ARA San Juan: familiares piden a jueces ampliar la investigación

El juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzó el 3 de marzo de 2026 en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos. El proceso judicial busca determinar las responsabilidades individuales de cuatro ex-altos mandos de la Armada Argentina por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017, en la que murieron 44 tripulantes, entre ellos dos misioneros: Eliana María Krawczyk y Jorge Isabelino Ortiz.

Sin embargo, para los familiares, el alcance de este debate resulta insuficiente. Recientemente un grupo conformado por alguno de ellos solicitó a los jueces intervinientes “que dispongan, con carácter urgente, que se amplíe la investigación realizando pericias exhaustivas sobre la totalidad del material probatorio existente del submarino, el cual comprende aproximadamente cinco terabytes entre imágenes y videos”.

Lo que esperan es conocer la verdad de lo sucedido con la nave y que sobre los responsables caigan penas ejemplificadoras. Los imputados son cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina: el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, y el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide.

El pedido, precisaron, fue formalmente presentado por Luis Tagliapietra, quien además es padre de uno de los tripulantes, en mayo del 2019, marzo y noviembre del 2020 ante la Cámara y en marzo de este año al inicio del actual juicio.

En ese marco, Lucía Zunda, hermana de Adrián, uno de los tripulantes fallecidos y única familiar presente en las audiencias por residir en la ciudad, pone su voz a este reclamo colectivo. “Estamos haciendo el pedido de que se amplíe la investigación, hasta el momento no se han estudiado ninguna de las imágenes que se tienen del submarino”, señaló. Según explicó, tras el hallazgo de la nave se recolectó una gran cantidad de material audiovisual que nunca fue peritado, a pesar de haber sido solicitado por los abogados de las familias desde el inicio.

De acuerdo con su testimonio, ese material -que asciende a cinco terabytes de imágenes- permanece sin analizar desde hace ocho años. “Todo ese contenido que se recogió está ahí y no se lo está teniendo en cuenta en este juicio. Nunca se lo estudió”, afirmó. Requieren además la conformación de un equipo de peritos independientes e imparciales, que lleven adelante el análisis técnico de las imágenes con total objetividad. Para los familiares, ese punto resulta central porque consideran que sin ese análisis es imposible reconstruir con precisión qué ocurrió en las horas previas al hundimiento.

El proceso que se desarrolla en Río Gallegos, advirtió Zunda, se limita a determinar responsabilidades acotadas. “Este juicio que se está desarrollando en Río Gallegos es para ver la responsabilidad de los acusados, pero la responsabilidad de qué, ¿de la zarpada del submarino? ¿del hundimiento?”, cuestinó.

La posible condena también genera malestar entre los familiares, dado que podrían ser cinco años de prisión para cada uno. Para Zunda, esa eventual pena no se condice con la gravedad de lo ocurrido y aseguró que existió “abandono de personas”.

“Que tuvieron un principio de incendio, como dice el mensaje naval, lo tuvieron. Que había olas de diez metros, lo tuvieron”, enumeró. También aseguró que existieron comunicaciones directas con uno de los acusados: “Se comunicaron muchas veces y no estaban en cualquier lugar, estaban cerca de Malvinas”.

Más allá de las cuestiones técnicas y judiciales, el juicio tiene un fuerte impacto emocional. “Es bastante movilizante. Al principio me costó un montón tener a estos cuatro acusados enfrente mío, porque menos a uno, conozco a cada uno de ellos”, reconoció. Su presencia en la sala, como única representante directa de las familias, condensa la carga simbólica de un proceso que llega casi una década después del hecho.

“Lo difícil era conseguir las pruebas y las pruebas ya se tienen hace ocho años guardadas en un cajón”, planteó. En ese sentido, insistió en que el material recolectado podría ser clave para esclarecer lo sucedido y así responder al pedido de las familias de “conocer la verdad”.