Docencia y defensa, caminos de una larga trayectoria en el derecho

En Misiones la Justicia se está adaptando a nuevos cambios respecto a medidas, normas y leyes, en donde las autoridades además de actualizarse a lo que viene, también deben afirmar sus conocimientos a la hora de intervenir en una causa.

Horas de estudios de expedientes y análisis de los hechos, con el contexto que acarrea cada situación, son algunas de las cuestiones que ocupa a los responsables del ámbito del derecho.

Las exigencias se acentúan en el trabajo del defensor, ya que debe garantizar que toda persona acusada de un delito reciba una defensa adecuada y un juicio justo, independientemente de la gravedad de los hechos que se le imputen.

Esto conlleva que durante su construcción de estrategias legales, también deba enfrentar la presión social y mediática, y velar constantemente por el respeto de los derechos de su representado. Tarea que requiere un profundo conocimiento de las leyes, gran capacidad de argumentación y un fuerte compromiso ético.

Por ello, en esta edición de Charlas con El Territorio, no resulta mejor ocasión que conocer la historia de Lilian Belloni, actual defensora oficial del Correccional y de Menores Uno de Posadas, quien entre la ley y la docencia marcó un largo camino en la Justicia misionera y también del país.

Desde su egreso de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador -Buenos Aires-, en 1987, Belloni comenzó su vasta carrera primero en las aulas y luego en las oficinas de la Justicia misionera.

Fue profesora de Ciencias Jurídicas en el mismo instituto donde estudió, meses después de egresar, y ya en 1988 fue la secretaria del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas. Puesto que ocuparía hasta el 2 de agosto del 2002, fecha en la que dio inicio a su carrera como defensora del Correccional y de Menores Uno de Posadas.

Desde entonces y hasta la actualidad, se ha ocupado en defender a niños, niñas y adolescentes involucrados en el ámbito judicial por estar en conflicto con la ley penal.

¿Cómo empezó en el ámbito de la Justicia y qué la llevó a estudiar derecho?

Lo que me  llevó a estudiar derecho fue mi profunda vocación de servicio que heredé de mis padres que ejercían la medicina con entusiasmo y por el interés en la defensa de los derechos humanos, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad.

Mis primeros pasos en el ejercicio de la profesión los realicé en Buenos Aires y después ejercí la profesión libre en Posadas, que estuvieron marcados por muchos aprendizajes.

¿Qué desafíos tuvo que enfrentar a la hora de ser parte del sistema judicial?

 Ingresar al sistema judicial implicó enfrentar desafíos importantes y lo hice como secretaria del Juzgado de instrucción Uno de Posadas. Adaptarme a un ámbito históricamente exigente, ganarme  un lugar con compromiso y responsabilidad, y sostener convicciones en contextos complejos donde las decisiones no siempre son sencillas.

Como mujer también debí superar prejuicios y demostrar con trabajo y constancia que se puede remover cualquier obstáculo, siendo electa como la primera funcionaria judicial de Misiones a través del consejo de la Magistratura, llegando a obtener el título de hito histórico en la vida institucional de Misiones.

¿Además de ser defensora del Correccional y secretaria del Juzgado de Instrucción, estuvo ligada a otros cargos?

Sí, también he participado en diferentes luchas a través de la asociación de magistrados y funcionarios siendo miembro de la comisión directiva en diferentes cargos por 20 años, también soy miembro fundacional del centro de capacitación del poder judicial. En esa lucha he podido capacitar en toda la provincia en temas de violencia de género, que me llevó a ser seleccionada por 10 años como representante de Misiones ante la oficina de violencia de género de la Corte Suprema de Justicia. Además fui miembro de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (Amja) que me permitió realizar estas capacitaciones.

¿Cómo evolucionó su propia visión sobre la Justicia juvenil y correccional con el paso del tiempo? 

Mi visión fue evolucionando con las reformas procesales que fueron surgiendo y que me llevaron a ponderar la aplicación de resoluciones alternativas del conflicto que procura la reconciliación entre las partes, posibilita la reparación voluntaria del daño causado -que no siempre es económica- y evita la victimización como la conciliación que se realiza ante la fiscalía o de utilizar herramientas como la mediación penal para niños niñas y adolescentes infractores de la ley penal, ya que contamos con centro de mediación y eso ha dado resultados satisfactorio. En la actualidad se va a utilizar mucho más porque la nueva ley lo prevé específicamente

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad ya está pronto a aplicarse en Misiones. Desde su experiencia directa ¿cuál es su postura real sobre la efectividad de esta medida?

Desde mi experiencia directa en el terreno en especial en Posadas tenemos herramientas para la recepción de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal a través de instituciones como Cemoas, pero se están evaluando otras instituciones que también cuenten con gabinetes interdisciplinarios y demás elementos necesarios para realizar el abordaje inicial.

