El juez Faría ordenó la prisión preventiva de Sebastián Kiczka

El magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, ordenó la prisión preventiva de Sebastián Kiczka, quien está acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil al igual que su hermano y exdiputado Germán Kiczka.

Mediante fuentes judiciales, El Territorio pudo saber que la decisión fue tomada en horas del mediodía de ayer, tras la fallida ampliación de indagatoria en la que Sebastián en la mañana del jueves decidió abstenerse luego de que su abogado defensor no se presentara a la audiencia.

En tanto, el mayor de los Kiczka permanecerá alojado en la Unidad Penal de Cerro Azul hasta ser juzgado. De igual manera, el exfuncionario público.

En el texto firmado por el titular del Juzgado Cuatro de Apóstoles, se detalla que a Sebastián “se le imputa la presunta responsabilidad de tener, facilitar y distribuir a personas no individualizadas alrededor de 319 archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”. Asimismo, se remarca que en el material secuestrado se observa “a niños y niñas de muy corta edad; algunos de los cuales a simple vista se advierte que no alcanzan los 13 años de edad, siendo abusados sexualmente mediante diferentes prácticas”.

Por otro lado, en el expediente también se menciona la serie de chats que fueron detectados producto del primer allanamiento en el domicilio del padre de los imputados, en febrero pasado, en los que Sebastián afirma haberse bajado “una aplicación para ver nenitas”, habla de su adicción a las menores y de relaciones sexuales que presuntamente mantuvo con varias y hasta invita a tener un encuentro de las mismas características a una adolescente de 14 años.

Funcionaria en la mira

El juez Miguel Faría remitió un informe al Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el que indica que la funcionaria del Juzgado de Paz de Apóstoles, Carla Dalmaroni, mantuvo al menos cinco llamadas telefónicas con Germán Kiczka mientras el imputado se encontraba prófugo de la Justicia y era buscado hasta por Interpol con alerta roja. Por esa acción, la funcionaria en cuestión fue suspendida por 30 días.

En base a fuentes consultadas, este medio pudo saber que en el informe presentado se detalla que una de las llamadas fue el 22 de agosto a las 21.40, con una duración de 10 minutos y 33 segundos, día en el que Kiczka ya tenía vigente una orden de detención tras su desafuero.

Desde entonces, se registraron otras cuatro comunicaciones el 28 de agosto entre las 20.56 y las 21.40, sumando nuevamente un total de 10 minutos. La funcionaria, según trascendió, es pareja de Gonzalo de Paula, abogado defensor de los Kiczka.