Violencia de género: “La denuncia hace visible una realidad que ya existía”

En apenas una semana, en Misiones ocurrió un femicidio y a otras cuatro mujeres intentaron asesinarlas en diferentes puntos del territorio. Los casos que trascendieron mediáticamente no responden a hechos aislados y reavivaron las alarmas, una vez más, sobre la magnitud y las consecuencias irreversibles de la violencia hacia las mujeres, y qué lugar ocupan los equipos interdisciplinarios que proveen de herramientas de contención para protegerlas.

Sumado a ello, resurge el debate sobre el rol que ocupa la comunidad y el Estado para contener a las víctimas, pero en particular qué medidas adoptar con los agresores. “Sigue vigente el imaginario de que la mujer tiene que aguantar, que puede… Pero también hay una nueva perspectiva que cree en la deconstrucción y en las nuevas masculinidades”, observó Malvina Ruiz Díaz, abogada especialista en políticas públicas de Niñez y Familia, y en métodos alternativos de resolución de conflictos.

Sobre la visibilidad que cobraron estos episodios, la letrada consideró que “no necesariamente significa que la violencia en sí misma esté aumentando, aunque es una problemática persistente. Más bien, se puede entender como una combinación de dos factores: por un lado, una mayor concientización social y, por otro, un mayor apoyo para las denuncias”.

En esa línea, vio con buenos ojos los cambios en los protocolos y la abertura a conversar de esta problemática que cosecha mayor empatía con el correr del tiempo. Actualmente un hecho de violencia puede ser denunciado ante la Policía, un Juzgado u otra oficina competente no sólo por la víctima, sino también por un testigo, por su familia o amigos, e incluso por funcionarios públicos que adviertan de esa situación.

“Antes se pensaba que era algo privado, hoy ya no, y si de hecho conocés de un hecho y no lo contás sos cómplice”, añadió la abogada en conversación con El Territorio. En ese escenario, destacó el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos feministas que “fueron fundamentales para poner el tema en la agenda pública, rompiendo el silencio que históricamente rodeaba la violencia machista. Esto creó un ambiente donde más mujeres se sienten empoderadas y seguras para denunciar”, observó.

Actualmente un hecho de violencia puede ser denunciado ante diversos organismos del Estado y en todas sus jerarquías. A ello se suman las líneas telefónicas de ayuda, anónimas y gratuitas, como la 137, el 102 y el 911.

El lugar del agresor

La letrada recalcó que, al trabajo de contención de las víctimas, se le debe sumar necesariamente la concientización a varones y agresores sobre las consecuencias de esta problemática. Para esto son claves los equipos interdisciplinarios

Reconoció que, si bien existen actividades, talleres y charlas para trabajar este fenómeno, “un taller no es la cura, prometer eso es una falacia, pero es un comienzo y se deben pensar políticas a largo plazo y de manera interdisciplinaria”.

Opinó que “es más difícil trabajar con varones” pero que “lo que se pueda trabajar en la conducta, hay que hacerlo”. “La eficacia de estos talleres es un tema que se evalúa constantemente y los estudios al respecto muestran resultados prometedores, aunque la transformación es un proceso complejo y a largo plazo”, insistió.

Al respecto, señaló que los conocidos talleres de reconstrucción de masculinidades redujeron la incidencia de estas personas en hechos de violencia, principalmente en aquellos derivados por la Justicia a estos espacios. 

Para Ruiz Díaz, “estos espacios de diálogo rompen el aislamiento que a menudo experimentan los varones, permitiéndoles encontrar pares con los que compartir sus vulnerabilidades y construir una nueva forma de relacionarse, fuera de la competencia y la complicidad machista”.

El desafío es y sigue siendo lograr un “cambio profundo” en la forma en que los varones se ven a sí mismos y se relacionan con los demás pero, particularmente, en la “puesta en práctica” de que cualquier tipo de violencia y vulneración de derechos es repudiable y condenable o sujeta a sanción.

“Si bien un taller no es una “cura” milagrosa, es un primer paso crucial en un proceso de transformación personal y social”, añadió.

Ciclo de violencia

Reconoció que todavía se deben desterrar de la sociedad ciertos mitos que apuntan a la criminalización de la víctima y que sólo funcionan como una barrera que, muchas veces, las excluye o impide denunciar o animarse a hacerlo.

“Por eso es crucial que la sociedad entienda que el agresor responsable de alguna vulneración de derechos debe cesar en esa conducta. Porque eso no puede repetirse para vivir en sociedad”, insistió.

En particular, comentarios del tipo ‘¿por qué no denunció antes? ¿Por qué no lo dejó? ¿Por qué no se fue?’, apuntan a la culpabilización de la víctima. De por sí, “son frases que revelan un profundo desconocimiento sobre la dinámica de la violencia de género y la psicología de las víctimas y desvía la atención del verdadero problema: la conducta del agresor”, sostuvo.

Ligado a ello, Ruiz Díaz enfatizó la necesidad de entender cómo funciona y se gesta la violencia que, en casos extremos como el conocido el 4 de septiembre con el femicidio de Marisa Cuñha en San Vicente, pueden terminar en tragedia. “La violencia no es un hecho aislado, sino un ciclo que incluye la acumulación de tensión, el estallido de violencia y la fase conocida como la ‘luna de miel’, donde el agresor se muestra arrepentido y promete cambiar. Y eso hace que a la víctima le sea muy difícil tomar la decisión de irse”, reflexionó la abogada.

Una realidad que se denuncia

A ello se suman factores de dependencia que complejizan aún más cada caso. Dependencia económica, aislamiento social, amenazas o incluso la falta de redes de apoyo pueden contribuir a que las víctimas se sientan acorraladas.

La especialista advirtió que el miedo a represalias es uno de los principales motivos que obstaculizan a las víctimas a denunciar. “Los agresores suelen amenazar con dañar a la víctima, a sus hijos o a sus familiares si revelan la situación. Este temor es lamentablemente justificado”,  observó.

En esa línea aclaró: “La violencia no se “crea” con la denuncia, la denuncia simplemente hace visible una realidad que ya existía”.

Políticas públicas vigentes

La Ley Nacional 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, fue adoptada por la provincia de Misiones a través de la Ley IV-N° 68 en 2015. La adhesión fue parcial, para poder adaptar los procedimientos judiciales al sistema misionero.

Este marco lo complementan normas específicas como la Ley Micaela, que obliga a trabajadores de los tres poderes del Estado a capacitarse en género y violencia, y la Ley Olimpia, que reconoce como delito la violencia de género en el ámbito digital.

Al respecto, Ruiz Díaz consideró que “en el Poder Judicial hay un cambio de paradigma, ya no es tan patriarcal y hay un cambio en la promoción de derechos”.

Además, resaltó que la clave de estas leyes es la existencia de protocolos para saber cómo intervenir, actuar o denunciar un episodio de violencia hacia mujeres.

Para la abogada, el aporte que realizan las ONG en este aspecto es crucial, sobre todo por su “cercanía con la comunidad”, valoró. “Hay que promover espacios como talleres y charlas, pero para eso hay que tener presupuesto, capacitación y sostenerlo en el tiempo”.