Ahora estamos ajustando la nueva ley a las necesidades de nuestra población, trabajando desde el poder judicial y el ministerio público creando protocolos de actuación y coordinación, además de la búsqueda de soluciones con los demás poderes del estado misionero, lo que demuestra una valiosa articulación interinstitucional, ya que se va a dejar un modelo punitivo de encierro y se va a pasar a un modelo socioeducativo de inclusión. Por eso se requiere que trabajemos en conjunto todas las instituciones de los trámites para poder articular todas las necesidades que se impongan a lo largo de este nuevo proceso.

De igual manera, estadísticamente existen muy pocos casos de niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal, en comparación con los delitos cometidos por adultos en nuestra provincia.

¿Considera que el juicio abreviado o la suspensión del juicio a prueba descongestionan eficazmente el sistema o, a veces, consolidan una sensación de impunidad en las víctimas?

 Existen diferentes mecanismos de finalización de un proceso y el juicio abreviado es uno de ellos. Esto significa que se realiza un acuerdo entre fiscalía y defensoría donde el imputado reconoce su culpabilidad por el hecho, acepta la pena y la calificación del delito, por lo que estamos hablando de que el proceso finalizó con una persona condenada. Por lo que se puede considerar mal que existe impunidad

Con respecto a la suspensión de juicio a prueba, que es una resolución alternativa que permite pacificar el conflicto y que la persona imputada debe realizar diferentes tareas para poder llevar a cabo su finalización, también las víctimas son informadas de lo que va a suceder.

En casos de gran relevancia provincial donde la opinión pública ya ha dictado una “condena social”, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta al construir la estrategia de defensa?

En los casos de gran relevancia provincial, donde la opinión pública muchas veces ha emitido una condena anticipada, el mayor desafío tanto técnico como ético es sostener con firmeza los principios del debido proceso y la presunción de inocencia aún cuando el contexto social y mediático resulte adverso. Defender es garantizar que toda persona sea juzgada con objetividad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana

Después de tantos años rodeada de expedientes complejos y realidades vulnerables ¿cómo hace para evitar llevarse el peso de esas historias a su vida personal y cómo es el apoyo de su familia ante un trabajo tan demandante?

Después de tantos años siempre lo que queda es la familia, y mi esposo y mis tres hijos han sido mi apoyo constante. Gracias a ellos puedo decir que lo que he hecho, lo he hecho con amor pasión y he dado toda mi vida a mi profesión y lo que queda ahora es compartir más con mi familia, hacer lo que me resta, estar con mis amigas más tiempo y agradecer a Dios todo lo que me ha dado.

¿Hubo algún caso que la marcó?

Todos los casos me marcan, pero los que a veces me preocupa es que trabajamos con un adolescente en todos los aspectos y vuelve a delinquir. Si no puedo lograr que no vuelva a delinquir es como un sabor amargo.

Si tuviera que proponer una reforma estructural para transformar de manera definitiva la Justicia de menores en la provincia, ¿cuál sería y por qué?

Como lo dije antes, se está trabajando en reformas de leyes en protocolos de actuación. Lo que resta es comprender que la Justicia no es solo la aplicación estricta de la ley, sino también la escucha atenta, la empatía y el compromiso ético con cada persona que deposita su confianza en nuestras instituciones.

Además de permanecer en la Justicia por muchos años, comenzó con la docencia ¿qué le dio la profesión de profesora de derecho?

Ser docente me permitió capacitar a estudiantes de derecho con respecto a derecho penal y su aplicación en el código de procedimientos en la provincia de Misiones. También fui docente en la academia de policía y de oficiales superiores, eso me permitió capacitar a personal policial de todos los niveles con el mismo material de estudio que los estudiantes universitarios, para que puedan desarrollar las mismas habilidades.

Eso me ayudó mucho en mi función de defensora, ya que los capacité en el respeto irrestricto de todas las garantías constitucionales y que la prueba es lo más importante en el proceso penal.

Muy pronto se jubilaría del cargo de defensora. ¿Tiene algún desafío o sueño fuera de la Defensoría? ¿Qué sigue para Lilian Belloni?

La verdad que cuando me vaya me voy a ir contenta, porque veo que se está produciendo un cambio y hay nuevos desafíos. Eso siempre me movió, tal vez no me vaya del todo y continúe capacitando en estos nuevos desafíos o dando charlas sobre mi experiencia a las instituciones que lo requieran como lo he hecho en los 32 años de docencia en la Universidad Católica de Santa Fe y otros tantos años en otras reapariciones.

Perfil

Lilian Belloni
Doctorada en derecho
Estudió en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador y se egresó en 1987. Ese año fue profesora de Ciencias Jurídicas. En 1988 ocupó el cargo de secretaria del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, hasta agosto de 2002, cuando pasó a ser defensora oficial del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas.

Su carrera como docente en la cátedra de Derecho penal, fue desde el año 1992 hasta el 2025 en la Universidad Católica de Santa Fe.

También fue representante de Misiones en la oficina de violencia de género de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina y miembro fundacional del Centro de Capacitación del Poder Judicial de Misiones.

Entre sus capacitaciones internacionales, se destacan la representación de las defensorías de todo el país en 2009 y la participación en un programa de estudio de sistemas judiciales de Estados Unidos, dictados por el National Center, en 1977 y en 2018.