El Senado tratará un proyecto que tipifica la sustracción o comercialización de niños
Con el país paralizado y conmocionado por el caso de Loan Danilo Peña, el menor de cinco años que desapareció en la provincia de Corrientes, el Senado de la Nación comenzará a tratar dos proyectos que tipifican la sustracción y/o comercialización de menores de edad. Será en el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, que se llevará a cabo este jueves a las 15 en el Salón Arturo Illia, quien tendrá como desafío reunir el quórum necesario para habilitar el encuentro cerca del final de una semana que tiene escasa actividad en el Senado y legisladores que se encuentran en sus provincias.
Allí se pondrán a consideración dos iniciativas impulsadas por la santafecina radical Carolina Losada que, durante la gestión anterior de Cristina Kirchner, en la Cámara alta no fueron tenidas en cuenta, refleja el sitio Parlamentarios.com. La primera ley activaría "prisión de tres (3) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación".
En los fundamentos, la legisladora santafecina plantea: "Debido a la falta de convocatorias a Sesiones Ordinarias de la anterior gestión de este Honorable Senado el dictamen conjunto sobre tipificación de 'compra' y 'venta' de niños acordado con fecha 19/10/22 (S-404/21, S-1232/22 Y PE-106/22. 06-02-2024) caducó por renovación bienal del cuerpo. Se trata de una problemática sumamente grave y aún sigue siendo una gran deuda para nuestra sociedad".
En tanto, el segundo proyecto expresa: "El que promoviere, facilitare, incitare, indujere o instigare la corrupción de menores de 18 años con fines delictivos, será reprimido con prisión de 3 a 6 años. La pena será de prisión de 6 a 10 años cuando el niño o adolescente fuera menor de 13 años. Cualquiera fuese la edad del menor, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, o por pago o promesa remuneratoria, como también si el autor fuera ascendiente, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de la educación o guarda".
Además, la propuesta -firmada también por el radical Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri (Pro)- deja en claro que las penas se agravarán “de un tercio a la mitad en caso de funcionario público o miembro de fuerza de seguridad, como asimismo en caso de que las conductas delictivas llevadas a cabo por el niño, niña o adolescente fueran de los tipos penales descriptos en la ley de estupefacientes Nº 23.737″.
