El Senado rechazó el DNU con 42 senadores que votaron en negativo

La Cámara de Senadores de la Nación rechazó con 42 votos negativos el Decreto de Necesitdad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023 que en diciembre pasado puso en vigencia el Poder Ejecutivo de la Nación y que lleva la firma del presidente Javier Milei y todos sus ministros. Más allá de la decisión del Senado, el documento sigue vigente hasta tanto lo trata la Cámara de Diputados de la Nación, que si lo rechaza lo dejará sin efecto, pero si lo aprueba lo mantendrá vigente. 

Los senadores misioneros mostraron actitudes diferentes. Mientras los representantes de Innovación Federal, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se abstuvieron, Martín Goerling del Pro votó a favor del documento que entre otras cosas degrada al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) que mientras esté vigente el decreto no regula los precios de la materia prima de la yerba mate, entre otras cosas que desregula el decreto que es en buena parte la base de los cambios económicos que provocó el gobierno libertario en sus primeros 95 días de gestión.

"El presidente Javier Milei dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Le pido a mis colegas senadores que estén a la altura de la cirscunstancia. ¡La Argentina no puede esperar más para salir adelante!", afirmó un efusivo Goerling al argumentar su voto en favor de la aprobación del documento. 

Las posturas en contra del DNU tuvieron varios puntos en común, uno de ellos la forma, la inconstitucionalidad del documento, según consideraron algunos senadores. "Voy a votar en contra del DNU. Y la razón es muy sencilla: el DNU es inconstitucional. Eso es lo único que tenemos que evaluar", afirmó Martín Lousteau, uno de los radicales que se opuso, mostrando diferencias internas en el partido centenario.

Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria, fue otra de las voces en contra del decreto. “Nunca, ningún presidente o presidenta ha esgrimido o intentado legislar con una magnitud como vivimos el 20 de diciembre de 2023. Ninguno de los 72 senadores y 257 diputados puede negar que el Ejecutivo se arrogó facultades legislativas e intervino sobre 300 leyes, ya sea derogándolas o, en muchos casos, modificándolas. Este DNU, sumado a la -fallida- ley ‘ómnibus’, es un cambio constitucional de hecho”, manifestó la vicejefa del bloque peronista.

La cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, apuntó a cuatro puntos en los que se encontraba “dispuesta a debatir”, como el “desarrollo de economías regionales; el tratamiento de leyes laborales y previsionales, que son desafíos importantes; el sistema de salud y, fundamentalmente, las reformas del Estado”. No obstante, rechazó tratar “a libro cerrado” los 16 capítulos del mega DNU y solicitó la abstención. 

Los argumentos a favor, en general, fueron escuetos. El senador libertario y titular de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, Juan Carlos Pagotto, fue el primero en hablar y prometió no extenderse debido a que, según dijo, “este DNU lo conocen todos y lo han estudiado todos de memoria”, tiene “una gran incidencia en lo que la gente quiere, y no creo que todos seamos los dueños de la verdad absoluta”.

Pagotto también criticó la “memoria selectiva” de la oposición kirchnerista, que en gestiones pasadas “emitió decretos que nunca se han tratado -muchas veces, ni la bicameral se conformaba- y afectan derechos de argentinos que hoy tienen vigencia”.

Por su parte el senador Juan Carlos Romero de Salta argumentó a favor diciendo "a mí no me asusta el DNU 70/23, voy a votar a favor. Aquí hablaron de lo constitucional pero fueron al fondo también. Porque lo que no les gusta es el fondo de la cuestión del DNU, lo que no les gusta que haya cambios en la Argentina".

El intento de posponer el tratamiento

En el inicio de la sesión el oficialismo intentó posponer el tratamiento del mega Decreto, pero por mayoría los senadores rechazaron la propuesta y el decreto que establece la desregulación de la economía, se terminó debatiendo en la sesión de este jueves. Los legisladores rechazaron, por 41 votos contra 30, la propuesta de La Libertad Avanza (LLA) y el senado siguió adelante.

"Desde nuestro bloque queremos empezar contando que consideramos que el tratamiento del DNU en este momento, dado que hay un pacto que ha ofrecido el Presidente de la Nación, a la vez hay una comisión que está tratando todos los decretos y este DNU también. Me parece inapropiado en este momento empezar a tratar este DNU, podría arriesgar esta unidad nacional a la que está llamando el Presidente. En razón de eso, solicito una moción para postergar el tratamiento", había argumentado el legislador de LLA, Ezequiel Atauche, pidiendo 20 días de postergación.

El senador de Unión por la Patria (UP), José Mayans, respondió que "los plazos están vencidos. El Presidente llamó a una reunión general el día 20 de diciembre y lo publicó el 21 de diciembre y a partir de ahí corren los diez días hábiles, el Poder Ejecutivo lo presentó el 5 de enero, y a partir de ahí corrió el plazo para la comisión".

"La Ley es clarísima: dice diez días hábiles. Vencido ese plazo, también está claramente establecido en la ley, por cualquier motivo que no se haya podido reunir la comisión, al vencer los diez días hábiles quedan ambos recintos habilitados para el tratamiento", ponderó. 

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. / Foto: AP

La interna por el tratamiento

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel recibió al menos dos pedidos de llamado a sesión especial por parte de la oposición para el tratamiento del mega DNU de Milei en la Cámara alta y, según el reglamento, con al menos una solicitud firmada por al menos cinco senadores debe convocar a sesión.

Esa es la explicación que argumentan desde el Senado, además de recordar que durante la reunión con los presidentes de bloque que mantuvo este miércoles, Villarruel intentó postergar el debate, pero la nota que difundió la Oficina de la Presidencia fue un balde de agua fría que solo terminó ratificando la sesión convocada.

“La Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”, señaló la Casa Rosada.

También mencionó que “el potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino”.

Ahora, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 deberá ser tratado por la Cámara de Diputados de la Nación, que tendrá en sus manos el futuro del documento presidencial. Si lo cajonea y no lo trata, seguirá vigente. Si lo aprueban los diputados nacionales, seguirá vigente. Pero si también lo rechaza, entonces caerá completamente todo aquello que el decreto puso en vigencia, y se debería dar marcha atrás con todos aquellos cambios que se hicieron tomando como argumento el decreto, entre ellos aumentos en diferentes sectores.