Se negó a declarar ex empleada judicial acusada de estafas

Se presentó esta mañana en audiencia indagatoria ante el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas Gisela S. (40), una extrabajadora judicial que fue detenida la semana pasada en la Chacra 128, acusada de estafar a, por lo menos, 17 personas que residen en la zona oeste de la capital provincial.

Según consta en la pesquisa, la implicada está sospechada de prometer puestos de trabajo en organismos públicos de la provincia y en la Municipalidad de Posadas, a cambio de que le transfirieran millonarias sumas de dinero.

Mediante fuentes ligadas a la pesquisa, El Territorio pudo confirmar que la sospechosa fue trasladada esta mañana al edificio judicial de calle Buenos Aires, instancia en donde, por recomendación del Defensor Oficial del Juzgado, optó por guardar silencio y no responder ante las acusaciones en su contra. 

Cabe recordar que su arresto se produjo el pasado jueves por la tarde, en una vivienda de la Chacra 128, en donde la Policía secuestró cuatro celulares y un Volkswagen Bora.  En paralelo, en el barrio A 3-2 la pareja de la sospechosa entregó voluntariamente otro celular que, según relató a las autoridades, la mujer había entregado momentos antes a su hijo menor.

En torno a esta investigación, se sabe que la denuncia que originó la intervención judicial fue presentada el pasado 23 de junio en la Fiscalía de Instrucción Seis, a cargo del Fiscal René Casals. 

Varios damnificados, apuntaron que los supuestos empleos que prometió Gisela S. (40) nunca se concretaron, así como tampoco la devolución del dinero que los denunciantes entregaron para acceder a dichos puestos.

En torno a esto último, en el expediente fueron incorporados distintos chats de WhatsApp en donde la detenida pedía a sus víctimas que “junten el máximo (de dinero) que puedan y así poder darles posibilidades a todos ustedes que pasen a planta (permanente)”.

Voceros del caso señalaron que la implicada se presentaba como abogada penalista, perito forense y persona vinculada al Poder Judicial. Además, aseguraba tener contactos políticos dentro de distintos organismos estatales, lo que, según sostuvieron los denunciantes, le dio cierta credibilidad entre quienes buscaban una oportunidad laboral.

La maniobra escaló por varios meses y el valor de lo transferido a la mujer superaría los 9 millones y medio de pesos.

Cronología del caso

Los contactos se remontan a marzo de este año. Por entonces, habían empezado a circular estas supuestas vacantes laborales que Gisela S. gestionaba: una de las denunciantes vio prometedora la propuesta y transfirió una importante suma con la garantía de trabajo para ella y sus dos hijos mayores.

Actualmente el grupo de damnificados es patrocinado por el abogado Federico Padolsky, quien solicitó constituirse como querellante particular y acompañó una serie de elementos probatorios que documentan la estafa reiterada y uniforme.

La denunciada habría prometido vacantes laborales en la Dirección Provincial de Vialidad. Para acceder a esos puestos exigía pagos de alrededor de 500.000 pesos para contratos temporarios, y un millón de pesos para ingresos en planta permanente.

Con el correr de las semanas, la propuesta se amplió a otros organismos públicos, entre ellos el Instituto de Macroeconomía Circular (Imac), ex Ifai, y en la Municipalidad de Posadas. En todos los casos, según consta en la denuncia, la acusada también pedía fotos de diferentes documentos personales y aseguraba que les llegaría la confirmación de las altas laborales vía mail.

De acuerdo a las pruebas recabadas en estos cuatro meses del fraude, la mujer proporcionaba alias y CBU personales, lo que permitió individualizar cada transferencia hecha a su cuenta. “Buenos días señor, usted quédese tranquilo que para fin de mes va a firmar y poder cobrar su primer sueldo”, prometió la implicada en una de las conversaciones privadas con uno de los damnificados, cuyas identidades se reservan.

Según la denuncia, quienes inicialmente confiaron en la propuesta comenzaron a convocar a familiares, amigos y vecinos, convencidos de que los ofrecimientos eran reales. Mientras el círculo de víctimas crecía (aún sin saberlo), la sospechosa mantenía contacto permanente mediante mensajería pidiendo documentación personal; fijaba supuestas fechas de ingreso, indicaba pasos a seguir y requería nuevas transferencias.

Fue tal la confianza que ganó, que muchas familias vendieron animales de cría, materiales de construcción y hasta pidieron préstamos informales para reunir el dinero y así “garantizarse” un puesto de trabajo.

Llamado que no llegó

Según se reconstruye en la denuncia, la acusada mantuvo una reunión presencial con los damnificados a mediados de mayo, oportunidad en la que volvió a ratificar las promesas ofrecidas, respondió consultas y aseguró que los ingresos laborales se concretarían a los pocos días. Las semanas pasaron, los llamados de los organismos públicos en los que supuestamente iban a ingresar no llegaron, y la preocupación escaló.

A pesar de los reclamos, a fines de mayo Gisela S. pidió nuevas transferencias asegurando que, quienes pagaran un monto mayor, accederían a cargos en planta permanente o mejores condiciones laborales que las inicialmente ofrecidas.

Según relataron las víctimas, al concurrir a fines de ese mes a las oficinas públicas donde supuestamente debían presentarse descubrieron que las personas que debían recibirlas no existían o desconocían por completo la situación y a la “gestora”. Fue entonces cuando comenzaron los reclamos para recuperar el dinero entregado.

Siempre de acuerdo con la denuncia, en un primer momento la investigada respondió que devolvería los importes una vez que un supuesto “jefe” le reintegrara el dinero. Pero pasaron los días, y Gisela S. dejó de atender llamadas y mensajes, y nunca restituyó los fondos.

Con el cúmulo de pruebas digitales y operaciones bancarias, el abogado patrocinante Padolsky requirió una serie de medidas cautelares, entre ellas el bloqueo de cuentas y billeteras virtuales vinculadas a la sospechosa, así como la identificación de estas y el detalle de los movimientos realizados desde principios de marzo.

Asimismo, pidió que la Fiscalía disponga el secuestro y peritaje del teléfono celular de la investigada y adopte medidas tendientes a preservar toda la evidencia digital incorporada a la causa.

El letrado lamentó la gravedad del caso no solamente por las cuantiosas sumas entregadas, sino por timar y quebrar la confianza de familias que ya cargaban consigo problemas de desempleo en un contexto crítico: “Literalmente vendieron todo lo que tenían para poder tener esos trabajos. Se metió con gente que estaba en situación de vulnerabilidad”.