Caso Kiczka: pruebas, orden de captura y desafuero

El caso que investiga al diputado Germán Kiczka (44) y su hermano Sebastián (45) por la tenencia y distribución de materiales (fotos y videos) de explotación sexual a niños tuvo durante esta semana sus días más decisivos con avances circunstanciales y su máxima exposición mediática a nivel país.

Se aceleró en los dos ámbitos que atraviesa, la política y lo judicial-policial, con la apertura de los elementos electrónicos del legislador, su desafuero, el pedido de detención, más allanamientos y una captura internacional ante la sospecha de que ambos huyeron del país por la porosidad de la frontera misionera.

Hubo fuertes mensajes de todo el arco político, incluyendo su propio partido, y la sensación que los Kiczka tuvieron mucho margen de maniobra para poder esquivar la ley. Ambos tienen los medios y conexiones para mantenerse entre las sombras, más allá de todas las redes policiales que se tejen ahora para poder dar con ellos.

El martes 20 los profesionales de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial comenzaron con el análisis de los datos extraídos de los aparatos electrónicos incautados en la casa del diputado el 6 de agosto. La pericia es sobre una computadora Lenovo y dos celulares, cuyas primeras conclusiones pueden demorar unos quince días.

Paralelamente a ello el juez Miguel Faría ese mismo día ordenó la detención de ambos hermanos, tras un pedido de la fiscal Silvia Barronis, a quien medios y editoriales la señalaron duramente porque supuestamente solicitó que la pericia la lleve a cabo Gendarmería Nacional.

También le atribuyeron intenciones -en base a supuestas conexiones con el puertismo- de "enviar la causa a Buenos Aires", de donde en verdad había venido.

"Me han afectado en lo personal y en mi función judicial", dijo al respecto la fiscal, molesta con un sector de la prensa. Luego se aclaró que la intervención de GNA había sido solicitada por la defensa del diputado, representado por Gonzalo de Paula, quien se negó rotundamente a hacer declaraciones sobre el proceso.

Los allanamientos de febrero

Más allá de eso, la detención no se hizo en base a lo que se está analizando en Saic, sino a partir de lo hallado en aparatos electrónicos incautados el 28 de febrero en el domicilio en el barrio Illia, donde vivía Sebastián. Allí halló material explícito de abusos sexuales de menores registrados.

"Solicito que se proceda a la detención de los señores Germán Kiczka y Sebastián Kiczka los fines de recepcionarle declaración indagatoria con todas las garantías de ley y se les impute la distribución a personas no individualizadas de seiscientos tres (603) archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil, observándose en todos ellos a niños y niñas de muy corta edad, algunos de los cuales a simple vista se advierte que no alcanzan los 13 años de edad, siendo abusados sexualmente mediante diferentes prácticas", describió Barronis.

Según la resolución a la que tuvo acceso El Territorio, habían secuestrado una computadora y un celular con tarjeta de memoria. Esos dispositivos se abrieron en mayo y se determinó que la computadora pertenecía al diputado y el teléfono a Sebastián.

La notebook es una Acer que tenía como usuario "Germán", entre otros elementos que no dejan dudas que le pertenecían al funcionario. Si ese aparato no estaba allí, ¿podrían los pesquisas establecer la relación del diputado con la causa?

Lo cierto es que la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial encontró elementos tan explícitos como repudiables. Se consigna que en su escritorio había una carpeta llamada GERMN PIC, que que a su vez contenía varias subcarpetas donde fueron hallados materiales de abuso sexual infantil y un video de una adolescente de 16 años.

También hallaron instalado el programa eMule, que permiten a los usuarios compartir archivos directamente entre sí sin necesidad de un servidor central.

Esto permite que pueden buscar, descargar y compartir archivos dentro de la red y muchos la comparan con el Ares, que se usaba para bajar y compartir música, aunque en este caso utilizado para motivos muchos más perversos.

Esa aplicación tenía como usuario "Germán" y en la carpeta creada por defecto había dos carpetas con material de abuso sexual infantil (llamado también MASI), imágenes de zoofilia y con menores que se presumen tenían menos de 13 años.

Por su parte, el hermano del diputado había muchos chats de WhatsApp atribuidos a él en lo que se refería a que tuvo encuentros con menores de edad. "Yo me bajé una app para ver nenitas.. 12 años", "quiero la de 14, no sé como siempre zafo, mirá que me c+++ menores eee", se extrajo. También le contó a un contacto que estaba con una vecina de 5 años y que le iba "a esperar 5 años".

