Si bien el acusado está detenido, las denunciantes temen represalias una vez que sea liberado
Trabajadoras piden más seguridad por constantes amenazas e intimidaciones
El pasado domingo 18 de agosto el Mercado Central de Posadas tuvo una noche y posterior madrugada de suma tensión y violencia. Efectivos policiales que fueron a cumplir con una orden de arresto para el referente sindical Diego “Bruja” Silveira por una denuncia por amenazas contra un ciudadano paraguayo fueron atacados a piedrazos por un grupo de allegados al detenido. En medio de los disturbios, este grupo de manifestantes que pedían la liberación de Silveira evitaron que los operadores del mercado pudieran trabajar normalmente y mediante amenazas e intimidaciones frenaron por más de 12 horas las labores en el lugar.
Por esta situación, sumada a gran cantidad de situaciones previas de aprietes e intimidaciones, un grupo de mujeres decidió denunciar al referente detenido y a sus seguidores por sentirse “rehenes de un grupo de personas que intenta monopolizar mediante la fuerza la venta” en el citado espacio.
La denuncia contra Bruja y tres de sus hermanos fue radicada el pasado 26 de agosto ante la Fiscalía de Instrucción Dos de la capital provincial. Allí, expusieron todo lo padecido entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de agosto cuando afirmaron haber sido obligados a quedarse dentro del mercado central, contra su voluntad y bajo amenazas de golpes e incendiar sus puestos, mientras se desarrollaba la protesta por la detención del mencionado referente.
En ese contexto, Fabiana Stuht, una de las ocho operadoras del mercado que se animaron a dar su nombre y decidieron denunciar a este grupo de trabajadores, charló con El Territorio sobre lo que afrontan desde hace varios años y los miedos que tienen ante lo que consideran una inminente liberación por parte del referente detenido. Y quien podría tomar venganza por las denuncias en su contra.
Si bien la trabajadora y las demás denunciantes tienen un botón anti pánico que le suministró la justicia luego de radicar la presentación judicial, sostienen que la única forma de que se sientan tranquilas y puedan trabajar en paz es que el implicado y su grupo sean expulsados del mercado. Y para ello, también solicitan una prohibición de acercamiento de estos al mercado.
“Yo soy una operadora que quiere trabajar en paz; quiero comprar la verdura, venderla e irme a mi casa y vivir tranquila”, comenzó narrando la operadora que lleva más de siete años vendiendo cebollas, papas, tomates, entre otras mercaderías en el mercado ubicado sobre el kilómetro 5 de la ruta nacional 12.
“Queremos la restricción de acercamiento en el mercado, necesitamos que nos cuiden. Constantemente pasan y se burlan de nosotros. ‘Seguí denunciando’ nos gritan para meternos miedo. Ellos no acatan órdenes porque nadie nunca les puso límites y lo que nosotros tenemos miedo es que cuando él (Silveira) salga se vengue uno por uno de quienes lo denunciaron. Porque esa es su manera de operar, darnos por donde más nos duele. Por eso hay muchas mujeres que nos dicen que no quieren denunciarlo por miedo, que no quieren exponerse por cómo opera fuera del mercado. Piensan en su familia o en sus familiares que trabajan acá”, narró preocupada la trabajadora.
La portavoz de la denunciantes acusó que un grupo organizado de estibadores que responde al detenido y que también trabajan como changarines en el mercado son quienes en determinadas oportunidades presionan a los puesteros y no los dejan trabajar.
“Ellos tienen un puesto adelante nuevamente y atajan a todos los que entran. Obligan a comprarle a ellos y antes, si no le comprabas, no dejaban entrar a los clientes”, denunció Stuht, quien también afirmó que Silveira posee cerca de 15 locales en el lugar.
“Cuando uno cuenta lo que pasamos, el de afuera se sorprende, pero esto viene de hace varios años. Y sí, fueron muchos años de aprietes y así se manejaron siempre, esto no es ahora”.
Incluso, graficó que hasta para ir al baño tienen miedo estas operadoras ya que reciben todo tipo de amenazas e insultos.
Sobre esto último agregó: “Yo considero que esto cuando más público se haga se va hacer que nos pueden cuidar mucho más a nosotros. Esto estuvo muchos años tapado, estas personas no tienen escala o límites y al hacerlo público la gente va a saber lo que está pasando acá. Además, queremos que también los funcionarios sepan que esto viene pasando desde hace varios años y nos ayuda a cuidarnos entre otros”.
Medidas de seguridad
Por otro lado, sobre las medidas de cuidado y seguridad que deben afrontar ante las constantes intimidaciones la entrevistada contó: “Tratamos de mirar las cámaras, de asegurar nuestros puestos y estamos tratando de tomar todas las protecciones necesarias para cuidarnos entre nosotros. Siempre salimos de a dos”.
A su vez, comentó: “El presidente no hizo nada hasta ahora, se escuda detrás de nuestra denuncia, pero los contratos no los rescinde y cuando pase la orden de restricción ellos van a volver”.
“Hay muchas mujeres que tienen miedo del afuera, de él y su banda, porque no trabaja solo, se maneja con su patota y obviamente que el que va a denunciar se expone a represalias. Nosotros nunca nos quisimos exponer tanto como ahora, pero ahora llegamos al límite porque lo que pasamos esa noche superó todos los límites”.
Y añadió: “Queremos decir basta, queremos contar lo que pasa adentro y lo que padecemos. Yo sé que me juego la cabeza, porque entendemos que si no lo hacemos ahora va a ser peor después. Yo creo que esto se tiene que terminar y la única manera de sacarlo del mercado es rescindir los contratos, pero eso no se está haciendo. Es como que se quiere dejar pasar, que se tranquilice todo, que nos cansemos y que esto vuelva a ser como siempre”.
