El caso Dulce Candia reabre el debate sobre las denuncias por desaparición y las fallas del sistema de protección

La conmoción por el femicidio de Dulce María Candia, la adolescente de 17 años hallada sin vida en Eldorado tras varios días desaparecida, volvió a poner en discusión la actuación de los organismos de protección y la importancia de las denuncias tempranas.

La joven fue vista por última vez el 17 de mayo y su cuerpo fue encontrado el 28 de mayo en avanzado estado de descomposición. Según trascendió, la denuncia por su desaparición recién fue radicada el 27 de mayo, aunque la familia sostuvo que anteriormente intentó realizar la presentación policial sin éxito.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, la coordinadora provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, Yanina Boschmann, sostuvo que este tipo de hechos obliga a una profunda reflexión social.

“Lo primero que siempre reflexionamos cuando pasan estos hechos aberrantes es hacernos cargo de que fallamos como sociedad”, expresó.

La funcionaria señaló que un femicidio suele ser el desenlace de una serie de vulneraciones previas de derechos y aseguró que el sistema de protección involucra a toda la comunidad.

“Cuando entendemos qué dice la ley cuando habla de un sistema de protección, entendemos que somos todos. Y cuando ocurren estos hechos, ese sistema falló”, afirmó.

No hay que esperar para denunciar

Boschmann insistió en que sigue vigente un error muy extendido entre la población respecto a la necesidad de esperar 24 horas para denunciar una desaparición.

“Ya no hay que esperar. Eso ya no es así y se debe exigir la denuncia”, remarcó.

En ese sentido, explicó que las primeras horas resultan fundamentales para la localización de una persona desaparecida.

“Cuando desaparece una persona, las primeras horas son fundamentales. Y cuando digo primeras horas, hablo de las primeras 72 horas”, indicó.

Asimismo, consideró que si efectivamente la madre de la adolescente intentó realizar la denuncia y esta no fue tomada, se produjo una grave falla institucional.

“Por supuesto que falló el sistema si es que realmente no le tomaron la denuncia a esta madre”, sostuvo.

La coordinadora fue enfática al señalar que cualquier demora injustificada debe ser rechazada por los ciudadanos.

“Si pasan 15 minutos del momento en que sé que mi hijo o mi hija tenía que llegar a casa y no llegó, tengo que presentarme en una comisaría y exigir la denuncia”, afirmó.

Boschmann recordó que ninguna dependencia policial puede negarse a recibir una denuncia por desaparición y explicó cuáles son las alternativas si eso ocurre.

“Lo que se puede hacer es ir a otra comisaría, llamar al 140, al 137 o al 911. Pero en realidad no debería ser así”, señaló.

También diferenció las demoras administrativas de una negativa directa.

“Una cosa es esperar porque el oficial está ocupado o porque debe llegar quien toma la denuncia. Otra cosa es que me digan que no me la van a tomar y que vuelva a mi casa. Eso está mal”, enfatizó.

Una vez radicada la denuncia, explicó, el caso debe ser comunicado al Juzgado de Instrucción correspondiente, que evalúa el nivel de riesgo y determina las medidas a adoptar.

Entre ellas puede encontrarse la activación de la Alerta Sofía, mecanismo reservado para situaciones de extrema vulnerabilidad o peligro inminente.

La funcionaria recomendó que las búsquedas se canalicen a través de los organismos competentes para evitar confusiones posteriores.

“Siempre sugerimos que se haga la denuncia y que la difusión se realice mediante los mecanismos formales”, explicó.

En Misiones, recordó, existe una Dirección de Personas Desaparecidas dentro del Ministerio de Derechos Humanos que interviene especialmente cuando se trata de menores de edad.

Además, destacó que las áreas municipales de niñez tienen la obligación de actuar cuando reciben información sobre un niño o adolescente en situación de vulnerabilidad.

“Si fui a la policía y no me tomaron la denuncia, tengo que acercarme a la Dirección de Niñez del municipio, porque están obligados a intervenir”, señaló.

Finalmente, Boschmann sostuvo que la protección de niños, niñas y adolescentes no depende únicamente de las instituciones estatales, sino también del compromiso ciudadano.

“La sociedad entera tiene que saber que el sistema de protección de los niños somos todos”, afirmó.

En esa línea, instó a vecinos, comerciantes, docentes, personal de salud y otros actores comunitarios a informar cualquier situación que pueda poner en riesgo a un menor.

“Después, cuando pasan las cosas, todos dicen que sabían lo que ocurría. La pregunta es cuántas de esas personas hicieron una denuncia o dieron aviso a un organismo de protección”, manifestó.

También recordó que existe la línea 102 para comunicar situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes sin necesidad de formalizar una denuncia penal.

“Necesitamos involucrarnos como sociedad para que no existan más situaciones extremas como perder la vida de un adolescente. Lamentablemente, cuando llegamos a estos casos, ya estamos hablando de un daño irreparable”, concluyó.