"Hay Dios me tengo que sacar esa adicción a las menores... pero es que me gustan...Y cuando quiero me atiendes en el baño...Te siento en la barra como a las nenitas cuando van a visitarme...y te hago dibujar o jugar con plastilina...Vos tenés 14??", siguió.

Se determinó que buscaba zoofilia en páginas pornográficas y que muchos registros de abusos sexuales de menores habían sido eliminados. La carátula de la causa es "Publicaciones, reproducciones y/o distribuciones de representaciones de un menor dedicado a las actividades sexuales explícitas", contemplada en el artículo 128 del Código Penal Argentino.

De todas formas, en el caso German se aclaró que "Previo a llevarse a cabo la DETENCIÓN del nombrado, quien reviste la calidad de DIPUTADO PROVINCIAL, SOLICITASE a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones el DESAFUERO del mismo, de conformidad a lo normado en el artículo 89 de la Constitución Provincial y artículo 198 del Código Procesal Penal de la Provincia de Misiones y concordantes".

Desafuero

Eso ocurrió el jueves 22, cuando la Cámara resolvió el desafuero del representante de Activar, luego del rechazo unánime de su renuncia, en un tema tratado sobre tablas. De esta manera, tras el receso se reinició la sesión ordinaria con 37 diputados presentes y tres ausentes -Carlos Rovira, Silvia Rojas y el propio Kiczka-.

Las palabras más contundentes fueron las de la diputada Anazul Centeno, del bloque Renovador, quien expresó que se trataba de un hecho tristemente histórico, remarcando que todo el país "observa absorto las noticias que de aquí salen, que tienen los ojos puestos en esta sesión, en lo que está pasando ahora, en una de las causas más abominables, execrables de la que esta provincia tiene memoria".

Sin fueros y sin dietas para el diputado, la captura solicitada el martes pasó a ser vigente para los dos hermanos. La Policía de Misiones ya había estado haciendo inteligencia durante varios días para seguir los movimientos de ambos, pero ya tenían la certeza que habían huido.

Interpol

En la noche del viernes se conoció que Faría solicitó a Interpol la captura internacional de ambos en base a la presunción de que podrían haberse fugado del país por un paso no habilitado.

En la resolución se enviaron oficios a Migraciones para que se le prohiba la salida del país. Tal y como reveló El Territorio, la última salida formal del ahora ex diputado se concretó el 11 de agosto -volvió el mismo día-, mientras que su hermano no registra salidas recientes.

Ese mismo viernes habían sido allanadas las casas de los padres de los Kiczka y de una tía, con resultados negativos. Además la Policía de Misiones creó un grupo especial para su búsqueda y se solicitó colaboración de fuerzas paraguayas y brasileñas para hallar al diputado de Activar y a su hermano.

Investigación nacional que inició el descubrimiento

El caso se conoció en febrero, cuando se desplegaron los nueve allanamientos en Argentina que estuvieron a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de Caba y agentes de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia del Departamento Ciberdelitos de la Policía Federal.

El objetivo fue identificar a víctimas menores de edad de abuso sexual y secuestrar material incriminatorio. También participaron las autoridades de otros países de la región como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires en su momento, el caso se inició el 16 de enero, a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC, por sus siglas en inglés).

Estos organismos detectaron a través del monitoreo de redes P2P, la existencia de varios usuarios en la República Argentina que habían distribuido material de abuso sexual infantil con otros usuarios de varios países del mundo.

En consecuencia, el personal técnico especializado de la mencionada división del PFA, realizó diversas tareas de campo para establecer la identidad y el paradero de los involucrados. Además, utilizaron un software especializado para el diagnóstico, selección y clasificación de pruebas digitales.

De esta manera, se determinó que ocho usuarios, dos de ellos localizados en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires (ubicados en Pilar, Rafael Calzada, Villa Luzuriaga y Villa Adelina) y otros dos en las provincias de Misiones (Apóstoles, en ese caso se referían a Sebastián y su padre, que vivían juntos) y Tucumán, distribuían material pornográfico en cuestión.

Ante las consultas de El Territorio, desde el MPF de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que luego de los procedimientos se determinó que la causa sea girada al juzgado jurisdiccional.