El martes se analizará el material de los aparatos del diputado Kiczka

La causa que investiga una presunta red de tráfico de abuso sexual infantil registrado que tiene como involucrado al diputado provincial Germán Kiczka avanzó ayer con una audiencia clave: la extracción de información de los aparatos electrónicos incautados en el allanamiento realizado en Apóstoles.

Según pudo reconstruir El Territorio con diferentes fuentes que intervienen en el proceso, el titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, citó a la partes para la realización de la prueba en las instalaciones de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial.

Las fuentes confirmaron que antes del mediodía de ayer todos los actores se encontraban allí para avanzar con el procedimiento, incluido un perito de parte que propuso la defensa, en carácter de auditor del proceso.

Los aparatos son una computadora marca Lenovo y dos teléfonos celulares y las primeras informaciones detallan que no hubo discrepancias entre lo incautado y lo que se abrió para el análisis. Sobre eso se procedió al proceso de extracción forense, que demoró varias horas, hasta después de las 17.

El paso siguiente es el análisis de toda esa información, que por lo extenso de la jornada no se hizo en la víspera y quedó pactado para el este martes, según confió un vocero de peso en la víspera.

Se espera que todo lo recolectado derive en un informe de barrido informático en donde se hará una comparación de distintos datos: origen de la información y el tipo de contenido detectado, precisaron.

La pericia estuvo a cargo profesionales de Saic y la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones, descartándose así la participación de Gendarmería Nacional como había solicitado la defensa de Kiczka. Los letrados hicieron esta presentación apoyándose en filtraciones que consideraron no debieron ocurrir en una investigación sobre hechos tan sensibles.

De todas formas la decisión final era del magistrado, que a la luz de los hechos determinó que no era necesario. Lo que se considera, trascendió, es que estaba garantizada la cadena de custodia y la transparencia del procedimiento de incautación ya que fue el propio juez quien encabezó los allanamientos y procedimientos.

Allanamiento

Como viene informando este medio, el allanamiento en la vivienda del legislador apostoleño, comenzó cerca de las 6.25 del martes 6 de agosto. Allí intervino personal especializado en delitos informáticos de la fuerza provincial, como así también investigadores de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (Saic).

Según fuentes del caso, todo se disparó cuando el día anterior el juez Faría recibió un informe de alerta que recepcionó la Saic. Allí se detectó que desde una IP de un dispositivo de la casa del diputado podría haber existido tráfico de material de abuso sexual con menores de edad como víctimas.

La causa se conoció en febrero, tras un allanamiento en la casa del hermano y el padre del diputado -en el barrio Illia de la misma localidad-, Leandro Antonio Kiczka(73) y Sebastián Kiczka (45), El procedimiento fue ordenado por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy y se replicó en otros puntos de Argentina y Sudamérica.

Entonces se informó que en total se hicieron nueve allanamientos en el país, a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de Caba y agentes de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia del Departamento Ciberdelitos de la Policía Federal, con el objetivo de identificar a víctimas menores de edad de abuso sexual y secuestrar material incriminatorio. También participan las autoridades de otros países de la región como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, el caso se inició el 16 de enero, a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC, por sus siglas en inglés).

Estos organismos detectaron a través del monitoreo de redes P2P, la existencia de varios usuarios en la República Argentina que habían distribuido material de abuso sexual infantil con otros usuarios de varios países del mundo, entre ellos Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, mediante la utilización de las plataformas digitales denominadas Ares, Galaxy y Shareaza.

En consecuencia, el personal técnico especializado de la mencionada división del PFA, realizó diversas tareas de campo para establecer la identidad y el paradero de los involucrados.

Además, utilizaron un software especializado para el diagnóstico, selección y clasificación de pruebas digitales.

De esta manera, se determinó que ocho usuarios, dos de ellos localizados en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires (ubicados en Pilar, Rafael Calzada, Villa Luzuriaga y Villa Adelina) y, otros dos en las provincias de Misiones y Tucumán, distribuían material pornográfico en cuestión.

Ante las consultas de El Territorio, desde el MPF de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que luego de los procedimientos se determinó que la causa sea girada al juzgado jurisdiccional.

En la Legislatura

Germán Kiczka fue electo como diputado provincial el 6 de junio de 2021, prestó juramento el 10 de diciembre y tiene mandato hasta el 10 de diciembre de 2025. Llegó a ocupar esa banca como candidato dentro del frente Juntos por el Cambio, además de compartir bloque legislativo con Pedro Puerta, quien oficia de presidente del partido Activar, con quien además mantiene un lazo de amistad.

Justamente Puerta y toda la mesa directiva del espacio político le pidieron a Kiczka que renuncie a su banca para que sea sometido al proceso judicial como un ciudadano común. El funcionario presentó su renuncia a la Legislatura esta semana, pero no es de aplicación automática, ya que en el caso de la Cámara de Representantes de Misiones es el pleno del cuerpo el que debe decidir si acepta o rechaza la medida.

Desde el Frente Renovador ya adelantaron que sus 24 legisladores rechazarán la renuncia porque pretenden que Kiczka se someta al proceso de investigación y, de ser necesario, sanciones internas del cuerpo Legislativo. Es así que el próximo jueves 22, cuando vuelvan a sesionar los diputados, la Legislatura hará efectiva la negativa y lanzará el proceso de desafuero.