Legisladores destacaron la postura de Misiones ante la protección de tierras rurales
La Cámara de Representantes de Misiones sesionó este jueves y aprobó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial, donando a favor de la Asociación de Retirados, Pensionados y Jubilados de la Policía de Misiones un inmueble propiedad de la provincia.
Asimismo, se aprobó un beneplácito “por la firme defensa de la posición institucional asumida por el señor Gobernador de la Provincia y los Senadores Nacionales Carlos Omar Arce y Sonia Elizabeth Rojas Decut, en el marco del debate al proyecto de reforma de la Ley Nacional N.° 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, tal como indica el dictamen.
“El Gobernador de la Provincia defendió la posición institucional en rechazo a toda modificación que implique flexibilizar los mecanismos de protección sobre las tierras rurales, sintetizando esa convicción en la expresión: “lo que amamos no se vende”. Esa definición expresa una concepción de desarrollo que entiende a la tierra no sólo como un bien económico, sino también como un patrimonio ambiental, productivo, cultural y estratégico que debe preservarse para las generaciones presentes y futuras”, expresa la iniciativa.
Se destacó además que finalmente, la reforma de la Ley Nacional N.º 26.737 fue retirada del temario de la sesión del Senado de la Nación al no reunirse los consensos necesarios para su tratamiento. “Sin perjuicio de ello, la actuación previa del Gobierno de Misiones y de sus representantes en la Cámara Alta merece ser destacada, por cuanto expresó con claridad una posición institucional coherente con la histórica defensa del territorio provincial y de la soberanía sobre sus recursos estratégicos”, remarcaron.
Al tiempo que añadieron: “La defensa de los intereses de Misiones constituye una responsabilidad que trasciende pertenencias partidarias y coyunturas políticas”.
Denuncia en la Justicia
Durante la sesión, la diputada Bárbara Stekler trajo al recinto una denuncia que se realizó por un faltante de fondos en la caja de seguridad en un juzgado de instrucción. “Aparentemente esos fondos faltantes corresponden a las cauciones, que presentan los imputados que tienen prisión preventiva para recuperar la libertad. Este dinero habría sido guardado en la caja fuerte del juzgado”, indicó.
Seguidamente, añadió: “aparecen dos cuestiones preocupantes. Una es que no puede ser que haya dinero de particulares e efectivo cuando las tasas se abonan electrónicamente de forma digital. Lo segundo es más grave porque el dinero no está según las denuncias y también se afirma que al momento de la devolución de las cauciones de los imputados, se les devuelve sumas inferiores a las entregadas”.
“Si estos hechos se confirman, podríamos estar frente a hechos de corrupción, defraudación e incluso a una megaestafa. Necesitamos saber si fue un caso aislado o también ocurrió en otras dependencias. El Superior Tribunal de Justicia es responsable y solicitamos una comunicación para conocer los mecanismos de supervisión, las investigaciones de este hecho y qué medidas se aplicaron para evitar que siga sucediendo”, concluyó.
