Juez elevó a juicio la causa contra docentes

Mónica Gurina y Leandro Sánchez, ambos docentes  y referentes de las luchas que lleva adelante el sector sobre la recomposición salarial, irán a juicio por la causa denominada “Desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra en concurso ideal”. Según trascendió, el juez Miguel Mattos a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal 7, admitió el pedido de elevación a juicio de la causa iniciada contra los referentes docentes por el corte de la avenida Uruguay entre mayo y junio de este año. Se trata de la causa iniciada contra  Gurina, docente y secretaria general de la CTA A Misiones, y Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem) y secretario adjunto de la misma Central, quienes participaron en el acampe docente en las jornadas en reclamo de recomposición salarial.

La resolución data del pasado 9 de octubre y el juez hace lugar al pedido del agente fiscal de considerar cerrada la etapa de instrucción y de elevar la causa a juicio oral. “En la misma, rechaza el pedido de la defensa de sobreseer a los referentes docentes y minimiza la especial protección del derecho a la protesta social. En cambio, considera como delitos causantes de daños a los hechos vinculados al acampe docente y puntualiza la responsabilidad penal de los referentes docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez en lo que considera hechos delictivos”, detalla un escrito difundido por Gurina.

Además, añade que en esta decisión, el juez Mattos ordena la elevación de la causa por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra en concurso ideal” al Juzgado Correccional y de Menores Número Uno de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones adonde Gurina y Sánchez deberán responder en carácter de “coautores”.

Para recordar, el acampe docente en Posadas, se desarrolló entre las últimas semanas de mayo y los primeros días de junio, fue una de las medidas llevadas adelante por sectores docentes no oficialistas que desde principios de año venían reclamando una urgente recomposición salarial, tras varios meses con altos niveles de inflación y sin incrementos acordes en los sueldos.

La medida fue levantada definitivamente el 4 de junio, tras dos intimaciones de desalojo por parte del Poder Judicial y el llamado a declaración indagatoria a Sánchez y Gurina por “desobediencia judicial” ante el mismo juzgado a cargo de Mattos.