Inquilinos solicitaron a diputados nacionales que se revisen las disposiciones de desalojo exprés aprobadas por el Congreso

El panorama de los inquilinos en Misiones es cada vez más complicado. Adrián Torres, presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos expresó la preocupación respecto de las disposiciones vinculadas al denominado “desalojo exprés”, incorporadas en el marco de la legislación recientemente aprobada sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

"Reconocemos plenamente la importancia de garantizar el derecho de propiedad y la seguridad jurídica de quienes alquilan sus inmuebles. Sin embargo, entendemos que la protección de ese derecho no puede construirse generando una situación de indefensión para la otra parte de la relación locativa", expresó. 

La pérdida del empleo, la reducción abrupta de ingresos, una emergencia familiar o una crisis económica pueden convertir temporalmente en imposible el cumplimiento de una obligación que hasta ese momento se venía afrontando normalmente. "No querer pagar no es lo mismo que no poder pagar", detalló Torres. 

Por todo ello, desde la Asociación Misionera de Inquilinos solicitaron a los diputados nacionales por la Provincia de Misiones que analicen y revisen las disposiciones relativas al denominado “desalojo exprés”, evaluando sus posibles consecuencias sociales y jurídicas; que promuevan las modificaciones legislativas necesarias para garantizar plenamente el debido proceso y el derecho efectivo de defensa de los inquilinos. Y que se contemplen mecanismos especiales para aquellas situaciones en las que el incumplimiento derive de una situación económica extraordinaria o de fuerza mayor debidamente acreditada.

Además, pidieron que las notificaciones electrónicas cuenten con mecanismos suficientes que garanticen el conocimiento efectivo del afectado cuando se encuentre en juego su vivienda; que se fortalezcan las instancias de conciliación, mediación, regularización y refinanciación de deudas antes de llegar a la instancia extrema del desalojo, cuando las circunstancias permitan una solución alternativa. Mientras que se convoque a las organizaciones de inquilinos y demás sectores vinculados con la problemática habitacional para participar en el análisis de las consecuencias de esta legislación.

Panorama

Torres adujo que la relación entre propietario e inquilino no siempre se desarrolla en condiciones de igualdad económica. "En un extremo encontramos propietarios de múltiples inmuebles, empresas, desarrolladores, grandes operadores y sectores vinculados al mercado inmobiliario que pueden disponer de asesoramiento jurídico profesional. En el otro extremo se encuentra el trabajador, jubilado, familia monoparental o grupo familiar que debe destinar una parte significativa de sus ingresos para acceder a una vivienda", aseveró. 

En ese marco, indicó que en un conflicto, esa diferencia de recursos puede convertirse también en una desigualdad en la capacidad de defensa. Remarcó que existen defensorías y organismos estatales destinados a brindar asistencia jurídica a quienes no pueden afrontar los costos de un abogado particular, pero ello no garantiza necesariamente un acceso efectivo, inmediato y suficiente a la defensa que una persona necesita frente a un procedimiento de desalojo.

Tal como se planteó, las defensorías y organismos de asistencia jurídica pública suelen encontrarse sobrecargados de trabajo y con recursos humanos y materiales limitados. Además, en determinados casos, las personas que cuentan con un empleo o un recibo de sueldo pueden ser derivadas a la búsqueda de patrocinio particular, aun cuando sus ingresos sean insuficientes para afrontar los honorarios, gastos y costos que implica un proceso judicial.

"Por eso entendemos que acelerar los procedimientos de desalojo requiere necesariamente reforzar, y no reducir, las garantías procesales del inquilino. Consideramos indispensable distinguir entre quien deliberadamente incumple sus obligaciones y quien deja de pagar como consecuencia de una situación económica que no pudo evitar", expresó Torres. 

Mecanismos

Frente a estas situaciones, desde la Asociación Misionera de Inquilinos advirtieron que "deberían existir mecanismos eficaces que permitan acreditar la situación de vulnerabilidad y procurar una solución antes de llegar a la expulsión de la familia de su vivienda. Entre otras alternativas, consideramos necesario analizar mecanismos de conciliación, planes de regularización, refinanciación de deudas y períodos razonables de cumplimiento, sin perjuicio del legítimo derecho del propietario a recuperar su inmueble cuando corresponda". 

"Desde nuestra organización observamos cotidianamente un fenómeno que debería ser considerado por el Poder Legislativo. El aumento de la oferta inmobiliaria no necesariamente significa una mejora en el acceso a la vivienda. Una familia que anteriormente podía alquilar una vivienda de dos o tres ambientes puede verse obligada a trasladarse a un monoambiente o a zonas periféricas debido al costo de los alquileres", explicó el presidente de la Asociación. 

Seguidamente, añadió: "En algunos casos, esto genera situaciones de hacinamiento, pérdida de privacidad, dificultades para el traslado al trabajo y a las escuelas, ruptura de redes comunitarias y deterioro de las condiciones de vida. Como psicólogo social, considero especialmente importante advertir que estas transformaciones no son únicamente económicas. La precarización habitacional tiene consecuencias sociales, familiares y psicosociales. Y esas consecuencias, tarde o temprano, terminan afectando a toda la comunidad": 

Garantizar el equilibrio 
Torres indicó que no se pretende que el Estado obligue a un propietario a soportar indefinidamente una deuda; o que el inquilino quede liberado de sus obligaciones contractuales. Lo que se busca es que "el Estado garantice que ninguna de las partes quede en una situación de abuso o indefensión".

"Los inquilinos tienen distintas ideologías, diferentes historias y diferentes posiciones políticas. Pero existe una realidad que nos atraviesa: millones de argentinos dependen del alquiler para acceder a una vivienda. Por eso solicitamos a nuestros representantes que escuchen también a ese sector de la sociedad", concluyó Torres.