La biodiversidad misionera en el centro del debate por las nuevas normativas

Los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y de la Ley Ómnibus en materia ambiental preocupan en demasía a los especialistas misioneros. Es que al analizar las respectivas normativas, concluyen en que varios de los artículos resultan sumamente perjudiciales para la provincia, que alberga la mayor parte de la biodiversidad del país.

Ambientalistas, abogados especializados e ingenieros del área brindaron su óptica respecto a las modificaciones que se implementarían a partir de esto y cómo impactaría en la conservación, tarea que viene llevando adelante la Tierra Colorada con mucho ahínco, no solo desde las instituciones sino principalmente con capacitación a la ciudadanía.

“El paradigma ambiental – dentro de un estado ambiental de derecho como lo define la mismísima Corte Suprema de Justicia- exige una mirada o perspectiva sistémica, integral y sostenible. La economía es una de las patas que sostiene el sistema. Lo social y lo ambiental también poseen esa cualidad. Anular a éstas últimas para mantener solamente la económica implica la caída de la estructura, el quiebre del sistema. No se sostiene”, expresó Leonardo Villafañe, doctor en Derecho y coordinador de la Fundación Expoterra Misiones (ver: “La necesidad y urgencia...”).

Justamente destacan que de eso se trata, de una estructura que debe sostenerse en un todo y atender a las necesidades que cada región demanda. Misiones es biodiversidad y naturaleza, necesita una estricta mirada en ese sentido.

Ante el Congreso

Con ese norte, diferentes organizaciones ambientales, entre las que se encuentra Vida Silvestre, la Federación de la Ingeniería Forestal y el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, realizaron una presentación conjunta al Congreso de la Nación, expresando “nuestra más profunda preocupación por las medidas contenidas en el proyecto de ley de referencia (Ley Ómnibus) por cuanto suponen serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina”.

Mencionaron el artículo 41 de la Constitución Nacional (ver “El artículo...”) y resaltaron que “la sociedad argentina ha comprometido, tiempo y esfuerzo para el desarrollo de un importante plexo normativo que, aunque incompleto y de implementación parcial ha permitido generar un adecuado balance entre el estímulo a la producción, la conservación y restauración del ambiente y el desarrollo social”.

Remarcaron que las modificaciones en las normativas respecto al control de quema “permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc.”.

“Los incendios devastadores en numerosas provincias se han convertido en una problemática ambiental en las últimas décadas que requiere de una implementación efectiva de la ley de control de quemas vigente y el sistema nacional todo de manejo del fuego. El proyecto de ley lejos está de brindar soluciones que construyan sobre los avances alcanzados y aportar a un robusto y permanente monitoreo y accionar preventivo con la comunidad para prevenir quemas y hacer un manejo responsable del fuego en territorio argentino”, determinaron y por ello solicitaron el rechazo.

Bosques nativos

Asimismo, resaltaron que la propuesta elevada por el Ejecutivo al Congreso implica “el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de Bosques Nativos”.

“La Ley 26.331 impulsa la conservación, uso sostenible y restauración de los bosques nativos y regula el desmonte con estrictos requerimientos de participación ciudadana, como audiencias públicas, y procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA), sobre la base de un ordenamiento ambiental de los bosques nativos impulsados a nivel provincial, con control de Nación”, sostuvieron.

Entre otras cosas, el proyecto de ley pretende habilitar desmontes hoy prohibidos por la Ley 26.331 en las categorías roja y amarilla. Se tratan de bosques de muy alto valor de conservación a proteger a perpetuidad que no debe transformarse y de mediano valor de conservación a manejar de forma sostenible, respectivamente. “De aprobarse el proyecto de ley del Ejecutivo, más de 42 millones de hectáreas, 80% de los bosques nativos de la Argentina hoy bajo protección a perpetuidad, quedarán desprotegidos y a merced de desmontes a gran escala, afectando a su biodiversidad y los beneficios sociales, ambientales y culturales que proveen a las personas”, manifestaron.

Además de enfocar en diferentes aspectos de la diversidad argentina, como los glaciares, la pesca y la energía, la presentación de las asociaciones ante el Congreso afirma con contundencia que “el proyecto de ley (Ómnibus) vulnera el principio de no regresión ambiental dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados. Para que Argentina sea una potencia mundial es crucial construir sobre lo ya construido evitando destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Entre esos logros, se encuentran las normas que este proyecto de ley pretende reformar y que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina”.

“Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente alcanzados debe ser considerado ilegal e inconstitucional”, ratificaron. Al tiempo que exhortaron a los legisladores nacionales a no hacer lugar a las propuestas “que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país”.

El artículo 41 de la Constitución Nacional

En la presentación, las asociaciones recordaron el artículo 41 de la Constitución Nacional que indica: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.