, no afecta a Posadas ni al territorio que se comunica a través del Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín, según indicaron fuentes del aeropuerto al El Territorio, pues según el plan de vuelo 9.30 aterrizaAerolínea Argentina, y tiene previsto salir a Buenos Aires a las 10.35. 

Fuera de los horarios previstos para las protestas, las operaciones deberían continuar con normalidad, aunque la disputa abre la puerta a modificaciones en la programación de los servicios comerciales, ya sea por reubicación de horarios, cambios de aeronave o cancelaciones preventivas. En ese contexto, quienes tengan vuelos programados para estos días deberán prestar especial atención a los horarios de salida y mantenerse en contacto con las aerolíneas ante posibles cambios, sobre todo si sus rutas incluyen conexiones en aeropuertos adheridos al paro.

Desde ATE atribuyeron la decisión a una serie de reclamos que, según denunciaron, todavía no obtuvieron respuesta del Gobierno. El sindicato cuestionó el incumplimiento de acuerdos salariales, la falta de reapertura de la negociación sectorial y el desfinanciamiento de distintas áreas operativas y de fiscalización vinculadas al sistema aeroportuario. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió sobre el deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y responsabilizó al Ejecutivo por las eventuales consecuencias que pueda tener la protesta sobre el movimiento aéreo. Entre las demandas concretas figura el pago de adicionales salariales acordados desde enero que aún no fueron abonados, la apertura de una nueva instancia de negociación paritaria y el financiamiento de las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de las áreas de fiscalización en los aeropuertos.

El conflicto también tiene un capítulo ligado a la infraestructura. Según ATE, las obras de refacción y ampliación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza avanzan sin una actualización de las partidas presupuestarias necesarias para las áreas involucradas, una situación que, según denunciaron, genera dificultades para contar con las herramientas y recursos necesarios. En ese marco, el gremio remarcó que la protesta fue comunicada con anticipación y sostuvo que todavía existe margen para evitar que la disputa tenga un mayor impacto sobre los pasajeros, aunque advirtió que el conflicto podría profundizarse si no se abre una instancia de diálogo antes del inicio de la medida.

Mientras tanto, el Gobierno respondió con una intimación para que se garantice al menos el 75% de los servicios durante el paro, al considerar la actividad aérea un servicio esencial. Dirigentes gremiales rechazaron la intimación y alertaron que el Ejecutivo podría intentar declarar la medida ilegal, lo que añade presión a una negociación que, por ahora, no muestra señales de destrabe.

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